uauhtémoc Cárdenas ha venido insistiendo en que la iniciativa de reforma energética del actual gobierno carece de legitimidad política. Una verdad evidente, referida a unos hechos que están frente a nuestros ojos. Nunca ha sido posible tapar el sol con un dedo, que es exactamente lo que estamos viendo.

Es ilegítima porque el pueblo de México desconoce absolutamente de qué se trata esa reforma que cambiará profundamente la Constitución Política que la sociedad mexicana se dio en 1917, y cuya índole social fue enriquecida durante los primeros regímenes revolucionarios, muy especialmente por el de Lázaro Cárdenas.

Como ha escrito Arnaldo Córdova, la Constitución Política es un contrato social y político, en el más estricto sentido russoniano, un pacto del pueblo para fundar y organizar su Estado y darle un régimen de derecho. La reforma energética del actual gobierno está pensada desde la ideología neoliberal del Consenso de Washington, y no puede, menos aún tan profundamente, modificar ese pacto del pueblo, al margen del pueblo mismo.

Y es que los artículos 27 y 28 constitucionales no son cualesquiera artículos; junto con el 25 y el 26 conforman el capítulo económico de la Constitución. Y ahí se definen, como se ha debido recordar al actual gobierno con mares de tinta, los recursos estratégicos que exclusivamente el Estado ha de administrar con un propósito definido de apoyar el desarrollo económico y social del conjunto nacional, y no para que los empresarios privados, mexicanos y extranjeros hagan negocios.

Hasta hoy, ya el presidente Peña Nieto, ya sus funcionarios, han cantado loas a la reforma energética, diciendo que se crearán empleos sin cuento, que aumentará el producto interno de la nación, que las mayorías serán enormemente beneficiadas, es decir, abundante retórica, pero no hay datos, no hay cifras, no se dice en concreto cómo es que habrá tantos beneficios, más aún, no se dice cómo se haría la reforma misma, es decir, que dirán las leyes secundarias que derivarían de las reformas a los artículos constitucionales 27 y 28. No, se quiere reformar la Constitución a toda prisa y ya después, ya veremos cuál es el proyecto energético del gobierno para el futuro mexicano, si es que hay alguno.

Del mismo modo que se hizo con la mal llamada reforma educativa. Se reformó la Constitución, sin que conozcamos cuál es el proyecto educativo, si es que existe.

No es que la iniciativa de reforma no tenga ni pies ni cabeza, sino que no quieren mostrárnoslos. En el discurso sólo observamos cómo la fracción priísta del Congreso, y el Ejecutivo, aproximan su discurso a la propuesta antinacional y al margen de las mayorías, que ha formulado el Partido Acción Nacional.

Es claro que el gobierno quiere asumir unos riesgos de alcance desconocido, sin mostrar de qué se trata. Es preciso que el gobierno abra un espacio de la dimensión necesaria, cualquiera que ésta sea, para que la sociedad en su conjunto conozca el detalle de la propuesta: qué diría el texto de las reformas constitucionales, y qué dispondrían las leyes secundarias. Que el pueblo asuma esta decisión histórica.

México está dividido de muchas formas. A partir de la crisis de la deuda de 1982, fue inaugurada un época de reformas de mercado cuyo casi único resultado es la parálisis estabilizadora, y la división del país de múltiples formas. La economía fue partida en un sector exportador de manufacturas con tecnologías modernas, y el resto de la economía interna, donde privan baja productividad y bajos salarios. No hay articulaciones entre el enclave exportador y el resto de la economía. La división entre la economía formal y la informal ha sido acrecentada. La riqueza producida se ha dividido concentrándose cada vez más en una élite minúscula y el mar del pobrerío. En las decisiones del país están los numéricamente reducidos poderes fácticos y la llamada clase política, y la exclusión de las grandes mayorías. Dividido está el país en los sustancialmente mayores ingresos de la zona norte del país, respecto de la zona sur, donde la pobreza rampante abraza a millones.

Una reforma del pacto del pueblo, marginando al pueblo mismo, producirá una honda herida en la sociedad que la dividirá y la debilitará con imperdonable irresponsabilidad. Las consecuencias sí pueden ser de pronóstico reservado.

¿Está el pueblo de acuerdo en que se modifique su pacto político? No podemos saberlo porque el pueblo no ha hablado. Aunque empieza a hacerlo. Es indispensable dar los pasos necesarios para legitimar o bien desechar la reforma de la Constitución, y dada la profundidad de la propuesta de reforma, es indispensable llevar a cabo la consulta nacional que han propuesto las izquierdas.

En los próximos días sabremos si el gobierno quiere una reforma legítima o una que corra su suerte y ponga acaso al país en una tensión que se agregará a las mil tensiones acumuladas, producto de la inseguridad social, la inseguridad pública, la corrupción, la impunidad en que habita el sistema judicial, la impudicia con que los funcionarios se reparten altas prebendas en un país de profundas pobrezas, la inseguridad frente a los embates naturales, la progresiva ausencia del Estado en amplias regiones del país, los reclamos sociales con violencia creciente que cotidianamente documentan los medios; son una parte de la dinamita que acumula la nación cotidianamente.

Y todos aprendieron en su tiempo que el petróleo es nuestro.