Cuernavaca, Mor., 18 de noviembre.

La presidenta del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), Ana Virginia Pérez Güemes, confirmó que el 3 de diciembre, después de tres años en prisión, saldrá libre el adolescente llamado Édgar y conocido como El Ponchis, quien teme que lo asesinen cuando salga, como ha pasado con otros menores que han estado en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA).

La magistrada agregó que el muchacho de 17 años pidió protección e ingresar a un albergue fuera de Morelos para continuar su tratamiento.

Hemos trabajado con su familia en la cuestión terapéutica para que esta transición sea de la mejor manera. Añadió que el joven y la familia de éste gestionan por medio de una organización civil la continuación de su tratamiento.

El Ponchis, comentó la funcionaria en entrevista colectiva, tiene miedo porque sabe que otros jóvenes han sido asesinados tras dejar el tutelar.

Detalló que se analiza su situación migratoria, pues El Ponchis es ciudadano estadunidense. No tiene acta de nacimiento en México. Debemos analizar su situación migratoria.

Precisó que la embajada de Estados Unidos ha realizado visitas cada dos meses para verificar que se respeten los derechos del adolescente; sin embargo, no ha respondido su petición de cumplir la sanción en aquel país.

Los únicos familiares que, según Pérez Güemes visitaron al detenido durante estos tres años fueron una hermana y una tía que fungió de tutora; la madre vive en Estados Unidos y al parecer no hay un vínculo cercano.

El adolescente fue detenido el 2 de diciembre de 2010 por elementos de la 24 Zona Militar, quienes lo exhibieron ante los medios para que confesara sus delitos; lo condenaron casi un año después por transportación de droga, portación de armas de uso militar, secuestro y la decapitación de cuatro hombres cuyos cadáveres fueron encontrados en agosto de 2010 bajo un puente vehicular ubicado cerca del fraccionamiento Tabachines.

Pérez Güemes afirmó que 30 por ciento de los jóvenes recluidos en el tutelar están acusados de delitos federales.