l pasado miércoles 13 de noviembre este diario dio a conocer en México el capítulo sobre propiedad intelectual del borrador del Acuerdo de Asociación Transpacífico tal como se encontraba en agosto de este año, y como fue difundido en el mundo por Wikileaks (http://goo.gl/f8hJwt). Antes que nada, una cuestión de abreviaturas: las siglas en inglés de ese pacto son TPP (acrónimo de Trans Pacific Strategic Economic Partnership) pero, dado que en español esa abreviatura corresponde al Tribunal Permanente de los Pueblos, sería recomendable referirse al Acuerdo Transpacífico o ATP.
Dos días después, en estas páginas, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, dijo que era falso que la adhesión al ATP implicara una violación a los derechos a la información y la privacidad de los ciudadanos mexicanos, negó que la negociación en curso fuera a involucrar el asunto energético y rechazó que la administración de la que forma parte haya participado en ella sin consultar a la sociedad (http://goo.gl/6NXR5H). Por el contrario, arguyó, México es uno de los países donde el proceso de consulta a organizaciones ha sido más amplio y detallado
. Sin embargo, Guajardo no enumeró con precisión a los presuntos consultados; su referencia más concreta fue que entre ellos se encuentran las universidades de Nuevo León, de Jalisco y de Yucatán
. No dijo cuáles y está difícil adivinarlo: sólo en Jalisco, además de universidades propiamente dichas, hay unas 25 de esas cosas a las que el grupo gobernante ha permitido denominarse universidades
(http://goo.gl/r4RLHv).
El secretario de Economía defendió la reticencia del peñato a informar en forma transparente sobre la negociación con dos argumentos básicos: que las consultas no se pueden atomizar porque entonces los países no avanzarían en su proceso de integración global y que él, como negociador, no debe dar a conocer su estrategia de negociación porque estaría dándome un balazo en el pie, porque para lograr mis objetivos tengo que conducir la negociación de una manera profesional
, previa consulta con unos fantasmagóricos sectores interesados
.
El primero de los alegatos es ilustrativo del ejercicio gubernamental tecnocrático: el objetivo es avanzar en el proceso de integración
independientemente de lo que piensen las sociedades. Tal vez nada cuadraría mejor como ejemplo de consulta atomizada
que una elección. Pero nadie dijo que la globalización conducida por los neoliberales sea democrática.
Luego, la falacia: informar con transparencia sobre las negociaciones no implica dar a conocer estrategias. El símil más claro es el de una partida de ajedrez: es claro que ninguno de los jugadores debe enunciar en voz alta los cálculos de sus próximas jugadas, pero eso no significa que la partida deba celebrarse dentro de un clóset, como ha venido ocurriendo con las negociaciones por el ATP.
Guajardo Villarreal asegura que el documento obtenido por Wikileaks no refleja en nada la posición de la mesa de negociaciones
. Para sustentar la descalificación, el funcionario tendría que presentar a la opinión pública mexicana la versión más reciente del documento, lo cual no conllevaría de ninguna manera la divulgación de la estrategia de la delegación peñista en la negociación.
En suma: no habrá vulneración a los derechos de libre expresión y a la información, no se adherirá al país a los modelos de persecución policial que Washington quiere implantar en Internet, no se incluirá el tema energético en el ATP. Pruebas de lo anterior: ninguna.
El problema es que el grupo neoliberal al que Guajardo representa no goza de crédito a la palabra. Durante muchos años, ese grupo –que lo mismo controla al PRI que al PAN y a partidos menores– nos ha mareado la perdiz con la falsa transacción de entregar soberanía y patrimonio a cambio de bienestar. Patrimonio y soberanía sí que hemos perdido, pero el acceso al bienestar siempre resulta postergado: Salinas nos dejó sin bancos, sin aerolíneas, sin empresa telefónica y sin corporación televisiva –entre otras cosas– y unció al país al TLCAN, desastroso para México; el zedillato nos dejó sin ferrocarriles y nos robó 56 mil millones de dólares (de aquellos) para pagar deudas privadas. Fox nos incrustó en la peligrosa Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN); Calderón entregó el manejo de la seguridad del país al gobierno de Estados Unidos y, por medio de la Iniciativa Mérida, permitió que México se volviera un mercado inmenso y sangriento de armas, protección, inteligencia
y servicios funerarios; ahora Peña miente de manera sistemática en torno a la supuesta necesidad de abrir la industria petrolera a empresas privadas.
Con esos antecedentes es claro que los negociadores mexicanos ante el ATP necesitan de algo más que de desmentidos sin sustento para convencernos de que no preparan una enésima claudicación en la defensa de los intereses nacionales. El alegato de inocencia y buenas intenciones formulado por el secretario de Economía no puede ser aceptado como sucedáneo de la información puntual y transparente que la sociedad mexicana requiere sobre ese y otros temas.
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