La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió que no es con amenazas como el gobierno federal logrará imponer su reforma administrativa en el sector educativo.

Después que el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet, afirmó que corren riesgo quienes no participen en el Censo de Escuelas y Alumnos de Educación Básica, pues se convertirá en la base de la nómina, aseguraron que la política de coerción no dará buenos resultados.

Francisco Bravo, secretario general de la sección 9 del Distrito Federal, denunció que existe una enorme presión para que los profesores se sumen al censo, pero alertó que de concretarse la amenaza de las autoridades educativas, sería totalmente ilegal.

Agregó que la Ley Federal del Trabajo y la norma que regula sus condiciones laborales no establece que por no contestar una encuesta se pueda dar por concluida la relación laboral.

Sin embargo, la SEP, dijo, ha llamado a los directores de escuela por sector y zona escolar para presionarlos de que no habrá renovación de contratos a quienes son interinos o por cambio de adscripción.

Rubén Núñez, secretario de la sección 22 de Oaxaca, aseguró que en la mesa de negociación nacional que buscan reinstalar con la Secretaría de Gobernación no estará a discusión la aplicación del censo en las entidades con mayor presencia de la CNTE.

Aseguró que en Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Veracruz, la mayoría de los centros escolares ha rechazado la aplicación de estos cuestionarios, y el acuerdo como magisterio disidente es que no pasarán.

Juan Melchor, integrante de la dirigencia de la sección 18 de Michoacán, destacó que en esa entidad son pocas las escuelas donde se logró aplicar el censo, pues sólo se recibió en aquellos planteles donde los directores han cedido a la presión de la SEP.