o es poca cosa lo que el secretario de la Defensa Nacional pretende. Ni más ni menos que asumir abiertamente funciones policiacas y algo más, en un afán expansionista verde olivo que significaría el trastocamiento del actual orden constitucional y del rol hasta ahora asignado a las fuerzas militares.

En medio de las crecientes denuncias contra policías federales, marinos y soldados por sistemáticos agravios contra libertades y derechos de ciudadanos, entre la proliferación de policías comunitarias (en Tancítaro, Michoacán, la más reciente de esas apariciones civiles aunque bajo solidaria custodia de elementos y un helicóptero de la Sedena) y con la violencia sin freno del crimen organizado, el general Salvador Cienfuegos reiteró el miércoles recién pasado, durante una gira por Sonora, la necesidad de adecuaciones legales que justifiquen lo que actualmente hacen los efectivos castrenses.

Ya otros titulares de la Sedena han expresado similares preocupaciones, temerosos de que el Síndrome de Tlatelolco les alcance en función de que acaban obedeciendo impugnables órdenes extralegales del civil que esté encaramado en la silla presidencial. Con Vicente Fox y con Felipe Calderón hubo turbulencias en razón de los encargos represivos que recibieron, más cargados a lo político-electoral durante el periodo del que ahora aspira a ser productor estrella del verde mota y abiertamente relacionados con el viscoso ámbito del narcotráfico y delitos asociados durante la gestión del michoacano sepulturero.

Ahora, el general secretario Cienfuegos insiste:  Hemos pedido una legislación para poder trabajar y seguir combatiendo al crimen organizado de acuerdo con la ley (¿Al no tener esa legislación pedida, el Ejército debería abstenerse de seguir trabajando de una manera que ha de entenderse que no está de acuerdo con la ley?). Ahorita lo hacemos única y exclusivamente en apoyo de las autoridades civiles, no tenemos ningún otro apoyo jurídico para participar (en realidad, el Ejército y la Marina están desplazando a las autoridades civiles, como ha sucedido en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde los policías municipales fueron hechos a un lado usando el enclenque argumento de que esos agentes locales serían capacitados en instalaciones castrenses).

Sin embargo, Cienfuegos se lanzó al frente a bayoneta calada: si contáramos con un marco jurídico que nos permitiera hacer investigación, denuncias y todo lo que corresponda, seríamos mucho más efectivos. De un golpe, los militares se convertirían en depositarios de un poder aún más avasallante e intimidante, tanto por el caracter discrecional con el que sería ejercido como por el muy sabido estilo violatorio de derechos y garantías que ejerce un cuerpo armado, cuya mira natural se dirige hacia el exterminio del enemigo. Oficiales y tropa facultados para investigar directamente lo que a su parecer así lo requiriera, para atender denuncias conforme a su acerado parecer y para meterse en todo lo que corresponda. Así se piensa hoy en las alturas del poder político y en su vertiente militar ansiosa de entregar resultados más efectivos. Muy preocupante atreverse siquiera a plantear tamaña modificación constitucional.

Los responsables de estudiar y eventualmente aprobar esa solicitud de expansionismo militar están más preocupados por obtener réditos políticos y económicos del reformismo en curso. El diputado Víctor Manuel Jorrín (de mayoría, por uno de los distritos electorales federales de Acapulco, a nombre del Movimiento Ciudadano, antes Convergencia) ha hecho saber que en el presupuesto federal recientemente aprobado hay una partida de cinco mil millones de pesos a repartir entre los 500 ocupantes de curules, para que cada uno de estos decida en qué obra o servicio desea gastar los diez millones de pesos que le tocarían. Así sucedió también el año pasado, pero ahora pareciera evidenciar una especie de compra del voto de los diputados a favor de la miscelánea fiscal y su posterior traducción presupuestal.

Lo peor es que esos diputados suelen cobrar porcentajes sobre los montos presupuestales que consiguen para presidentes municipales y gobernadores (con más razón en arreglos directos sobre dinero que les ha sido asignado, como los 10 millones antes mencionados). Es usual que pidan veinte por ciento de comisión, la mitad para gastos políticos, como campañas y propaganda en general, y la otra mitad para gastos operativos que normalmente acaban en cuentas bancarias personales o familiares del diputado gestor.

A pesar de contar con vigorosos afluentes económicos desde gobiernos delegacionales capitalinos, arcas partidistas oficiales y benevolencias pactistas extraoficiales, el PRD-Chucho no logró ni siquiera acercarse a las peores marcas de asistencia del lopezobradorismo en la Plaza de la Constitución. El acto organizado por el sol azteca bajo la intencionalmente imprecisa consigna de Modernizar sin privatizar contó con un elenco notable en el templete pero careció de pasión y credibilidad, con una duración breve a la hora de los discursos (menos de la mitad de lo que a veces tarda López Obrador en usar el micrófono) y una audiencia escenográficamente dispersa en la plancha del Zócalo para aparentar una mayor concurrencia y ayudar a la toma de fotografías amables.

En esta tanda de lánguida oposición al reformismo energético peñista destacó la presencia de Cuauhtémoc Cárdenas, quien declaró políticamente ilegítima esa pretensión, calificó de cuentos las cuentas de Los Pinos sobre el tema e insistió en su plan de largo plazo mediante una consulta ciudadana en 2015. El jefe del gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, estuvo presente en el acto y apoyó la estrategia cuauhtemista. También asistieron los gobernadores Arturo Núñez, presuntamente lopezobradorista, y Graco Ramírez, abiertamente proclive al peñismo. Ausentes, AMLO, como era natural, pues ni perredista es ya. Pero, sobre todo, Marcelo Ebrard, quien pareciera ir quedando fuera del espectro del sol azteca. ¡Hasta mañana!

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