nueve meses de que el PRI regresó al gobierno de Jalisco, tras 18 años de dominio electoral panista, el tema que ha acaparado la atención en la entidad es la corrupción, el desvío de recursos y los abusos que se cometieron en el Congreso local en los pasados seis años.

Sueldos fuera de lugar; contratación de personal sin ningún sustento laboral y privilegiando amistades y compromisos partidistas; contratación de servicios a empresas fantasmas y cuyos pagos hoy son investigados incluso por la Procuraduría General de la República; creación de casas de enlace que permiten a cada diputado local un sobresueldo de 92 mil pesos mensuales sin ninguna obligación de comprobar el gasto, y la compra de toda clase de servicios, ropa y artículos superfluos, han salido a la luz pública desprestigiando, como nunca antes, al Poder Legislativo en la entidad.

Para colmo, las legislaturas 58 (2007-2010) y 59 (2010-2012), heredaron millonarios montos de deudas a la actual, convirtiéndose en una pesada carga para el erario. Ahora mismo, diputados locales de todos los partidos políticos coinciden en que necesitan al menos 200 millones de pesos en una partida extraordinaria para poder encarar compromisos inmediatos con proveedores y solventar el pago de la nómina y el aguinaldo de los trabajadores del Poder Legislativo.

Eso sí, los diputados actuales aun cuando se rasgan las vestiduras acusando la corrupción que predominó entre sus antecesores, no han renunciado a los privilegios que les significa ocupar una curul en el Congreso jalisciense.

Salvo el priísta Miguel Castro, quien rechazó cobrar lo correspondiente a la tajada mensual para las dichosas casas de enlace, el resto de los 38 legisladores de todos los partidos mantiene en lo más alto el gasto en el Congreso Estatal incluyendo –¡faltaba más!– la contratación de asesores a diestra y siniestra.

Así se las gastan, literalmente, los diputados locales de Jalisco.