El Estado mexicano es responsable por su actitud imprudente, permisiva u omisa de los altos niveles de riesgo ambiental que han elevado los daños ecológicos irreparables, de difícil reparación y por la imposibilidad de prevenir catástrofes ambientales, advierte la resolución del Tribunal Permanente de los Pueblos sección México sobre la audiencia Devastación ambiental y derechos de los pueblos.

También lo responsabilizó por la política represiva de criminalización y judicialización de los conflictos sociales como mecanismos de ocultamiento y desarticulación de la protesta ambiental. Estas fueron algunas de las conclusiones del jurado, luego de escuchar acusaciones y testimonios que dieron cuenta de alrededor de 140 casos de devastación ambiental en Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Distrito Federal, Estado de México, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Baja California Norte, Durango y San Luis Potosí, donde ha habido una urbanización salvaje que involucra construcción de carreteras, de represas, explotación de la minería y del petróleo, generación de basura, y producción de agrotóxicos.

Existe una violencia desatada en contra de poblaciones indígenas, agrarias y urbano-populares, obligándolas a vivir en ambientes deteriorados o al éxodo total para hacer efectivo el despojo masivo de sus territorios, señala el documento. Hay un ecocidio doloso o asesinato de la tierra, premeditado y flagrante que se refleja en múltiples daños ecológicos para incrementar las ganancias de ciertas empresas y corporaciones. Agrega que hay una violación masiva y sistemática del derecho a un ambiente sano y adecuado para el desarrollo sustentable de la humanidad.

Partidos políticos han favorecido un paraíso para la inversión

El jurado –integrado por Tony Clarke, de Canadá; Gianni Tognoni, de Italia. y Larry Lohman, entre otros intelectuales– acusó de corresponsables a los socios comerciales de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Estados Unidos y Canadá, así como a las trasnacionales que tienen una injerencia en los planteamientos e implementación subsecuente del TLCAN, así como a las empresas nacionales de petroquímica, mineras, agroquímicas, semilleras, farmacéuticas, automotrices, maquiladoras y de alimentación

Señala que los partidos políticos cuando han sido gobierno federal, estatal y municipal han provocado, por acción u omisión, la transformación del país en un paraíso de inversión sin regulación ambiental efectiva y han promovido el despojo de las tierras comunales y de los pueblos indígenas.