l estado nación se sustenta en tres principios básicos: el pueblo (los nacionales de cada país), las autoridades legítimas (sistema político y cuerpo legal) y el territorio. Pero desde finales del siglo XX y lo que va del presente siglo se ha dado un intenso proceso de reformulación del estado la nacionalidad, el principio de autoridad y el control de territorio.
El principio de la nacionalidad única, que se sustentaba en la Convención de La Haya en 1930 ha ido poco a poco resquebrajándose. En México, la reforma a la ley de la nacionalidad dio pie al principio de que la nacionalidad es irrenunciable, por tanto no se pierde esta si se adquiere otra. Al mismo tiempo, los nacidos en el país de padres extranjeros ya no tienen que renunciar o confirmar su nacionalidad única a los 18 años, pueden conservar su nacionalidad. Finalmente, los hijos de extranjeros nacidos en el país pueden postular a la Presidencia de República. Falta todavía avanzar en el ámbito de los derechos de los naturalizados, que tienen muchas limitaciones, y en los derechos políticos de los residentes legales, por lo menos a nivel de elecciones locales.
En lo que respecta al principio de autoridad, su legitimidad se sustenta en el principio de la elección democrática, pero cada vez más las autoridades se tienen que sujetar a principios generales y universales, como los Derechos Humanos y los acuerdos y convenios internacionales firmados y sancionados por el Congreso. La autoridad nacional ya no es única, el estado ya no es un poder absoluto y está sujeto a otras instancias cuyas decisiones son vinculantes. En ese sentido, la decisión de la Corte Interamericana de Justicia sobre el caso del guerrerense Rosendo Radilla –detenido desaparecido– es premonitoria de lo que puede suceder en el futuro.
Finalmente, también se rompe con el principio absoluto del control del territorio desde el momento en que el estado mexicano abre sus fronteras a la libre circulación de mercancías, bienes y capitales y se derogan impuestos y alcabalas para ciertos países y determinados productos. En segunda instancia, se liberalizan los controles para el ingreso y el requisito de visas para extranjeros, se asume la realidad y se acepta la migración intrarregional como sería el caso de la migración histórica en la frontera sur entre México y Guatemala.
En este contexto, donde el estado nación y la ciudadanía son en cierto modo relativizados, surgen las alianzas regionales a nivel global que empiezan por la libre circulación de mercancías, progresivamente avanzan a facilitar la circulación de personas, se liberaliza el acceso a los mercados de trabajo, desaparecen propiamente los controles fronterizos, se buscan acuerdos para lograr una identidad supranacional, se establece un pasaporte comunitario, se eligen parlamentos y cortes regionales y finalmente una moneda común.
En el caso de México y el acuerdo comercial de América del Norte, no hemos avanzado más allá del primer paso: liberalizar el tránsito de mercancías. No hay en el horizonte de corto y mediano plazo ninguna posibilidad de facilitar o suprimir los trámites de visas, ya no se diga el acceso a mercados de trabajo.
La ubicación geopolítica de México, tiene grandes ventajas, pero también claras desventajas. Ser vecino del país más poderoso del mundo, no necesariamente nos acerca a Estados Unidos. Nos separa un asimetría de poder, por el momento infranqueable. Nos separa un muro divisorio y una frontera militarizada, que existe, aunque muchos se empeñen en minimizarla. Nos separan sistemas y prácticas legales totalmente diferentes, la lengua, la cultura. En fin, la lista podría ser interminable.
Por decirlo de manera coloquial: la casualidad geopolítica nos ha permitido ser la cola del león. Y por nada queremos ser cabeza de ratón, que bien podría ser una posibilidad. Porque una cosa no quita la otra, se trata de sumar-sumar. Por el contrario, los factores que nos unen con Centroamérica son muchos: historia, fronteras, lengua y cultura para empezar. Y para concluir una asimetría de poder que replica en escala diferente y en dirección opuesta a la que tenemos con Estados Unidos y que en este caso juega a favor de México.
En América Latina se gestan tres procesos de integración regional, acuerdo comercial y libre circulación, de los cuales México está excluido. El modelo incipiente de libre circulación del cono norte centroamericano conocido como CA4, el acuerdo comercial del Caribe (Caricon) que ya plantea la libre circulación. Y el modelo mucho más avanzado de Unasur que incluiría a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y al Mercosur.
En el Unasur ya se dejó atrás un asunto de permanente negociación: el tema comercial. Pero se avanza hacia la libre circulación para los sudamericanos (sin requerimiento de visa o pasaporte), se agiliza el tránsito fronterizo; están funcionando el parlamento andino; se facilita notablemente el acceso al mercado de trabajo con el único trámite de solicitar la residencia, después de dos meses de estancia; se considera a la migración intrarregional como un factor esencial y motor del desarrollo y se avanza en las conferencias regionales en la discusión sobre una identidad supra nacional.
En algunos sectores políticos y académicos se afirma y se piensa que hacer negocios con el estado de Arkansas, por ejemplo, sería más rentable que con cualquier país centroamericano. Puede ser. Pero esa relación es únicamente comercial. Esta relación produce buenos negocios para algunos, pero no genera desarrollo.
En un contexto mucho más amplio de verdadera integración regional, se puede avanzar hacia estadios superiores que multiplican por diez las ventajas meramente comerciales. Más aún, una cosa no quita la otra. Hay que mantener la relación comercial con Estados Unidos y Canadá, pero avanzar en un integración mesoamericana y, posteriormente, latinoamericana.
