l titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Carlos Ramírez Marín, acostumbra ofrecer a la opinión pública información novedosa sobre los problemas que aquejan al país en asuntos relacionados con la dependencia a su cargo.

De igual modo, anunciar las medidas que el gobierno federal tomará para evitar que aumenten los peligros ocasionados por la ocupación de áreas calificadas como de riesgo y, de paso, solucionar los ya existentes. La idea es evitar el crecimiento desordenado de las ciudades y dar mayor seguridad a las poblaciones ubicadas en el sector agrario. Un fenómeno que se agravó especialmente en el sexenio del becario de Harvard.

Ramírez Marín afirma que en las áreas urbanas existe suficiente espacio para realizar un desarrollo habitacional que no ponga en peligro a sus ocupantes. Y una de las formas de llevarlo a cabo consiste en establecer con los 90 municipios más grandes del país convenios para que sus autoridades controlen la expedición de licencias y cambio de uso del suelo. Esto se hará mediante registros públicos que demuestren que el espacio que se utilizará para nuevas áreas habitacionales no figura dentro de los atlas de riesgo establecidos en cada caso.

Como quedó demostrado con los desastres que este año dejaron las lluvias y la falta de previsión de las autoridades, el crecimiento de las ciudades ha sido caótico, sin ordenamiento alguno. Entre otros resultados negativos se tienen áreas habitacionales en terrenos no aptos para ello y que en no pocas ocasiones carecen de los servicios indispensables, como agua potable, energía eléctrica y drenaje. El titular de la Sedatu señala que apenas un poco más de la tercera parte de los municipios cuenta con una instancia dedicada a la planeación urbana. Y algo peor: apenas 10 por ciento dispone de un atlas de riesgo.

Cabe señalar que en las ciudades que muestran mayor expansión urbana existe suficiente extensión para la construcción de vivienda. A escala nacional se calcula que hay 120 mil hectáreas disponibles dentro de las ciudades, lo que evitaría alentar su expansión periférica con los consiguientes costos por llevar servicios a sitios cada vez más alejados. Al respecto, datos oficiales muestran que desde 1980 las ciudades con más de 100 mil habitantes en promedio aumentaron su población 2.6 veces, pero se extendieron 11 veces sobre áreas periféricas. Con el agravante de que estas últimas no reúnen muchas veces las condiciones necesarias para convertirlas en áreas habitacionales con la mínima sustentabilidad. Muestra de lo anterior son los fraccionamientos que las grandes constructoras edificaron en sitios inadecuados, alejados de los centros de trabajo y con materiales de mala calidad. Hoy miles de casas y departamentos se encuentran vacíos mientras las constructoras se declaran en bancarrota.

Buen ejemplo de la falta de supervisión a la hora de autorizar la construcción de unidades habitacionales se tiene en Acapulco. Las intensas lluvias de septiembre que trajeron Ingrid y Manuel pusieron al descubierto que las autoridades locales concedieron licencias para levantar numerosas unidades habitacionales en los sitios menos indicados para ello.

Por ejemplo, sobre áreas inundables que por ese solo motivo debían estar fuera de la especulación inmobiliaria. Estamos hablando de, por lo menos, 15 unidades con más de 7 mil viviendas a cargo de empresas hoy en crisis, como Geo, Homex, EVI y ARA.

Las instancias oficiales prometieron investigar y fincar responsabilidades a quienes concedieron las licencias para construir donde no se debe. Y si en todo ello hubo corrupción de las autoridades locales para complacer a las, hasta hace poco, prósperas e influyentes empresas constructoras. Pero de la misma forma deben fincarse responsabilidades a las instancias federales. En especial a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que sabían de las limitaciones de las áreas donde se levantan estas unidades.

La sociedad no tiene ni debe por qué pagar los costos de los desastres que el sector público y el privado ocasionaron.