La Asamblea Legislativa (ALDF) aprobó la iniciativa que envió el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, para crear la Ley de Defensoría Pública, que estipula las nuevas obligaciones de los defensores públicos por la implementación del nuevo sistema de justicia penal, como ofrecer en la etapa de preparación del juicio los medios de prueba en beneficio de las personas a quienes asisten, participar en la audiencia de juicio oral y formular sus alegatos de apertura, y procurar la justicia restaurativa y mecanismos alternativos en la solución de controversias, entre otros.

Sustituirá a la actual Ley de Defensoría de Oficio, que data de 1997, y fija el servicio profesional de carrera como el mecanismo para la permanencia de los defensores públicos, debiendo cumplir requisitos como control de confianza y capacitación permanente.

Además, homologa las percepciones de los defensores públicos con las de los agentes del Ministerio Público.

La ALDF aprobó también otra iniciativa del mandatario capitalino para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Local, que transfiere toda la Coordinación General de Modernización Administrativa, de la Contraloría General, a la Oficialía Mayor.

Corrigió además en el Código Penal una fracción del delito de robo. Cuando el monto de lo robado es mayor a 750 días de salario mínimo, la norma obligaba a los jueces a imponer en sus sentencias la multa más baja o la más alta, de 400 o 600 días multa y en la reforma se sustituyó la o por la a, para darles un mayor margen según el valor del objeto sustraído.