El subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Juan José García Ochoa, informó que con el fin de cuidar que no se afecten otros derechos con las reformas al Código Penal, las cuales elevan las penas a diversos delitos cuando se cometan en el desarrollo de protestas y manifestaciones, se está elaborando una opinión muy precisa para que sea considerada por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

El funcionario señaló que además de las observaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que las considera una medida desproporcionada al ser un mecanismo indirecto de criminalización de la protesta social, ha recibido planteamientos de diversas organizaciones de la sociedad civil y estamos escuchando y analizando todas estas posturas.

En tanto, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados Covarrubias, negó que estas reformas criminalicen la protesta social, como señala la CDHDF.

Sin embargo, dijo que mantendrá comunicación permanente con el gobierno de la ciudad para conocer el análisis que realicen antes de su publicación.

Ambos funcionarios fueron entrevistados al asistir al informe anual de actividades de la diputada Dinorah Pizano Osorio, quien preside en la ALDF la Comisión de Derechos Humanos y junto con otros 6 legisladores del PRD votó en contra de la iniciativa que incrementa las penas a los delitos de daño en propiedad ajena y robo, así como lesiones y homicidio cometidos dolosamente contra personal de corporaciones de seguridad durante el desarrollo de marchas, concentraciones, manifestaciones, conmemoraciones o mítines.

García Ochoa, señaló que la subsecretaría, que tiene el seguimiento de la agenda de derechos humanos de la ciudad, busca “generarle al jefe de Gobierno una opinión muy precisa sobre las implicaciones de la reforma en esa materia, particularmente el derecho a la libertad de asociación, expresión, manifestación y reunión.