Chilpancingo, Gro., 16 de noviembre.

La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) de Guerrero ha recibido en los cinco años recientes la solicitud de 26 medidas cautelares por dirigentes de organizaciones sociales del estado; se presentaron ocho quejas, de las cuales se emitieron cinco recomendaciones; sin embargo, cuatro líderes sociales fueron asesinados a pesar de la protección solicitada, afirmó Hipólito Lugo Cortés, visitador general del organismo.

El último que solicitó medidas precautorias fue Luis Olivares Enríquez, dirigente de la Unión Popular de Productores de la Costa Grande, ejecutado junto con su esposa el 10 de noviembre pasado en Coyuca de Benítez.

Vino acompañado por familiares y un abogado del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. En su queja denunciaron incursiones de la Marina y la policía ministerial en la colonia Fuerte Emiliano Zapata, en Coyuca de Benítez. Además, solicitó medidas precuatorias para él y sus compañeros.

Su queja se turnó a la mesa de trámite número dos, para que se abocara al caso, pero reconoció que no se actuó con oportunidad y eso ocasionó que el titular de la Coddehum, Juan Alarcón ordenara una investigación interna para deslindar la probable negligencia de dos trabajadores en la emisión de las medidas.

Protección tardía para Olivares

Lugo Cortés explicó que el personal de la Coddehum, que incluye a cinco visitadores adjuntos, el presidente y el visitador general tienen la facultad de emitir las medidas cautelares. El día del homicidio de Luis Olivares, hablé a la subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno estatal para solicitar que se otorgaran las medidas cautelares a su esposa, pero fue demasiado tarde .

Precisó que entre las 26 peticiones estaban el caso de la activista ecologista Juventina Villa, se dispusieron medidas cautelares a petición de la Coddehum y contaba con protección de agentes de Seguridad Pública del estado cuando fue asesinada en 2012 en la sierra de Coyuca de Catalán.

La dirigente campesina Rocío Mesino también las tenía, así como seguridad de la policía preventiva municipal de Atoyac de Álvarez, pero igualmente resultó asesinada a balazos por un grupo de desconocidos apenas el 19 de octubre pasado.

Respecto de los activistas de Iguala, Arturo Hernández Cardona y Raymundo Flores Velázquez, el visitador manifestó que las recomendaciones se emitieron después de que fueron encontrados muertos en junio anterior. En el gobierno de Ángel Aguirre Rivero han sido asesinados 13 dirigentes sociales.

En los casos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas (mixtecos asesinados en 2009), tenían medidas cautelares, y aun así los asesinaron; es lamentable y también resulta preocupante que se den ese tipo de actos que atentan contra la garantía individual más fundamental, que es el derecho a la vida, puntualizó.