La reciente reforma constitucional en materia de transparencia representa en realidad un retroceso, ya que se faculta al consejero jurídico de la Presidencia de la República a oponerse a las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), y se permite además que se presenten controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para echar abajo acuerdos de ese instituto.

Ello, advirtió el senador Manuel Bartlett, anula la finalidad de esa reforma de someter todo ejercicio de poder, sobre todo el presidencial, a la obligación constitucional de transparencia, para que toda actuación de cualquier nivel de gobierno sea pública.

Recordó que los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón utilizaron a la consejería jurídica para ocultar información sobre violaciones a la propia Constitución, y nada asegura que Enrique Peña Nieto lo hará también, sobre todo si esta facultado para ello.

El coordinador petista en el Senado votó, junto con los integrantes de su bancada, en contra de esa reforma y argumentó en tribuna que la autonomía al Ifai se había cercenado, con el cambio que se hizo en la Cámara de Diputados, al permitir que el consejero jurídico de la Presidencia de la República, que defiende los intereses, hasta personales, del titular del Ejecutivo federal, puede oponerse a las resoluciones del órgano garante de la transparencia en temas de seguridad nacional.

Con ello, dijo, se resta autonomía al Ifai, pero en el Senado fueron más allá, al modificar el artículo 105 constitucional y permitir que sus resoluciones se puedan controvertir ante la SCJN.

Bartlett sostuvo que la experiencia demuestra que mediante controversias los gobiernos de Fox y Calderón se opusieron a resoluciones del Congreso y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), relacionadas con decisiones ilegales e incluso con violaciones a la Constitución.

El senador petista resaltó que él lo vivió directamente en el sexenio de Fox, cuando fue senador por primera vez y se opuso a que se entregara el sector eléctrico a empresas trasnacionales.

Hizo notar que Fox interpuso una controversia constitucional contra la ASF, para evitar que prosperara la denuncia de ese órgano por el subsidio ilegal y todo tipo de apoyos que su gobierno daba a las compañías extranjeras, que comenzaban a generar electricidad, por medio de la Comisión Reguladora de Energía. Debido a ello, dijo, la privatización eléctrica ha ido avanzando.

A su juicio, el Congreso le dio a Peña Nieto un instrumento letal, ya que cada vez que no quiera transparentar alguna información o algún de sus acciones de gobierno, tiene la puerta abierta para impugnar mediante su consejería juridica.

Además, al senador Bartlett le preocupa que el Presidente tenga la facultad de vetar a los comisionados designados por el Senado. “El puede decir si los acepta y con ese requisito los aspirantes van a tener que ir a verlo, porque requieren su visto bueno, y al final los integrantes del Ifai serán también designados por el Presidente.