Dirigentes magisteriales de Canadá, Estados Unidos y Chile afirmaron que las reformas educativas que se aplican en México y en sus países tienen un objetivo común: hacer de la enseñanza un negocio y profundizar el deterioro de las condiciones laborales de los docentes.

Aseguraron que a esto se suma una campaña mediática global de desprestigio social contra los maestros, a quienes nos han convertido en responsables del fracaso educativo.

Reunidos en el Encuentro Internacional de Solidaridad con el Magisterio Democrático de México, Nancy Serrano, del sindicato de mentores de Chicago, Illinois, y Jim Iker, presidente de la Federación de Maestros de Columbia Británica, en Canadá, indicaron que es necesario impulsar una alianza mundial de profesores para frenar las políticas neoliberales en el sector.

También es necesario demandar a los gobiernos nacionales la separación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), instancia multinacional que ha impulsado, más que ninguna otra, políticas dañinas para la formación pública, advirtieron.

Destacaron que desde hace más de una década se ha impulsado una política educativa neoliberal, que mediante el uso de diversos instrumentos, como las evaluaciones estandarizadas, pretende justificar medidas profundamente antidemocráticas.

Serrano explicó que en Chicago se aprobaron diversas leyes para endurecer el acceso a su derecho a huelga, además de impulsar el desconocimiento de sus condiciones contractuales.

Luego de una suspensión de labores, en mayo de 2012, dijo, lograron conservar sus derechos, pero el sector empresarial, que es el que promueve el cambio a los marcos normativos, impulsó la desaparición de decenas de escuelas públicas.

En su participación ante maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Jim Iker subrayó que de 2001 a la fecha se han impuesto a los maestros de la Columbia Británica 22 leyes que atacan nuestros sindicato y a sus miembros, y uno de los primeros pasos que dieron fue limitar gravemente nuestro derecho a la huelga.

Señaló que a pesar de que acudieron a la Organización Internacional del Trabajo, donde se determinó que la educación no es un servicio público esencial, como la atención sanitaria o la policía, por lo que si pueden hacer huelgas, “nuestro gobierno simplemente dijo: ‘no me interesa’; parece que piensa que está por encima de la ley”.

Por su parte, María de la Luz Arriga, coordinadora de la sección México de la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública, destacó que como parte de su declaración política, se acordó fortalecer una alianza internacional del magisterio y convocar para este 10 de diciembre a acciones de protesta en distintos países, ante las sedes de la Organización de las Naciones Unidas.