El presidente del Senado, el priísta Raúl Cervantes, presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia para que se investiguen los hechos del pasado 17 de octubre, en los que al parecer un grupo de senadores recibieron en el recinto a presuntos integrantes del cártel de los Caballeros templarios, que se presentaron como ciudadanos de Apatzingán.

Sobre el tema, la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez, comentó que el fiscal al que se asigne esa denuncia determinará si hay los elementos suficientes, constitutivos de delitos, para que sea abierta una averiguación previa.

Entrevistada en el Senado, Benítez comentó que la PGR actuará en consecuencia, como con cualquier otra denuncia que recibe. Aunque Cervantes declaró un día antes que no tenía elementos para denunciar que habían ingresado miembros de la delincuencia organizada al Senado, y que en todo caso la senadora Luisa María Calderón (PAN) debió acudir al Ministerio Público si tenía conocimiento de que fueron integrantes del grupo criminal de los llamados templarios los que se introdujeron a esa cámara, la misma noche del miércoles presentó la denuncia penal.

Ayer incluso el Senado ratificó esa denuncia, de la que no han querido dar mayores datos ni hacer públicos los nombres de los 12 personajes que el pasado jueves 17 sostuvieron un encuentro con Luisa María Calderón, los senadores Raúl Morón, del PRD, María del Rocío Pineda Gochi, del PRI, y el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el también priísta Omar Fayad.

Sobre el tema, el coordinador de los senadores del PAN, Jorge Luis Preciado, informó que van a pedir la desaparición de poderes en Michoacán y reveló que durante la junta previa a la sesión su bancada cerró filas con la senadora Calderón Hinojosa, quien ha sido objeto de críticas por denunciar la reunión con supuestos representantes de ciudadanos de Apatzingán, que en realidad eran miembros del cártel de los Caballeros templarios.

De acuerdo con versiones de quienes participaron en esa reunión, la mayoría de los panistas expresaron molestia por la actitud de Cervantes y del coordinador priísta, Emilio Gamboa, de pedir a Calderón que ella presentara la denuncia. Se solidarizaron con la ex candidata al gobierno de Michoacán y advirtieron que se debe garantizar su seguridad, ya que se ha atrevido a poner al descubierto la infiltración del crimen organizado en esa entidad.

Sobre el tema, el también senador panista Héctor Larios demandó ayer reconocer una realidad: ‘‘Que los Caballeros templarios estuvieron en el Senado’’, luego de resaltar que ‘‘hay quienes sabían del asunto y hoy lo niegan’’.

Acompañado por parte de su grupo parlamentario, Preciado informó que van a pedir la desaparición de poderes en Michoacán y para ello integraron ya un grupo de cuatro legisladores del blanquiazul –Roberto Gil Zuarth, Ernesto Ruffo, Fernando Yunes y Javier Lozano– que van a elaborar un diagnóstico de la situación en la entidad y a proponer modificaciones legales para avanzar en ese sentido.

Preciado dijo que las condiciones existentes en Michoacán no son ahora las más adecuadas para que un gobernador interino se haga cargo de la entidad, en caso de que desaparecieran los poderes, por lo que optaron por la creación de una junta de gobierno nombrada por el Senado, a fin de que ésta asuma el gobierno en ese estado ‘‘y pueda restablecer la paz y seguridad que necesitan los michoacanos’’.

El coordinador panista precisó que una vez que hubiera ya condiciones de gobernabilidad en Michoacán, se convocaría a elecciones generales. Confió en que el PRI acepte esa modificación legal.

Al respecto, el presidente del PAN, Gustavo Madero, dijo que en Michoacán ‘‘no hay poderes y desde hace tiempo ya no existe libertad de tránsito’’.

El chihuahuense respaldó la propuesta de desaparecer los poderes en aquella entidad, aunque expresó que en el Senado ‘‘no se puede tramitar’’, pero sí se puede reconocer públicamente que en tierras michoacanas esos poderes no existen.