Tras el encarcelamiento injusto de las indígenas ñañus Alberta Alcántara y Teresa González, quienes pasaron casi cuatro años en prisión acusadas del supuesto secuestro de seis policías de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones –en un incidente ocurrido en marzo de 2006–, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) decidirá hoy si procede la exigencia de reparación integral del daño para ambas mujeres.

Andrés Díaz, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), explicó en rueda de prensa que pese a haber ocurrido una serie de irregularidades en el proceso judicial contra las indígenas, que a la postre llevaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a ordenar su libertad, las autoridades federales nunca reconocieron su inocencia ni han hecho nada por evitar que este tipo de casos de fabricación de culpables sigan ocurriendo.

Por tal razón, y tras la negativa de la Procuraduría General de la República a admitir la solicitud de reparación integral del daño, el Prodh le dirigió esa petición al TFJFA, cuyos ministros discutirán el tema este miércoles, en una determinación que podría sentar precedentes importantes en casos similares.

La reparación del daño, enfatizó el abogado, trasciende la mera indemnización económica y debe incluir una disculpa pública por parte del Estado, así como la garantía de no repetición de los hechos que llevaron al encarcelamiento de dos inocentes.

La reparación del daño no es enriquecimiento, sino justicia. Alberta y Teresa pasaron tres años y ocho meses en la cárcel por un delito inexistente, y ahora corresponde cerrar el ciclo de la reparación mediante el reconocimiento de esta violación de derechos humanos, una disculpa pública y que dejen de utilizar chivos expiatorios, subrayó Díaz.

Daniel Zapico, representante en México de Amnistía Internacional, coincidió en que la liberación de ambas indígenas no es suficiente para decir que ya se hizo justicia, pues la reparación de daño implica también un reconocimiento por parte del Estado mexicano de que causó un perjuicio moral a ambas mujeres al exhibirlas públicamente como criminales y negarse hasta la fecha a reconocer su inocencia.

Las propias Alberta y Teresa exigieron que el gobierno federal admita su responsabilidad y resarza el daño que sufrieron. Lamentaron que al acusarlas de secuestro y encarcelarlas, las autoridades nunca reflexionaron sobre cómo habían afectado sus vidas.

Nosotras ya demostramos que somos inocentes. Ahora les toca a ellos reparar el daño, recalcaron.