El abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Luis Raúl González Pérez, se dijo sorprendido por el hecho de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no haya solicitado información al Ministerio Público Federal ni haya brindado apoyo sicológico a una estudiante de la Preparatoria 9 que fue acosada sexualmente por su profesor de física, caso por el cual el organismo de defensa de garantías fundamentales emitió una recomendación a la casa de estudios.

En entrevista con La Jornada, el funcionario universitario subrayó que en su exhorto, el organismo presidido por Raúl Plascencia Villanueva carga a la UNAM lo que correspondía hacer al Ministerio Público y a la CNDH.

De su lado, el ombudsman nacional consideró que la respuesta que las autoridades de la máxima casa de estudios dieron a la recomendación 45/2013 –la cual asegura que hubo impunidad, se dejó a su suerte a la víctima y se trató de ocultar el asunto, que fue aceptada, aunque con precisiones– seguramente derivó del calor de las circunstancias.

En diversos sectores se ha planteado que este asunto, que terminó confrontando a dos de las instituciones de mayor prestigio en el país, se debe a que en unos meses viene el proceso de relevo en la CNDH, donde Plascencia pretende relegirse y el abogado general de la UNAM –quien hace cuatro años contendió por el puesto– se ve como fuerte contendiente al cargo.

González Pérez reiteró que los hechos son condenables, lamentables y deleznables, por lo que en virtud del pleno convencimiento por el respeto a los derechos humanos, en particular a las mujeres, y con mayor razón si son menores de edad, la UNAM decidió rescindir el contrato al docente.

Aunque aclaró que se debe identificar la esencia de cada instancia: al Ministerio Público –en este caso al federal, que es el que sigue el caso– le corresponde investigar y perseguir los delitos y dar las garantías constitucionales de atención a las víctimas. A la CNDH toca proteger las garantías fundamentales, por lo que con base en su propia estructura le correspondía brindar protección jurídica, médica y sicológica a la menor.

Y el objetivo principal de la UNAM es la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, lo que no quiere decir que no tengamos el cuidado y respeto por los derechos humanos.

Con base en los apartados del propio documento de la CNDH, el abogado general de la institución resaltó varias de las inconsistencias de la recomendación, como que antes de emitirla el organismo sólo tuvo acercamiento con la víctima por medio de tres llamadas telefónicas, no brindó atención sicológica aun cuando la madre la solicitó, no pidió medidas cautelares en favor de la menor ni requirió información en el fuero federal.

Se trata de un documento recomendatorio de lo que el propio órgano protector de la víctima no realizó. ¿Por qué hasta siete meses después piden que la UNAM dé ayuda sicológica sin antes hacerlo al Ministerio Público o ellos mismos? Lo menos que podía haber hecho la CNDH era solicitar la medida cautelar, pero hace seis meses. Entonces, ¿les interesaba proteger a la menor? ¡Cómo no hay autorrecomendaciones!