Las limitantes que fija el Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP) para el acceso a Internet restringen los derechos de libre expresión e información, se suman a los intentos de espionaje a través de la red, motivan la censura, encarecen el costo por el servicio y atentan contra la soberanía de las naciones, señalaron especialistas en el tema.

La semana pasada, La Jornada reveló un documento filtrado por Wikileaks, que da a conocer que este acuerdo pretende limitar el acceso a Internet y obliga a los proveedores del servicio a suprimir contenidos cuando un autor considere que la difusión transgrede sus derechos de propiedad intelectual. El conjunto de compromisos considera la aplicación de sanciones contra proveedores que no realicen esas tareas de fiscalización.

Al respecto, Andrea Mendoza, coordinadora académica de la maestría en Derecho de las Tecnologías de Información y Comunicación del Fondo de Información y Documentación para la Industria (centro de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), indicó que los contenidos de ese acuerdo multinacional obligarían a los prestadores de servicio a implementar prácticas de vigilancia, y con ello los costos se elevarían, vulnerando la reciente reforma constitucional en telecomunicaciones, que establece de mejores servicios a menor costo.

Uno de los mayores riesgos en caso de que el Estado mexicano signe el ATP, advirtió, es que atentaría contra la soberanía nacional. Hay una disposición en los contenidos (del tratado) que indica que al entrar en vigor no importarán las leyes nacionales que lo contravengan, por lo que quedarían válidos los preceptos de vigilancia en la red bajo ese acuerdo y deberán modificarse las disposiciones nacionales.

La investigadora indicó que el derecho a la información y la libre expresión se verán perjudicados, porque los contenidos en Internet serían filtrados y eliminados (en caso que se considere que atentan contra la propiedad intelectual) por los prestadores de servicios.

Si bien es cierto que hay que proteger la propiedad intelectual en Internet, a la par hay garantías colectivas que se pueden vulnerar. Cuando dos derechos se contraponen, la ponderación debe ser que los derechos de la colectividad están sobre los de un particular.

Agregó que la opacidad con la que se negocia este acuerdo, que se suma al Acuerdo Comercial contra la Falsificación y a la Ley para Detener la Piratería (ACTA y SOPA, respectivamente, por sus siglas en inglés), hace sospechar del mismo y de las implicaciones negativas que tendrá para los usuarios, los prestadores de servicio y las naciones.

El sentido es limitar el acceso a Internet, eliminar uno de los principios con los que surgió este medio: la neutralidad, es decir, ahora se pretenden filtrar los contenidos con la justificación del derecho de autor, pero estas medidas favorecerán que los estados puedan controlar la información que llega a los ciudadanos a través de la red.

Sebastián Bortnik, gerente de educación y servicios en Latinoamérica de empresa de seguridad informática ESET, indicó que una de las particularidades que ofrece la red es la libertad para la navegación, aunque acotó que debe haber regulación moderada que evite delitos informáticos de gravedad, como ataques o pedofilia.

Sin esa libertad, Internet no sería lo que es. El usuario debe ser el protagonista y no debemos sacarlo de la discusión. Iniciativas como ésta que limitan el debate de la propiedad intelectual a qué se puede o no hacer en Internet en lugar de llevar a cabo una discusión profunda sobre este derecho y cómo se ha transformado con la aparición de esta tecnología y cómo lo podemos adaptar.