La Cámara de Diputados se ha negado a acotar el poder de explotación de las empresas mineras extranjeras y nacionales, así como a limitar el número de concesiones y a condicionar la ratificación de éstas al respeto del medio ambiente, así como a cumplir con los derechos laborales de los mineros.

Luego de que el viernes el presidente del grupo de Amistad México-Canadá, Bernard Trottier, afirmó que el Congreso es el responsable de aprobar las leyes que mejoren la operación de las mineras, el diputado Trinidad Secundino Morales (PRD), recordó que las comisiones de Economía y Competitividad desecharon una reforma a la Ley Minera para que cada compañía cuente con un máximo de dos concesiones, con objeto de rescatar el sentido social y nacionalista de la minería en el país.

En el proyecto se resaltó que el potencial y la riqueza minera de México no se ha podido aprovechar plena y sustentablemente al violentarse constantemente nuestra soberanía y libertad de organización, además de que el despotismo empresarial y gubernamental no ha permitido reivindicar las causas de los mineros ni hacer justicia por las muertes de decenas de trabajadores en accidentes.

La iniciativa resaltó que las mineras consumen y contaminan grandes cantidades de agua para sus procesos de lixiviación.

Citó como ejemplo el tajo a cielo abierto de Mazapil, Zacatecas, una zona semidesértica con grave escasez de agua, donde se utilizan para procesos de lixiviación 94 millones de litros diarios de agua, y que por cada dos litros de líquido, utilizan un gramo de cianuro de sodio.

El legislador recordó que se proponía instituir la figura de responsabilidad social, como la obligación de concesionarios de realizar obras de salud, de educación, de infraestructura, de equilibrio ecológico y protección al ambiente, en beneficio de la comunidad en que se localizan la mina o minas, por un mínimo de 5 por ciento anual de sus utilidades.

Asimismo, condicionar la entrega de concesiones o asignaciones a un historial de cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, equilibrio ecológico y protección al ambiente, así como a la seguridad de los trabajadores, a crear depósitos de desechos tóximos, y a que la exploración y explotación de minerales esté subordinada a la previa opinión, libre y sin presiones, de las comunidades.

También se consideró que las mineras no podrían contar con más de dos concesiones ni más de 50 hectáreas, por un periodo máximo de 20 años; así como otorgar a las comunidades el derecho a participar en concursos de entrega de concesiones.