Luces y sombras: 20 años
después de las reformas de 1992
al marco legal agrario

Héctor M. Robles Berlanga

Se cumplieron 20 años de las reformas de 1992 al Artículo 27 constitucional, lo que permite identificar varios cambios que distinguen actualmente el campo mexicano. Estos cambios no se deben sólo a las reformas al marco legal agrario, sino también a modificaciones estructurales que se llevaron a cabo en nuestro país en las tres décadas recientes, en especial lo que significó la apertura mercantil con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la retirada del Estado en las actividades agropecuarias y forestales.

1.- Las modificaciones a la legislación agraria tenían cinco propósitos: dar certidumbre al campo mediante el fin del reparto agrario, revertir el minifundio, capitalizar el campo, promover la organización y asociación productiva y la circulación de la tierra. Ahora se puede decir que si bien concluyó el reparto de tierras bajo la responsabilidad del Estado, se dio un reparto social de tierras, lo que provocó que en tres lustros accedieran a las tierras ejidales y comunales 2.1 millones de nuevos titulares; el tamaño de la parcela disminuyó de 9.1 a 7.5 hectáreas por sujeto, por lo que en este momento el minifundio es la unidad de producción más difundida en el campo mexicano.

Asimismo, se incrementó el número de organizaciones de primer grado y disminuyeron las de segundo grado, con lo que se limitan las posibilidades de generar economías de mayor escala; actualmente, de acuerdo con la información censal, los ejidos y las comunidades se encuentran menos tecnificados y por lo tanto enfrentan mayores dificultades para insertarse en la economía global. Y se extendieron dos nuevos fenómenos en el campo mexicano: la feminización, con un millón 165 nuevas titulares de tierra, y la migración, pues en cerca de 13 mil núcleos agrarios no hay permanencia de la mayoría de los jóvenes.

Sumado a estos resultados, ahora encontramos una gran diferenciación en los núcleos agrarios: en un mismo ejido podemos encontrar ejidatarios con tierras de uso común (TUC), parceladas y su solar; ejidatarios con sólo TUC o sólo con tierras parceladas; posesionarios con certificados parcelarios; avecindados con títulos otorgados por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos (Procede), y avecindados sin títulos.

2.- Uno de los temas que más preocupó de las reformas de 1992 era que las tierras de los ejidos y las comunidades se vendieran o se rentaran. Al analizar los resultados del IX Censo Ejidal 2007 se observó que en dos de cada tres núcleos agrarios hay ventas de tierras; en el 82.4 por ciento de los ejidos en donde se reportó circulación de la tierra, ésta se dio entre los propios miembros del ejido y en un 54.1 por ciento las transacciones se dieron con personas ajenas al ejido.

En los diez años recientes, la compra venta de tierras involucró tres millones 97 mil hectáreas. Si agrupamos la venta de tierras con los contratos que involucran el usufructo de la tierra (renta, aparcería y préstamo de tierras), dominio pleno y conformación de sociedades mercantiles, nos dan 11 millones 553 mil hectáreas, cifra nada despreciable, que representa 6.5 por ciento de la superficie rústica y 36.7 de la laborable del país. En síntesis, cuatro de cada diez hectáreas fueron transmitidas a terceras personas (derechos directos) o cambiaron de régimen de propiedad, mientras que las otras seis hectáreas fueron dadas sólo en usufructo (derechos indirectos).

3.- Recientemente la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) realizó un estudio en 17 países sobre las Dinámicas en el mercado de la tierra en América Latina. El objetivo era analizar antecedentes que muestren la dinámica del mercado de la tierra en la región, que conduce, en determinados casos, a procesos de concentración y de extranjerización de la tierra.

En el estudio de caso de México se reportan las siguientes conclusiones: a) la vía para concentrar tierras en México no es por medio del mercado de tierras, sino mediante el control de los procesos productivos; b) si bien la agroindustria existía desde hace muchos años, su crecimiento y consolidación se da a partir de la implementación de las reformas estructurales en los años 80’s; c) este proceso da lugar a la concentración y polarización. Por un lado, las agro-empresas concentran grandes volúmenes de producción, procesan y comercializan, especialmente para el mercado internacional, y obtienen las mayores ganancias. Por otro lado, vemos una gran cantidad de pequeños productores que viven al día; d) no sólo se está dando un proceso de concentración de tierras de manera indirecta, sino también, cada día son menos las empresas que participan de la globalización; e) en la compra e industrialización de maíz sobresalen seis empresas; en caña de azúcar, 12 grupos industriales; hortalizas, 22; frutas, seis; café, cinco; cebada, dos; tequila, cuatro; tabaco, tres; producción avícola, tres, y leche, cinco empresas; f) varias de estas empresas participan en distintos sectores, por ejemplo, la Nestlé tiene una participación importante en leche, café, hortalizas y frutas; Cargill, en granos, producción de aves y hortalizas; Herdez, en frutas y hortalizas, por mencionar algunas empresas; g) estas agroindustrias tienen el control productivo de una superficie de 3.9 millones de hectáreas, sin considerar la superficie de granos básicos y la asociada a la ganadería. Estimaciones conservadoras hablan de que estás empresas controlan 25 por ciento de las mejores tierras del país y más de 80 por ciento de la producción agropecuaria.

4.- Para darnos una idea de cuál es la situación de la concentración de la tierra en México dentro del contexto latinoamericano, se presenta el índice de Gini por país. En América Latina existen grandes desigualdades en la distribución de la tierra, el índice de la distribución de la tenencia de la tierra en el continente es de 0.81 por ciento, el más alto en el mundo. En el continente los productores que tienen menos de diez hectáreas representan 70.78 por ciento y poseen 4.31 por ciento de la superficie, con un promedio de 2.65 hectáreas; los productores que tienen entre diez y menos de cien hectáreas representan 24.08 por ciento del total y ocupan el 13.53 por ciento con predios promedios de 24.43 hectáreas; los productores que están en un rango de cien a menos de mil hectáreas son el 4.4 por ciento y poseen el 29.20 de la superficie con predios promedios de 288.45 hectáreas, y los que tienen mil hectáreas o más representan el 0.73 por ciento y son dueños del 52.96 por ciento con predios promedios de tres mil 150 hectáreas. En este contexto, México, Perú y Bolivia son los países menos desiguales en la distribución de la tierra.

5.- Algunas opiniones sobre las reformas de 1992 eran que se quedaron cortas y que deberían de permitir la privatización de los ejidos como solución a los problemas del campo. Incluso esta percepción sigue presente y se han promovido iniciativas de ley para facilitar adoptar el dominio pleno en los núcleos agrarios porque se considera que las dos formas de tenencia de la tierra son diametralmente distintas. Esta afirmación no corresponde a la realidad; se puede decir que la mayoría de los propietarios privados se encuentran en una situación económica y social igual o más desfavorable que los ejidatarios y comuneros. La anterior afirmación se puede observar cuando se comparan distintas variables por régimen de tenencia de la tierra del VII Censo Agrícola Ganadero 2007: edad, promedio de tierras de labor, tamaño de predio, disponibilidad de riego, tipo de tracción utilizada, porcentaje de los que venden al extranjero, propietarios que cuentan con crédito y seguro, problemática, número de mujeres propietarias de tierra, hablantes de lengua indígena y escolaridad. Una vez revisados los datos, podemos afirmar que la respuesta a la problemática del campo mexicano no debe de estar condicionada al régimen de tenencia de la tierra. Tanto la propiedad privada como la ejidal son vigentes.

El impacto del TLCAN en los trabajadores de estados unidos

Jeff Faux Fundador y actual miembro distinguido del Economic Policy Institute, en Washington DC. Su libro más reciente es The Servant Economy

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue la puerta por la cual los trabajadores estadounidenses fueron empujados para entrar al mercado laboral neoliberal global.

Al establecer el principio de que las empresas estadounidenses podrían trasladar su producción a otros lugares desde los cuales vender de nuevo a Estados Unidos (EU), el TLCAN socavó el poder de negociación de los trabajadores, el cual había impulsado la expansión de la clase media desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El resultado ha sido 20 años de estancamiento de los salarios y la redistribución hacia arriba del ingreso, la riqueza y el poder político.

El TLCAN ha afectado a los trabajadores de EU de cuatro maneras. Primera: cuando la producción se trasladó a México, causó la pérdida de unos 700 mil puestos de trabajo, sobre todo en California, Texas, Michigan y otros estados donde se concentran las manufacturas –y a los cuales llegan muchos inmigrantes desde México-. Sin duda, se crearon algunos empleos a lo largo de la frontera en los sectores de servicios y de ventas al menudeo, como resultado de un mayor tránsito camionero, pero estas ganancias son pequeñas en relación con la pérdida, y se encuentran en ocupaciones peor remuneradas. La gran mayoría de los trabajadores que han perdido puestos de trabajo a causa del TLCAN sufrieron un desplome permanente de sus ingresos.

Segunda: el TLCAN fortaleció la capacidad de los empleadores en EU para obligar a los trabajadores a aceptar salarios y prestaciones más bajos. En cuanto el TLCAN fue firmado, los administradores de las empresas comenzaron a decir a sus trabajadores que éstas se trasladarían a México a menos de que bajara el costo de mano de obra. En medio de las negociaciones colectivas con los sindicatos, algunas compañías incluso empezaron a cargar maquinaria en camiones diciendo que se irían a México. Las mismas amenazas se utilizaron para combatir los esfuerzos de organización sindical. El mensaje era: “Si usted vota en un sindicato nos mudaremos al lado sur de la frontera”.

Tercera: el efecto destructivo del TLCAN en la agricultura y en pequeñas empresas mexicanas dislocó a varios millones de trabajadores mexicanos y sus familias, y fue una razón principal del espectacular aumento de indocumentados en el mercado laboral de EU. Esto ha incidido en una presión a la baja para los salarios estadounidenses, especialmente en la mano de obra menos calificada que de por sí ya sufría de baja paga.

Cuarta, y la más importante: el TLCAN has sido el modelo para las reglas de la nueva economía mundial, en que los beneficios se trasladan al capital y los costos al trabajo. La clase gobernante de EU –en alianza con las élites financieras de sus socios comerciales- aplicaron los principios del TLCAN a la Organización Mundial del Comercio y a las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, así como al acuerdo que permitió que los empleadores de la gran oferta de trabajo de bajos salarios de China accedieran a los mercados de EU a cambio de que las corporaciones multinacionales estadounidenses tuvieran derecho a invertir en su país.

La doctrina del TLCAN de socialismo para el capital y libre mercado para la mano de obra también condujo la política de EU en la crisis del peso mexicano de 1994 y 1995, la crisis financiera asiática de 1997 y el colapso financiero mundial de 2008. En cada caso, el gobierno de EU organizó el rescate de los bancos y de los inversionistas corporativos del mundo, y dejó en cambio que los trabajadores se valieran por sí mismos.

En términos políticos, en EU la aprobación del TLCAN mostró que el Partido Demócrata, considerado el lado “progresista” del sistema bipartidista del país, había aceptado la ideología económica reaccionaria de Ronald Reagan. Un “Acuerdo de América del Norte” fue propuesto por primera vez por el republicano Reagan en 1979, un año antes de ser elegido presidente. Una década más tarde, su sucesor George H. W. Bush, negoció el acuerdo final con México y Canadá.

Los demócratas que controlaban el Congreso no aprobaban el acuerdo, y cuando el demócrata Bill Clinton fue elegido presidente en 1992, se dio por hecho que el péndulo político podría alejarse de la derecha y que, por lo tanto, el TLCAN nunca pasaría. Pero Clinton se rodeó de asesores económicos de Wall Street, y en su primer año impulsó la aprobación del TLCAN en el Congreso.

A pesar de la retórica, el objetivo central del TLCAN no era “la expansión del comercio”. El propósito central del TLCAN era liberar a las corporaciones estadounidenses de las leyes que protegen a los trabajadores y al medio ambiente. Además, se allanó el camino para el resto de la agenda neoliberal en EU: la privatización de los servicios públicos, la desregulación de las finanzas y la destrucción del movimiento sindical independiente.

El resultado inevitable fue socavar las condiciones de vida de los trabajadores en toda América del Norte. Los salarios y las prestaciones se han quedado atrás de la productividad de los trabajadores en los tres países. Por otra parte, a pesar de la disminución de los salarios en Estados Unidos, la brecha salarial entre el trabajador mexicano típico y el estadounidense típico en la industria manufacturera sigue siendo la misma. Incluso después de hacer ajustes por diferencias en el costo de vida, los mexicanos siguen ganando alrededor de 30 por ciento de los salarios de sus homólogos de EU. Por lo tanto, el TLCAN es a la vez símbolo y esencia de la “carrera hacia el fondo” global.
En América del Norte hay dos estrategias políticas alternativas para el cambio. Una de ellas es la derogación. El TLCAN le da a cada país el derecho a salirse del acuerdo. Pero las economías y las poblaciones de los tres países se han vuelto tan integradas que una “desintegración” podría causar un desplazamiento generalizado, desempleo y una caída sustancial en los niveles de vida.

La otra opción es construir un movimiento político transfronterizo para reescribir el TLCAN de una manera que dé a ciudadanos comunes derechos y protecciones laborales al menos iguales a los privilegios actuales que se dan a los inversionistas corporativos. Obviamente, esto no será fácil. Pero ya se ha establecido una base por la creciente colaboración entre inmigrantes, sindicalistas, defensores de derechos humanos y otras organizaciones de activistas en los tres países.

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