l quehacer político comprende formas distintas de alineación de los intereses públicos y los incentivos privados. Los modos y las expresiones van desde el totalitarismo al activismo participativo de los ciudadanos en espacios cada vez más abiertos.

Hanna Arendt señaló que el totalitarismo ocurre en sociedades donde las clases se disuelven en masas, donde la política partidista se reduce a posturas ideológicas y donde las responsabilidades de los ciudadanos sucumben a la apatía en gran escala.

Para ella, el término masas aplica ahí donde se trata de personas que por su indiferencia no se integran en ninguna organización basada en los intereses comunes, sean partidos políticos, organizaciones profesionales o sindicatos. Existen potencialmente en todo país y forman la mayoría de ese amplio conjunto de gente neutra, políticamente indiferente. que incluso deja de votar en las elecciones. (Véase el artículo de Arnaldo Córdova: Desencanto con la democracia, del 24/11/2013 en este periódico).

Los métodos, prácticas y costumbres de la democracia no garantizan una alineación de intereses públicos y los incentivos privados, que sea ventajosa para la estructura social ni rentable para el crecimiento económico. Esto es cada vez más evidente y se ha agudizado por los efectos adversos de la crisis financiera que repercute en todas partes.

Los intereses públicos existen por la mera vida colectiva, lo que es esencial, pero también existen los intereses privados. Esta es una premisa ineludible del principio de la libertad, que siempre está en riesgo y que no se defiende sola. No hay un sistema natural de incentivos que provoque la compatibilidad, lo que hay son arreglos y acuerdos más o menos sustentables y, en todo caso, cambiantes en el tiempo. Ese es el registro de la Historia.

Hacer compatibles esos intereses mediante los incentivos eficaces no es, claro está, un asunto automático, sino que significa un trabajo, una labor común que ocurre en el marco de un sistema político concreto, como es el caso hoy en México, con los actores que hay y no con los que pudiesen ser ideales.

El trabajo político en el país en el año que lleva este gobierno ha significado el intento de una redefinición de los intereses públicos, con el planteamiento consiguiente de los incentivos privados. Esto muestra, sin embargo, una desalineación profunda en distintas partes de las reformas que se han emprendido; prácticamente en todas ellas.

De ahí se desprende una serie de repercusiones en distintos sectores de la actividad económica, en la provisión de los servicios públicos y de las prestaciones sociales. Con ello se impacta sobre diversos grupos de la sociedad. Así se advierte en lo que concierne a los trabajadores, los empleados, los empresarios y, también, en el origen de los ingresos y el destinos del gasto (sea el consumo, el ahorro o la inversión).

Esta desalineación representa una redistribución de los recursos entre el gobierno y los agentes privados, lo que me parece, precisamente, está en disputa, donde se hallan grandes cuestionamientos y el reposicionamiento de las demandas de grupos sociales. En esta disputa se advierten los intereses de quienes ejercen un efectivo control político y económico, así como de aquellos que necesitan y demandan espacios de participación. También se aprecia la persistencia de ideas caducas que previenen una renovación de algo que se parezca a una sociedad más moderna, que se asemeje al interés nacional, que vaya, pues, más allá de cualquier signo de la retórica política.

Las acciones que se adoptan en el margen de las reformas indican que se ensancha la desalineación de los incentivos privados con los intereses del gobierno (que habrían de referirse a lo público). El caso de la intervención del gobierno para rescatar a los maestros endeudados con los créditos de nómina es un caso en cuestión. Los acreedores serán retribuidos, los deudores serán subsidiados de alguna manera, según se ha dicho.

Pero una reflexión es necesaria, entre muchas otras, en cuanto a la distinción entre los maestros deudores con los demás trabajadores que tienen créditos de nómina. ¿Por qué a unos sí y a otros no? ¿Qué significa esto para el sistema de crédito en el país, incluso en el marco de la reforma financiera que está por aprobarse en el Congreso? ¿Esos créditos estaban avalados por los supervisores o se prestaron a corruptelas sindicales? Las señales apuntan fuera del blanco y las consecuencias sólo se sumarán a toda la serie de desarreglos cuya lista es conocida desde la crisis de 1995.

La alineación de los asuntos públicos y privados se está dando de muy diversas maneras en otros lugares. En España el gobierno del Partido Popular promueve una ley para acallar las protestas sociales, los movimientos ciudadanos que se dan por todas partes y que le incomodan mucho. Un paso político que busca reprimir los desacuerdos de la gente en un entorno de severos y desiguales ajustes sociales, que se extienden ya por cuatro años y con costos muy elevados.

En Suiza se votará una iniciativa, llamada 1:12, que limita los ingresos de los altos ejecutivos de las empresas a 12 veces el de los trabajadores con menor ingreso. En ese país residen firmas de escala mundial como son Nestlé, Procter & Gamble, los bancos UBS o Credit Suisse y la farmacéutica Roche. La sociedad se mueve y el conflicto entre lo público y lo privado se ensancha.