El Estado mexicano firmó hoy en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh), en San José, Costa Rica, un acuerdo de solución amistosa en el caso Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre, con la finalidad de reparar integralmente a las víctimas del mismo, quienes sufrieron violaciones a sus derechos humanos en 1997.

Este caso se refiere a la detención ilegal y tortura de los indígenas Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre, así como por sus posteriores condenas a tres y 40 años de prisión, como consecuencia de dos juicios penales en los que no se observaron las garantías del debido proceso, en particular por el uso de sus confesiones obtenidas bajo tortura y por la falta de investigación y sanción de los hechos denunciados.

Desde las primeras diligencias de investigación en junio de 1997, y durante el proceso en su contra, García Cruz y Sánchez Silvestre denunciaron haber sufrido lesiones por policías durante sus declaraciones ministeriales para que aceptaran su culpabilidad en los hechos por los cuales se les procesaba (presuntos vínculos con el Ejército Popular Revolucionario).

No obstante, las autoridades ministeriales o judiciales no emprendieron una investigación con base en los certificados médicos y las denuncias recibidas. Fue en 2002 que se inició una investigación previa sobre presuntas lesiones.

En un comunicado, la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García, dijo que se trata de la primera vez que el Estado mexicano firma un convenio de este tipo ante la Coridh y demuestra la importancia que para el México tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Participaron en la firma del documento la subsecretaria Limón García, la directora general adjunta de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de Gobernación, Alejandra Negrete Morayta, y del director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Alday.

Por las víctimas estuvieron presentes Santiago Sánchez Silvestre y sus representantes legales, María del Pilar Noriega García, Ana Marcia Aguiluz Soto y Carlos Zazueta.

El caso que se resolvió este lunes, se envió a la Coridh el 17 de marzo de 2013, porque la comisión consideró que el Estado no cumplió con las recomendaciones contenidas en su Informe de Fondo sobre el caso.