Caracas, 21 de noviembre.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, emitió hoy los dos primeros decretos legales sustentados en la ley habilitante –aprobada el martes pasado por la Asamblea Nacional para conferirle poderes legislativos al Ejecutivo– con los que pretende limitar las ganancias a comerciantes minoristas y ejercer mayor control sobre los empresarios que compran dólares para la importación de bienes y servicios.

Maduro firmó los dos decretos al final de una jornada en la que se reunió con universitarios, a quienes les prometió que en todos los centros de estudios superiores –muchos creados en los últimos 14 años, durante el gobierno socialista– habrá Internet inalámbrico y cada alumno contará con una computadora portátil tipo tableta y mayores opciones de becas académicas.

En un mensaje televisado desde la ciudad de Maracaibo, el mandatario informó: ya me llegaron las dos primeras leyes de la habilitante, las voy a firmar aquí con el pueblo en el estado de Zulia, bastión de la oposición y de su líder, Henrique Capriles.

Los dos primeros decretos son una respuesta a la crisis económica actual, caracterizada por una inflación anual de 54 por ciento y por el alto precio del dólar, que oficialmente se vende a 6.3 bolívares, contra 60 en el mercado negro.

La ley para el control de los costos, precios, ganancias y protección de la familia venezolana tiene un solo objetivo central, que es proteger las libertades económicas y derechos económicos y sociales de las personas que trabajan, explicó Maduro, quien ha señalado que este primer decreto establece un margen de ganancia de los empresarios de entre 15 y 30 por ciento.

Yo he creído necesario unir todas esas leyes, promulgadas por el gobierno socialista en los últimos 14 años, toda esa normativa en una sola ley orgánica, dijo Maduro, quien aclaró que la nueva legislación entrará en vigencia una vez el Tribunal Supremo de Justicia, en un plazo de 14 días, le dé el visto bueno debido a su carácter de ley fundamental.

Aunque Maduro no se refirió hoy a la segunda norma producto de la ley habilitante, en días anteriores se dio a conocer oficialmente que sentará las bases para crear un organismo central que supervisará las adjudicaciones de dólares a la tasa oficial.

Esta ley de comercio exterior entrará en vigor tras su publicación en la Gaceta Oficial y tendrá la meta de ordenar todo el manejo de las divisas por renta petrolera.

El presidente fundamentó el pedido de una ley habilitante a la Asamblea Nacional con el argumento de que el gobierno debe enfrentar una guerra económica impulsada por el gobierno de Estados Unidos y ejecutada aquí con la complicidad de empresarios locales.

La oposición política, por el contrario, considera que la crisis económica actual es resultado de la creciente intervención estatal en la economía y afirma que la ley habilitante busca concentrar más el poder del gobierno en temas económicos.

Capriles convocó para este sábado a manifestarse en todo el país contra la crisis, la ley habilitante y el gobierno, al que denominó el gran especulador.

Quieren más poder para perseguir a los demás, no para resolver los problemas del pueblo, afirmó Capriles, gobernador de Zulia.

Con la nueva norma se reforzarán los controles sobre el comercio minorista que comenzaron hace dos semanas por orden de Maduro, quien este jueves pidió a universitarios que se sumen sábado y domingo a la inspección de establecimientos mercantiles, con el fin de evitar la especulación con los precios y los bienes de consumo inmediato, que escasean en el país desde hace meses.

Maduro anunció hoy que en los próximos días emitirá también un decreto que ordenará bajar los precios de alquiler de pequeños locales comerciales. De su lado, el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, informó que habrá tres instrumentos legales para consolidar el desarrollo de la industria de hidrocarburos.

Venezuela se apresta a celebrar elecciones municipales el 8 de diciembre, por lo que las campañas ya están en marcha.

En este contexto, el Colegio Nacional de Periodistas criticó el despido de Omar Lugo, director del diario El Mundo, el 17 de noviembre, luego de que Maduro cuestionó públicamente una información del periódico, propiedad del banquero Víctor Vargas, señalado en la prensa local como cercano al gobierno.