María del Carmen Juárez Toledo, directora de Desarrollo Humano Sustentable del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), destacó que es necesario recomponer el tejido social de las comunidades del país, especialmente de las indígenas y campesinas, donde con mayor frecuencia las niñas y adolescentes son víctimas de abuso sexual, maltrato y tortura infantil, e incluso las comprometen en relaciones de pareja siendo menores.

Tenemos que ser conscientes de cuántos embarazos en etapa adolescente o infantil están relacionados con prácticas violentas, como violencia sexual e incesto, entre otras, donde es urgente establecer una política de prevención del abuso sexual y maltrato infantil, subrayó.

La funcionaria indicó que se requieren políticas públicas con perspectiva de género en relación con el embarazo precoz, así como poner fin a la impunidad en el abuso sexual de niñas y adolescentes.

Sin información ni apoyos para poder decidir en pleno siglo XXI

En la presentación del Informe Maternidad en la niñez. Enfrentar el reto del embarazo en adolescentes, Juárez Toledo lamentó que en pleno siglo XXI no se cuente con información, servicios de salud y apoyos para que las y los adolescentes tomen decisiones y ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos.

El cuidado de la salud, dijo, no es sólo propiciar insumos, sino prevenir la atención, para lo cual es necesario enseñar a las niñas y adolescentes a cuidarse a sí mismas; ofrecer mecanismos de atención profesional de alta calidad con visión de género; corresponsabilizar a los hombres en el ejercicio de su sexualidad.

Juárez Toledo aseveró que es obligación del Estado mexicano brindar métodos anticonceptivos de emergencia y unir esfuerzos entre los tres niveles de gobierno, y activar servicios sociales que sean acompañantes de las niñas embarazadas.

Recordó que la maternidad temprana se ubica en un contexto social donde destacan la desigualdad de género y la falta de oportunidades por condiciones de pobreza. Aunado a ello, “se debe terminar con la discriminación y abrir acceso a niñas y jóvenes a los servicios de salud para que les brinden información y formación sobre su salud sexual y reproductiva.