El mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas ha atendido en lo que va del año 102 casos. De éstos, 20 por ciento fueron clasificados como de alto riesgo y requirieron medidas de seguridad extraordinarias, es decir, apoyo urgente para proteger la vida del amenazado.

Según el más reciente reporte del mecanismo operado por la Secretaría de Gobernación (SG), al que tuvo acceso este diario, precisa que nueve personas (ocho defensores y un periodista) tienen escolta federal porque han sido amenazados y/o perseguidos.

El reporte subraya la necesidad de definir los criterios para la revisión de los casos, en cuanto al grado de protección, a fin de establecer cuándo se requiere aumentar o disminuir el ámbito de seguridad.

El mecanismo tiene el propósito de proteger a quienes por su actividad (defensa de garantías básicas o en el trabajo de comunicación) han sido amenazados.

Cuenta con una base financiera de un millón de pesos, cuyo gasto se rige por medio de un fideicomiso.

Este esquema opera de modo independiente a los apoyos que brinda, por ejemplo, la Procuraduría General de la República, a quienes hayan sido amenazados en su contexto familiar (por ejemplo, las mujeres agredidas por su pareja), así como cualquier ciudadano que afirme o se compruebe que ha sido amenazado.

La procuraduría utiliza incluso propiedades incautadas a presuntos narcotraficantes para alojar ahí a la gente que huye de criminales.

Los nombres de las personas incluidas en el mecanismo en favor de activistas y comunicadores no se revelan por razones de seguridad, aunque se constató que, por ahora, si bien ninguno cuenta con vehículos blindados, éstos son conducidos y custodiados por agentes federales.

Las medidas de protección incluyen, en algunos casos, autos blindados, guardias, chalecos antibalas, alarmas (en casas y oficinas), sistemas de protección vía Internet (denominado ‘botón de pánico’, una aplicación colocada al celular para comunicarse directamente con la policía) e incluso la evacuación inmediata ya sea para cambiar la residencia de las personas en riesgo de ciudad, estado e incluso para sacarlos del país.

Las posibilidades de apoyo se extienden a atención médica y sicológica urgente, así como cualquier otra vía que apruebe la Junta de Gobierno del mecanismo.

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es operado por una Junta de Gobierno, presidida por la SG; en esta instancia de decisión hay representantes de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional de Seguridad y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Cuenta también con un consejo consultivo integrado por representantes de la sociedad civil; en este caso son dos defensores de garantías básicas y dos comunicadores.

Para su operación, el mecanismo cuenta con tres unidades: recepción de datos y reacción rápida; evaluación de riesgos, y unidad de prevención, seguimiento y análisis.