Fernando Celis
Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC)

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha sido un verdadero desastre para el campo mexicano porque ha consolidado el dominio de las empresas agroalimentarias, que en algunos casos son trasnacionales e imponen un modelo de consumo a partir de materias primas más baratas y con alimentos que tienen muchos conservadores y saborizantes. Supuestamente son productos más baratos pero dejan muchas ganancias a estas empresas. Y el gobierno ha sido muy permisivo. Incluso México se distingue de otros países porque aquí las compañías pagan precios por productos agrícolas menores que los que pueden pagar en otros países. En México hay menos regulaciones para estas empresas; por ejemplo en café hay un exceso de azúcar y de saborizantes artificiales en varios de los productos industrializados. El TCAN ha permitido también la fortaleza de los monopolios y oligopolios, que dominan ya una buena parte de la agricultura mexicana. El TLCAN ha brindado protección a esos monopolios escudado en una aparente liberalización comercial y esto es poco conocido. Por ejemplo, en el marco del TLCAN, Nestlé -que participa en 65 por ciento del café tostado y molido que consume el país y en un 80 por ciento en el caso del café soluble- es beneficiada de aranceles cero para importar materia prima, pero cuenta con protección ante las importaciones de café procesado, vía reglas de origen a tal grado que no hay entrada de cafés procesados de otras marcas de Norteamérica al mercado mexicano. Así, antes del TLCAN teníamos un mercado muy regulado, con intervencionismo estatal, y luego pasamos al otro extremo, de liberalización, pero no sólo eso, sino proteccionismo para los monopolios. Por eso estas empresas pueden tener el control del mercado. Y adicionalmente las políticas fiscales y otras se acomodan a los intereses de estas empresas. Otra cuestión es que el gobierno mexicano aceptó esto de las “ventajas comparativas”, que implica traer los alimentos de donde resulte más barato. Así, esto ha destruido la producción nacional de arroz; se hacen importaciones masivas de maíz amarillo de Estados Unidos; se trae café robusta de Vietnam. Esto ha propiciado un exceso de importaciones que han desmantelado la producción nacional y han generado una presión de precios muy bajos para los productores. Y el movimiento campesino no ha podido responder de manera masiva para tratar de rescatar el funcionamiento del Estado y contrapesar a estas empresas. El saldo del TLCAN es muy negativo para el campo, lo más preocupante es que hay encuestas a los campesinos que muestran que 80 o 90 por ciento de ellos prefieren que sus hijos ya no se dediquen al trabajo en el campo. Los jóvenes no ven perspectivas en el campo, pues se han demeritado no sólo los precios y los productos agrícolas, sino la imagen del trabajo rural. Hay una gran duda de qué va a pasar en 20 años, quién va a trabajar en el campo. Es muy degradante todo el manejo institucional, hay mucho cinismo, pues el gobierno dicen que si no hay producción, la podemos importar. Consideran que se puede prescindir de los campesinos en México.

Gerardo Sánchez
presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC)

Si bien es cierto que el Tratado ha sido muy positivo para el país en cuanto a la actividad industrial y de comercialización, no ha sucedido así con el campo; los beneficios se han tardado en llegar allí: ha crecido la migración hacia Estados Unidos y las ciudades más grandes del país, y esto es en razón de que no hay los apoyos suficientes para los productores y la pobreza rural se ha recrudecido. Desde luego, se debe privilegiar más la actividad agropecuaria. Y eso es lo que hemos propugnado en la Secretaría de Agricultura y de cara al gobierno de la República demandamos que haya una reingeniería que nos permita potencializar al campo. Desde la negociación del TLCAN, suman 7.3 millones los campesinos que han abandonado el campo en México (2.3 millones han emigrado y los otros cinco millones se han dedicado a otras actividades). El riesgo es que año con año tenemos una mayor dependencia alimentaria del exterior, particularmente de Estados Unidos, y no podemos seguir en esa condición. Tenemos que buscar a toda costa cómo diversificar la economía nacional y que el sector primario pueda crecer e incursionar en actividades emprendedoras que le permitan generar desarrollo para la población rural. En la negociación y aplicación del TLCAN tuvimos que haber esperado en algunos productos, que no hubiera sido la apertura definitiva. La implementación del Procampo no compensó suficientemente los subsidios y apoyos que reciben los productores de Estados Unidos y Canadá. También creo que debería haber una política drástica de financiamiento, de fomento a las actividades productivas, de competitividad, de uniformar la comercialización, para que ello nos permitiera hacer rentable al sector primario y no verlo como un problema. Hoy por hoy los problemas están latentes y si bien es cierto que ha crecido el Presupuesto Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC) en el marco del presupuesto general, también es cierto que allí se han metido programas de índole social y no propiamente de rescate de actividades productivas, que es a lo que tenemos que apostarle para terminar, o como una variante, para atacar la pobreza y la pobreza extrema rural. Cumplir 20 años del TLCAN es una extraordinaria oportunidad paraque el gobierno federal recapitule y realice una reingeniería en el sector agropecuario, que nos permita ser más competitivos, que demos una lucha frontal contra la pobreza y la marginación y sobre todo que sea la oportunidad para capitalizar al campo y a sus habitantes.

José Jacobo Femat
Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp)

El efecto de la firma del TLCAN es una disminución en la producción de alimentos en 400 mil toneladas respecto de lo que teníamos hace 20 años; no se detonaron la capacidades productivas del campo; se ha reducido la maquinaria agrícola, y tenemos un desplazamiento de los jóvenes de las actividades en el campo que nos ha dejado una población rural envejecida, con un promedio de 55 años de edad. Los jóvenes no ven que la actividad agropecuaria sea rentable, con futuro. También tenemos una situación de desmantelamiento del ejido y la comunidad como figuras jurídicas asociativas que en otro momento fueron base del desarrollo económico rural; hoy son estructuras envejecidas, anquilosadas, donde los campesinos no se reúnen con la regularidad que en otro momento tuvieron, que no reúnen siquiera para obtener el quórum suficiente para tomar los acuerdos que son importantes para las comunidades. Eso da pie para que la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y la Reforma Agraria (la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu) tomen decisiones por encima de la voluntad de los campesinos, lo cual ha facilitado que territorios de estas comunidades sean detentados por grandes empresas en los megaproyectos mineros, particularmente los eólicos y los de aprovechamiento de mantos de agua dulce y de explotaciones forestales. Además, a 20 años del TLCAN tenemos un mercado nacional inundado con productos alimenticios de otras naciones, pues estamos importando 43 por ciento de los alimentos que consumimos. Hemos abandonado productos estratégicos fundamentales como la soya y el arroz, de los que importamos 95 y 75 por ciento respectivamente de lo que consumimos, a pesar de que tenemos tierra y agua suficiente para la producción de estos alimentos. Sin duda, tenemos también un campo devastado por el avance de la industria, de la construcción de carreteras, de proyectos mineros, y otras situaciones como el crecimiento de la ciudades, que ha generado el agotamiento de mantos acuíferos subterráneos, la contaminación de tierra, la depredación de los territorios, y el que la frontera verde se vaya. Tenemos indudablemente un atraso en nuestro país, que responde a la implantación del modelo neoliberal que está poniendo en riesgo el futuro de la nación, pues entregamos recursos sustantivos yestratégicos a las empresas privadas. En esto caben las reformas constitucionales que se hicieron hace 22 años aparejadas a la firma del TLCAN, para concesionar el agua a particulares (pozos, presas, arroyos, ríos, mantos acuíferos profundos). Y también las concesiones de aprovechamiento forestal, de selvas y bosques, de mantos de agua dulce para empresas particulares, entre ellas las refresqueras principales del país, y empresas ecoturísticas privadas, como la que encabeza la ex secretaria de Medio Ambiente, Julia Carabias en la selva Lacandona desde hace más de 20 años, y que son las principales beneficiarias de esta política de privatización de los recursos naturales y de los territorios indígenas y campesinos.

Max Agustín Correa
coordinador del Congreso Agrario Permanente (CAP)

Hemos analizado que el TLCAN es simplemente la expresión comercial de una política pública aplicada en nuestro país que ha dejado en el campo mexicano dependencia agroalimentaria, quebranto de los productores campesinos e indígenas; que ha dejado pobreza y miseria, y sobre explotación y destrucción de recursos naturales: de agua, suelo, bosques y selvas. Y ese tratado ha impuesto un patrón de comercialización, abasto y consumo de alimentos; ha cambiado el régimen alimenticio de los mexicanos y nos ha dejado como consecuencia enfermedades crónico degenerativas como la obesidad, diabetes, hipertensión, y también un severo problema económico en las finanzas públicas para atender esa crisis de salud. Este modelo va acompañado del modelo Walmart que también está dejando en la quiebra a los pequeños y medianos comerciantes de alimentos así como a los mercados tradicionales y a los tianguis. Sufrimos una pérdida de soberanía y de seguridad alimentaria y desgraciadamente también hambre y violencia.

José Narro Céspedes
Frente Amplio Campesino (FAC)

El TLCAN ha tenido un efecto desastroso y ha llevado a la pobreza a millones de mexicanos que viven el campo, los ha expulsado, y sigue profundizando la descapitalización de los productores rurales en beneficio de un sistema que, por medio de la explotación y el atraco de la riqueza, ha ido constituyendo monopolios de comercialización de los diferentes productos del campo. El TLCAN oficializó el despojo, la especulación y la violencia contra los productores rurales. La riqueza de estas empresas se basa en precios bajos para el productor -en donde no se recuperan los costos de producción- y altos precios al consumidor. Así los monopolios agroalimentarios se han fortalecido en un proceso que suma 30 años. Monopolios como Maseca, Cargill, Valle Verde y La Costeña en el frijol son los que despojan y especulan con la necesidad de los productores, con el único fin de acumular riqueza, sin que hasta la fecha se cuente con ningún mecanismo o estrategia para regular el mercado. No hay libre mercado, porque se encuentra acaparado y monopolizado por dos o tres grupos de empresas comercializadoras. Los programas de subsidios y apoyo al campo, en lo fundamental, son para ellos también. El presupuesto va orientado en un 80 por ciento a programas de subsidio y el 20 restante se concentra sobre todo en apoyos a los que se dedican a la agricultura comercial y a estos grandes monopolios agroalimentarios. La Secretaría de Agricultura tendrá un presupuesto de más de 81 mil millones de pesos en 2014, en comparación con 75 mil 400 millones de gasto en 2013. El gasto por concepto de subsidios sumará 494 mil 200 millones de pesos, con lo cual tendrá una participación de 14.2 por ciento del gasto programable total, con un crecimiento esperado para el 2014 de 18.6 por ciento real respecto al aprobado para el 2013. Dejando a los agricultores campesinos a la deriva y en condiciones de pobreza.