El TPP: tiro de gracia
para el campo mexicano

Víctor Suárez Carrera Director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC); twitter: victor_suarez

Dos décadas de Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, 1994-2013) y sus funestas consecuencias para el campo mexicano parecen haber vacunado al movimiento campesino y a los estudiosos del agro respecto de la existencia en progreso de otros y mayores peligros como lo son la privatización petrolera y el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica Estratégica (TPP), que amenazan con dar el tiro de gracia a la soberanía alimentaria del país y a la perspectiva de un campo con campesin@s, comunidades rurales y pueblos indígenas, así como con sustentabilidad, derechos y dignidad.

Efectivamente, diversas voces en el movimiento campesino nacional argumentan que el TLCAN y la mercadocracia ya no representan un problema para el sector agroalimentario, toda vez que los mercados agrícolas internacionales se encuentran en una fase de precios altos y, por lo tanto, las importaciones de alimentos ya no representan un problema para los productores nacionales.

Los hechos contradicen por completo estas interpretaciones simplistas y pragmáticas dado que la cesión de soberanía en el comercio exterior agroalimentario a favor de las corporaciones trasnacionales ha cancelado, ya sea con precios bajos o con precios altos, toda posibilidad para el establecimiento de una política nacional de largo plazo para la autosuficiencia alimentaria sustentable, con base en la pequeña y mediana unidad de producción, que permita el establecimiento de precios remunerativos al productor y proporcione un horizonte de certidumbre en la comercialización. En suma, que posibilite una justa valorización del trabajo campesino y de la vida rural, así como una nueva relación naturaleza-sociedad-Estado.

A 20 años del TLCAN pareciera que el “libre mercado” y el poder –comercial, económico, financiero y político- de los monopolios agroalimentarios ya es parte de nuestra weltanschauung, de nuestra cosmovisión de lo agroalimentario y rural, y que, efectivamente, el neoliberalismo ha obtenido una “victoria cultural” en México.

La mala noticia es que sí hay algo peor que el TLCAN: el TPP, que es un TLCAN recargado que el gobierno de Peña Nieto negocia en la clandestinidad, continuando con los acuerdos del calderonato, y que se pretende concluir y firmar a finales de 2013.

El TPP es un acuerdo vergonzante puesto que ya no se atreven a incluir las palabras “libre comercio” y “privatización”. Dos décadas de fracasos sistemáticos y promesas incumplidas del TLCANhan sido suficientes para descontinuar el uso de dichos términos y sustituirlos por eufemismos tales como “asociación económica estratégica” y “modernización”, respectivamente.

El TPP obedece a una iniciativa estadounidense de carácter geopolítico y geoeconómico de múltiples alcances. Por un lado, busca eludir a la Organización Mundial de Comercio (OMC) con TLCs con países incondicionales, toda vez que en los tres lustros recientes dicho organismo multilateral no se ha plegado plenamente a sus intereses. Por otro, ante el fracaso del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y el avance de los procesos autónomos de integración de los países sudamericanos (Mercosur, Unasur, Banco del Sur), Estados Unidos (EU) crea la Alianza del Pacífico con Chile, Colombia, Perú y México y la participación de éstos en el TPP. Asimismo, el TPP tiene la finalidad de aislar a China y obstaculizar el proceso de integración económica de los países asiáticos sin EU (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN).

Los países que están negociando el TPP son: EU, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Malasia, Singapur, Brunei, Perú, Chile y México. Japón y Tailandia están en proceso de incorporación.

El proceso del TPP inició en 2005 y después de 14 rondas de negociación nuestro país se incorpora en junio de 2012 a “invitación” de Obama a Calderón en la Cumbre de Grupo de los 20 de Los Cabos. Un principio de la negociación es que todo se negocia y nada se excluye y que los países que se van incorporando al proceso aceptan tal cual todo lo negociado en las rondas previas. Sin embargo, cabe resaltar que el gobierno japonés tiene un mandato de su congreso de excluir al sector agropecuario de toda negociación en el TPP, si bien no hay un capítulo agropecuario propiamente dicho y los textos en proceso de negociación no son conocidos.

El TPP busca profundizar el TLCAN y superar los límites que no pudieron ser salvados en dicho acuerdo: liberalización comercial total, libertad y protección absoluta a inversiones extranjeras, tribunales independientes para dirimir controversias entre Estados y corporaciones, ampliación de la protección a la propiedad intelectual y en especial extensión de la vigencia de las patentes principalmente farmacéuticas, reglas de reproducción y copia en internet (copyright, ACTA), ningún sector se excluye.

Para el sector agroalimentario mexicano, el TPP+TLCAN implicaría pasar de 42 por ciento de dependencia alimentaria a 80 en el próximo decenio.

La rama cafetalera estaría amenazada por la libre importación de café robusta proveniente de Vietnam. Bajo la nestlización de la política cafetalera, nuestro país avanzaría hacia la “robustización” de su sector cafetalero afectando a cientos de miles de pequeños productores indígenas de café arábiga de altura.

La rama de lácteos se vería afectada severamente por la libre importación de leche en polvo, quesos y otros derivados. Al respecto baste mencionar que los productores lecheros estadounidenses asumen que quedarán fuera del mercado si se concreta el TPP.

Por lo que hace a los cárnicos, verán afectada su participación en el mercado nacional por las importaciones de Australia y Nueva Zelanda.

Para los arroceros, las amenazas para completar la dependencia total de las importaciones provienen de la libre importación de Vietnam y de Tailandia, en su caso. Y para la producción de trigo, los riesgos estarían por el lado de las importaciones provenientes de Australia.

Como se observa, el TPP representa el tiro de gracia para el campo mexicano, dado que completaría el proceso de pérdida de soberanía alimentaria y abandono del campo llevado a cabo por el TLCAN y las políticas  gubernamentales nacionales.

Es urgente romper con el secretismo de las negociaciones gubernamentales, promover una deliberación pública abierta y asumir que 20 años del TLCAN son suficientes para frenar el TPP. Asimismo, es ineludible que el tema sea parte de la agenda de cambios de la política agroalimentaria y rural que enarbolan las organizaciones campesinas autónomas.

Las recientes modificaciones constitucionales en favor de los derechos humanos y su primacía sobre los tratados comerciales, la elevación del derecho a la alimentación a rango constitucional así como otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, constituyen nuevas  herramientas de lucha y resistencia contra el TPP en particular y contra las políticas neoliberales hacia el campo en general.

El Acuerdo Transpacífico: un TLC recargado Alberto Arroyo Picard Investigador UAM-I y miembro de la coordinación colectiva de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) 1.- No se aprende. México tiene acuerdos de liberalización económica con 57 países a nivel internacional. Lo menos que se le debe exigir al gobierno mexicano es que haga caso de los múltiples balances serios e independientes de los resultados de dichos Tratados de Libre Comercio (TLCs). La realidad exige cambiar el rumbo y no embarcarnos en un nuevo acuerdo que profundiza todos los conocidos. 2.- Origen del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TTP). México solicitó sin consultar, ni siquiera al Senado, menos al pueblo, su incorporación a las negociaciones de este nuevo tratado en noviembre de 2011. Los países ya incorporados a la negociación sí realizaron consultas sobre aceptar la solicitud de México y casi un año después, y con condiciones de las que hablaremos más adelante, el 8 de octubre de 2012, le comunicaron a México su aceptación oficial en la negociación del TTP. El TTP se firmó originalmente en 2006 entre cuatro países (Singapur, Nueva Zelanda, Chile y Brunei). Estados Unidos se incorporó en 2008 agregando obligaciones sobre inversiones y servicios financieros, y después se invitó a otros países (Australia, Perú y Vietnam). Actualmente participan 12 países: Brunei, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam, Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Perú y recientemente se incorporó Japón. Han manifestado sus intenciones de incorporarse, entre otros, Costa Rica, Panamá y Corea del Sur. 3.- Condiciones impuestas a México. Es importante destacar que México se incorporó cuando la negociación ya estaba muy avanzada (desde noviembre de 2011 hay un marco de acuerdo, aunque se mantiene en secreto) y le impusieron una serie de condiciones de las que destaco sólo dos expresadas por la poderosa Asociación de Industriales de Estados Unidos (NAM, por sus siglas en inglés): a) “… aceptar el texto ya acordado por los negociadores de los nueve  países originales y no reabrir esos capítulos…” Es decir, se trata de una adhesión y no propiamente de una negociación. México informó al Senado que iniciaría negociaciones, y no como debió haberlo hecho, apegándose a la legislación aplicable, haber entregado el texto consolidado del estado de la negociación para que fuera ratificado por la Cámara de Senadores. b) ELos países deben comprometerse a un acuerdo global sin exclusiones a priori”. Es decir que no plantee excepciones o exclusiones (léase lo que le prohíbe la Constitución). Esta es una de las razones por las que Peña Nieto propone la reforma constitucional en materia energética. México acepta esta condición a diferencia de Japón que, antes de aceptar entrar al grupo, negocia sectores que excluirá. Si se consuma la intención de Peña Nieto de reformar los Artículos 27 y 28 constitucionales, el petróleo y la electricidad entrarán a las obligaciones pactadas en los TLCs. Lo anterior es expresamente legislado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) al decir: “…en la medida en que una Parte permita realizar una inversión en una actividad establecida en el Anexo III o en el Anexo 602.3 (anexos que enlistan las actividades que son exclusivas del TLCAN), tal inversión estará cubierta por la protección del Capítulo XI, Inversión” (Nota dos referente al Artículo 1101, ámbito del capítulo de inversiones, y al anexo 602.3 que marca las excepciones en el capítulo sobre energía). Ello implica muchas cosas, pero destaquemos al menos las tres siguientes: -Los monopolios globales de la energía tendrían trato nacional, es decir competirían en igualdad de condiciones con Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). No es verdad que estas empresas estatales licitarían sólo lo que consideren; estarían obligadas a abrir a licitación internacional prácticamente todos sus contratos y compras públicas y podrían perderlos. -Los inversionistas extranjeros en este estratégico sector adquieren todos los derechos que les dan los TLCs. Entre ellos demandarnos en tribunales de arbitraje fuera del país. Por ejemplo, si México modifica un contrato, o incluso define una política pública que los inversionistas extranjeros consideran que afectará sus ganancias, nos pueden demandar por la llamada “expropiación indirectae (se considera una expropiación de las ganancias  esperadas cuando decidieron invertir”, y como toda expropiación hay que pagarla). ¿En estas condiciones se atreve a hablar el gobierno de que conserva la soberanía? -Los TLCs y peor el TTP convierten estas reformas legalmente en casi irreversibles. Incluso si nos atreviéramos a salirnos de los TLCs, estos prevén que mantendrían su vigencia al menos diez años más. Es inviable lo que plantea Cuauhtémoc Cárdenas, de que en la eventualidad de que seamos derrotaros y se consumen los cambios del 27 y 28 constitucionales, podamos revertirlo en una consulta vinculante en el 2015. Habría múltiples elementos en los TLCs que les permitiría demandarnos. Hay que preguntarnos qué más se pactará en esta materia en el TTP. ¿Acaso la llamada cláusula de abasto seguro, de la que México se excluyó en el TLCAN? Esta cláusula obliga a Canadá a mantener constante el porcentaje de su plataforma petrolera de exportación que vende a Estados Unidos. Esto implica que si por alguna razón disminuye la extracción de petróleo, hay que mantener el porcentaje de dicho petróleo que se exporta a Estados Unidos y ello podría implicar que importe petróleo para su propio consumo. Lo que es claro es que Estados Unidos quiere aprovechar la negociación del TTP para lograr en materia energética lo que no se pudo con el TLCAN. Los asesores del Congreso de Estados Unidos lo dicen expresamente: “Las negociaciones del TPP pueden proporcionar un espacio para abordar cuestiones adicionales, tales como el reconsiderar la exclusión en México de la inversión extranjera en su industria petrolerar. 4.- La estrategia geopolítica-económica estadounidense de la cual forma parte el TTP. Esta estrategia se puede vislumbrar en un documento de los asesores del Congreso de Estados Unidos del que entresacamos algunas de sus ideas principales. Se trata de un acuerdo que progresivamente vaya incorporando a nuevos países, pero los invitados iniciales deben ser gobiernos absolutamente convencidos de las bondades del libre comercio para poder avanzar. La forma de negociar el TTP surge de una evaluación implícita de que las dificultades de la fallida Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y de la estancada Ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio (OMC) se debe a que en ella han estado países Eno convencidosn y ello impide avanzar o llegar a acuerdos más profundamente liberalizadores. Con el TTP en cambio, se pretende acordar entre los países afines al libre comercio para buscar un acuerdo que no deje sectores protegidos, incorporar nuevas disciplinas en materia de competencia, papel del Estado y las compras públicas, inversiones y propiedad intelectual, y, una vez concluido, se invitaría a todo el que quiera adherirse sin modificar lo ya acordado. Incluso llegan a decir que quizá es la forma de destrabar o a largo plazo sustituir a la OMC. Por otra parte, en la visión de Estados Unidos, el TTP no sólo busca penetrar con sus exportaciones e inversiones la región más dinámica del mundo actual, sino también hacerle contrapeso, en su propia región, a China. El proceso del TTP está estrechamente vinculado al de la llamada Alianza del Pacífico. Esta alianza es una iniciativa de integración regional conformada por Chile, Colombia, México y Perú, creada el 28 de abril de 2011, en la que homologan y profundizan los TLCs bilaterales que han firmado. Estados Unidos y una creciente lista de países ya están en la lista de espera para entrar. Especialmente peligroso es que están jalando a Uruguay y Paraguay del Mercado Común del Sur (Mercosur), y a Ecuador, República Dominicana y Nicaragua, que son parte de la Alianza Bolivariana para América (Alba), y con ello dividir y obstaculizar los esfuerzos de una integración diferente. En síntesis, con la Alianza del Pacífico Estados Unidos busca consolidar el bloque de países afectos al libre comercio y sobre los que aún tiene una hegemonía, pero a la vez dividir los bloques que buscan una integración distinta. Posteriormente Estados Unidos buscará que los agrupados en la Alianza del Pacífico se adhieran al TTP que es el TLC más ambicioso del que se tenga registro. 5.- Conclusión o tareas. Hoy hay creciente conciencia de que el modelo del libre comercio e inversión no sólo ha fallado en dar los frutos prometidos, sino que en la medida en que se ha consolidado en legislación supranacional, impide a los países buscar caminos distintos. Esta conciencia ya no es únicamente del movimiento social globalizado, sino de gobiernos en nuestro continente y en el mundo. Con diversos grados de congruencia y radicalidad es el caso de procesos como el Mercosur, Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y Alba, pero también de Sur África y la India, que están buscando renegociar o romper los acuerdos de libre comercio y los tratados de inversión. El actual gobierno mexicano se mantiene ajeno a estos procesos y dando pasos en camino contrario. En lo inmediato hay que exigir transparencia y divulgación sobre el contenido de lo que se está negociando en el TTP y demandar al Senado Mexicano que ejerza sus facultades en materia de política exterior. Hay que socializar los peligros del TTP e impulsar la organización, tanto nacional como internacional, para enfrentar este proceso. El balance de resultados a 20 años del TLCAN y 30 de neoliberalismo en México debe servir como un insumo en este proceso de resistencia. Los 20 años del TLCAN nos dan suficientes razones para decir no al TTP.

La reforma al artículo 27
y la revolución de los ricos

FOTO: Archivo de Proyectos

Francisco López Bárcenas

La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) concretada hace 20 años culminó una serie de medidas que desde décadas atrás se venían realizando en la “revolución de los ricos”, como Carlos Tello y Jorge Ibarra denominan a la etapa neoliberal del capitalismo mundial, en una obra que publicaron el año pasado.

Un año antes de este acontecimiento, el 6 de enero de 1992, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas al Artículo 27 constitucional, para permitir la privatización de las tierras ejidales y comunales, y legalizar la entrada del capital privado en ellas. Esas reformas fueron de tal magnitud que implicaron el rompimiento del pacto social plasmado en la Constitución Federal de 1917 y afectaron profundamente la propiedad de los recursos naturales, incluidos la tierra, el agua, los bosques y la minería.

Ya desde febrero de 1971 la diputación panista de la XLII Legislatura haría propuesto transformar el ejido en propiedad limitada, permitir la asociación de pequeños propietarios con capitalistas privados, y declarar el fin del reparto agrario y crear tribunales que lo finiquitaran. Entonces, esas propuestas merecieron el rechazo priista y hasta un ataque del ala de la Confederación Nacional Campesina (CNC) contra algunos diputados panistas que las impulsaban, entre ellos los hermanos Álvaro y Diego Fernández de Ceballos.

La iniciativa panista no tuvo éxito pero la demanda empresarial para lograr la reforma persistió… desde el gobierno priista. En 1979 el entonces presidente José López Portillo envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Fomento Agropecuario, que fue aprobada el 27 de diciembre de 1980. En ella, por primera vez en la historia del siglo XX, se admitió la firma de contratos entre propietarios capitalistas y ejidos, lo que permitía a los primeros el aprovechamiento de las tierras de los segundos. La reforma era un avance pero no satisfizo a los empresarios, que iniciaron una embestida para conseguir sus propósitos. En 1984 crearon el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), aglutinando a las asociaciones agrícolas, agroindustriales y ganaderas de corte empresarial, cuyo logro más visible fueron los 293 mil 884 certificados de inafectabilidad que Miguel de la Madrid les entregó. Cifra considerable si se compara con los 193 mil 97 que hasta el sexenio anterior se habían entregado.

En 1988, cuando iniciaba el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, los miembros del CNA sostenían que la modernización del campo requería finalizar el reparto agrario, rediseñar el ejido para permitir su capitalización y combatir el minifundio con los mismos fines. Para 1990 recomendaban eliminar del cuerpo de la ley los apartados que habían fundamentado jurídicamente el reparto agrario, flexibilizar el sistema ejidal con una clara y sostenida tendencia a la privatización y reconocer el derecho del ejidatario a arrendar su tierra. Cuando Salinas presentó su iniciativa de reforma del Artículo 27 constitucional recogió sustancialmente los mismos propósitos: terminar el reparto agrario, dar seguridad jurídica a la tenencia de la tierra y permitir el arrendamiento y venta de la tierra para capitalizarla. Así se preparaba el despojo a los ejidos para convertir su patrimonio, hasta entonces colectivo, en propiedad privada.

Con la reforma del Artículo 27, se abrió la puerta al TLCAN, y se concretó el trazado para despojar a México de sus recursos naturales. Si bien desde antes el sistema jurídico ya permitía que las empresas trasnacionales se apropiaran de la riqueza natural del país sin problema, el Tratado borró aspectos claves de la soberanía nacional, como la cláusula Calvo, punto clave de la protección de la soberanía de los Estados. Y bajo el rubro de protección a la inversión extranjera del Capítulo 11 del TLCAN, el Estado mexicano renunció a su derecho soberano de someter a juicio a las trasnacionales si no se ajustaban a las normas del país.

Con base en la reforma al 27 y en disposiciones del TLCAN, se reformaron varias leyes enfocadas a crear el entramado institucional y normativo que necesitaban para sustentar el nuevo sistema de acumulación y despojo. Destacan la Ley Minera, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Agraria, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Federal de Derechos, la Ley de Inversión Extranjera y el Código Civil y los reglamentos de varias de ellas.

Con base en estas reformas, tierras que antes producían alimentos para los mexicanos, han sido adquiridas o arrendadas por los capitalistas para la siembra de productos de exportación, proyectos turísticos o inmobiliarios; los recursos mineros, que antes fueron de los mexicanos, están en poder de trasnacionales, principalmente canadienses; el agua, indispensable para la vida, está yendo a parar a empresas privadas que la convierten en mercancía; los recursos genéticos contenidos en la biodiversidad nacional, así como el conocimiento tradicional asociado a ellos, corren la misma suerte; los campesinos y pueblos indígenas están perdiendo en control de sus tierras y territorios por la vía de creación de Aéreas Naturales Protegidas y los servicios ambientales.

La revolución de los ricos está en pleno apogeo. Está pendiente una reforma constitucional que permita la entrega de las playas a los extranjeros, junto con otra a la Ley Agraria para volver más fácil la conversión de las tierras ejidales. Pero la más agresiva es la reforma energética y petrolera propuesta por el presidente de la República. Todo indica que esta revolución sólo podrá ser detenida por movilizaciones populares organizadas, pero además alejadas de los círculos institucionales de poder, donde toda lucha reivindicativa termina en negociaciones que llena los bolsillos de los dirigentes mientras el despojo a los mexicanos y al país sigue adelante.

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