n un informe sobre perspectivas económicas divulgado ayer, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) formula un ajuste a la baja en su pronóstico de crecimiento de la economía nacional para este año, el cual pasó de 3.4 a 1.2 por ciento del producto interno bruto.
Aunque la desaceleración de la economía nacional señalada por ese y otros organismos nacionales e internacionales es atribuida a factores internos y externos –entre los que destacan la crisis europea y la lenta recuperación de la economía estadunidense–, en la coyuntura actual una de las principales causas endógenas del fenómeno es la contracción del gasto público operada desde el gobierno federal.
Según los datos más recientes sobre el ejercicio presupuestal dados a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en los primeros tres trimestres de este año el gobierno federal incurrió en un importante subejercicio en inversión pública, lo cual no sólo se ha traducido en afectaciones al cumplimiento de las responsabilidades básicas del Estado, sino en un claro incentivo a la desaceleración de la economía en general: a fin de cuentas, y a pesar de la sistemática reducción del Estado puesta en práctica por el ciclo de gobiernos neoliberales, el gasto público sigue siendo el motor principal de la economía. Ejemplo claro de lo anterior es la correlación entre el no ejercicio de recursos públicos destinados para infraestructura y la severa caída que ha experimentado la industria de la construcción en el presente año, que ha costado más de 200 mil empleos, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción.
En esa perspectiva, no resulta muy alentadora la afirmación de la OCDE de que la economía nacional pudiera tener repunte de entre 3.8 y 4.2 por ciento en 2014 y 2015, porque dicha reactivación es necesaria en el momento presente y porque queda en entredicho a la luz de múltiples factores recesivos que se vislumbran en el futuro inmediato: la entrada en vigor de una reforma fiscal que, pese a ser presentada como progresiva
por el discurso oficial, resulta lesiva para el desarrollo de las actividades productivas y, por tanto, para la generación de empleo, así como la pretensión de privatizar la industria petrolera nacional –que constituye prácticamente el último filón redituable de la propiedad pública–, lo cual, en caso de concretarse, derivaría en la pérdida de la principal fuente de ingresos no impositivos del sector público y se traduciría a la postre en crecimiento de la marginación, el desempleo, la insalubridad y el déficit educativo.
Resulta impostergable, en suma, que las autoridades fijen la reactivación económica como una de las prioridades centrales de su gestión, así sea por el hecho de que en ausencia de tal reactivación la gobernabilidad quedará expuesta. Dicha reactivación requiere no de reformas neoliberales adicionales, sino de un cambio de fondo en el paradigma que ha regido las políticas gubernamentales en los seis sexenios pasados –incluido el actual–, que incluya la adopción de mecanismos de redistribución de la riqueza, instrumentos nuevos para combatir la desigualdad y políticas orientadas a garantizar los derechos sistemáticamente vulnerados –educación, salud, trabajo, vivienda digna– a consecuencia del modelo actual.
