El Capítulo 11 del TLCAN;
Origen de una Amenaza Global

Manuel Pérez-Rocha L.* y Stuart Trew**
*Investigador del Institute for Policy Studies de Washington, DC
** Coordinador de la campaña sobre el comercio del Consejo de los Canadienses

FOTO: Archivo de Proyectos

El Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue diseñado para desmantelar los sistemas de regulación de la inversión extranjera, y específicamente con el pretexto de garantizar a los inversionistas de Estados Unidos y Canadá con un medio para solucionar casos extremos de posibles conflictos con el gobierno de México, pues se argumentaba que el sistema jurídico mexicano era deficiente y corrupto. Pero rápidamente se hizo evidente que este régimen de derechos corporativos, que se ha extendido a escala global, más allá del TLCAN, es una herramienta útil para que las corporaciones chantajeen a los Estados y les impongan grilletes obstaculizando su actuar en el diseño y aplicación de políticas sociales y medioambientalmente responsables.

Este Capítulo ha otorgado a inversionistas extranjeros no sólo con mecanismos de desregulación para el movimiento de capitales y la deslocalización de la producción, sino con instrumentos de solución de controversias tipo “inversionista-Estado”, por medio de los cuales los gobiernos pueden entrar a juicio en procesos privados en tribunales como el Centro Internacional de Arreglo de Disputas de Inversiones (CIADI) del Banco Mundial u otros. Los litigios consisten en reclamos hechos por inversionistas establecidos en cualquiera de los tres países, con base en la supuesta violación de los estándares de trato mínimo bajo el TLCAN, o por la supuesta “expropiación indirecta” de sus ganancias esperadas. Es decir, en muchas ocasiones los gobiernos han tenido que amortizar a empresas por implementar políticas públicas que afecten sus valores.

Afirmamos categóricamente que Canadá y de México han sido hasta hoy los grandes perdedores de este régimen, pues el gobierno de Estados Unidos no ha perdido un solo caso de este tipo. Sin embargo, los tres países han tenido que pagar cantidades millonarias por los gastos legales incurridos en su defensa de los ataques de las empresas y en las cuotas pagadas a los tribunales de arbitraje. Y los perdedores son los pueblos, pues el dinero para sufragar a las corporaciones surge del erario público.

México ha perdido cinco disputas bajo el Capítulo 11, por un total de 204 millones de dólares, incluyendo intereses. Estos son los casos de Metalclad, Feldman, Corn Products International, ADM-Tate and Lyle, y Cargill. Actualmente México enfrenta un caso más bajo el TLCAN (International Vision, que demanda a México por casi 10 millones de dólares), pero podría estar encarando muchos casos más, pues muchos tribunales, como la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), no hacen públicos sus registros de casos.

Aún más grave para México es la amenaza latente que resulta de la proliferación de concesiones mineras y la incapacidad para dar marcha atrás debido al Capítulo 11. Según la Secretaría de Economía, hoy existen 857 proyectos mineros, siendo el 67 por ciento del total de oro y plata, que son altamente contaminantes. Cualquier legislación futura que frene o cancele alguno de estos proyectos podría incurrir en una demanda bajo las reglas del TLCAN, pues la gran mayoría de las empresas mineras extranjeras son de origen estadounidense o canadiense.

Como lo señalamos en el texto “Extrayendo ganancias en tribunales internacionales”, las industrias extractivas, minería, gas, petróleo, etcétera, se valen cada vez más de las reglas a favor de los inversionistas bajo los TLCs o Tratados Bilaterales de Inversión para demandar a gobiernos, y de manera creciente en América Latina, cuando éstos diseñan y aplican normativas ambientales y sociales que frenan proyectos destructivos. México se ha salvado en buena medida de ser demandado por industrias extractivas, justamente por la permisividad con la que se otorgan permisos de explotación y la falta de voluntad política para detener la destructividad con la que operan estas empresas.

El gobierno de Canadá ha perdido seis casos y erogado hasta ahora más de 157 millones de dólares en pagos o arreglos, incluyendo intereses. Estos son los casos de Ethyl, S.D. Myers, Pope and Talbot, Exxon Mobil, Abitibi Bowater y St. Mary’s VCNA. Hay un caso más que ha perdido Canadá ante la petrolera Mobil Murphy Oil (de Exxon), aunque no se sabe el monto final de la compensación a ser pagada. Pero lo más alarmante en el caso de Canadá son los cientos de millones de dólares que están aún en disputa. Dos casos recientes –uno en contra de una moratoria sobre la fractura hidráulica (fracking) del gas natural en la provincia de Quebec y otro en contra de la orden de una corte de invalidar dos patentes en Canadá- han generado gran atención y crítica al régimen de derechos corporativos bajo el TLCAN. En el primer caso, la empresa Lone Pine Resources demanda 250 millones de dólares para compensar a los inversionistas por las medidas de precaución y congelamiento del fracking, medidas que fueron impuestas por la provincia de Quebec hasta que se tenga más claridad acerca de los impactos ambientales y de salud de esta actividad. En el segundo caso, Eli Lilly exige 500 millones de dólares al haber fallado dos veces ante la estricta exigencia de prueba por parte del gobierno de Canadá en torno a la utilidad de la patente, lo que resultado en la pérdida de patentes de la empresa (aunque al final de su vida útil) para los medicamentos contra la depresión más populares. El caso Eli Lilly es un ataque directo a la independencia de los tribunales canadienses.

Un problema global. El Capítulo 11 del TLCAN ha servido como modelo para los más de tres mil Tratados Bilaterales de Inversión que hay hoy día (muchos contenidos en otros TLCs) y el número de casos inversionista-Estado se está disparando aceleradamente. Existen alrededor de 500 demandas pendientes, al tiempo que las corporaciones están descubriendo cómo utilizar este sistema a su favor y extraer cantidades millonarias de los erarios públicos, sin siquiera haber realizado inversiones tangibles. Lo más grave es el “efecto de congelamiento” que estas reglas ocasionan, al amenazar a las naciones con millonarios castigos cuando sus gobiernos intenten garantizar el bienestar público y se interfiera con sus ganancias esperadas. Incluso, el fomento económico en entidades locales es sujeto al establecimiento de una demanda inversionista-Estado si la corporación trasnacional dirime que a ella no se le está dando el mismo “trato nacional”. Incluso, si un país demanda algún requerimiento a un inversionista, como permanecer en un país por un mínimo de tiempo o incluir un cierto porcentaje de contenido local en su producción, puede ser demandado, ya que violaría la regla de prohibición de “requerimientos de desempeño” que incluyen estos tratados modelados bajo el Capítulo 11 del TLCAN. Es precisamente el modelo de “maquiladora” el que estos tratados protegen; el de otorgar a las trasnacionales la total libertad de movilidad de capitales, bienes y servicios o la capacidad de demandar a los países en tribunales secretos y a puerta cerrada, generalmente en Washington DC o Nueva York. Esta fue la idea genial del TLCAN del que tanto se sirven las corporaciones y por la cual estamos todos bajo permanente amenaza, a pesar de que tan poco se sepa.

La concentración de la agroindustria en
México a casi 20 años del inicio del TLCAN:
Una historia de polaridades

Catia Figueroa Rodríguez* y Rita Schwentesius Rindermann**
* Colegio de Posgraduados, Córdoba  [email protected] 
** CIIDRI-IISEHMER, Universidad Autónoma Chapingo  [email protected]

Desde 1994, año en que inició el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se han presentado cambios a nivel global de concentración en la agroindustria: cada vez son menos las empresas que domina el mercado de insumos agrícolas, así como de la producción de alimentos procesados. Al centro de este fenómeno se encuentra la industria de alimentos, que captó en 2010 ingresos por tres mil 951.5 billones de dólares (aproximadamente 50 billones de pesos), con una tasa de crecimiento promedio de 5.6 por ciento entre 2006 y 2010. Una sola empresa tiene 1.5 por ciento del mercado mundial de alimentos, Nestlé, y las otras dos grandes que se le acercan son Kraft con 1.2 y Unilever con uno por ciento.

La tendencia a la concentración es inherente al sistema capitalista: las empresas tienen que crecer o van a desaparecer. Eso no es una cuestión moral, pero si lo es cómo logran este crecimiento: destruyendo los sistemas tradicionales de producción y abasto de alimentos; dejando a mil millones de seres humanos en el mundo en el hambre, y produciendo alimentos grasosos y/o azucarados que provocan más ansiedad por comer, y así es que mil 600 millones de personas sean obesas con baja expectativa de vida.

FOTO: Archivo de Proyectos

México se ha convertido en el laboratorio y modelo para este desarrollo con el TLCAN. Su importancia radica en el peso que tiene el sector en el gasto de los mexicanos. En 2004, el gasto en alimentos, bebidas y tabaco representaba 30.8 por ciento de la estructura de gastos, para pasar en 2008 a 33.6 y en 2010 a 32.7 por ciento. Ningún otro componente tiene tal relevancia en el gasto (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares 2004-2010, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Inegi) y eso a pesar de que se hizo creer a los ciudadanos que con el TLCAN se importarían alimentos baratos y el gasto en ello iba a bajar. Pero las preguntas que surgen son: ¿quién nos alimenta? Y ¿cómo estas empresas se han beneficiado o no del TLCAN?

Menos pero más grandes. Analizando el comportamiento del número de empresas que existían en 1998 con respecto a 2008 –que es el más reciente Censo Económico realizado por el Inegi- se observar que de las 11 ramas de actividad relacionadas con alimentos, bebidas y tabaco, cinco han tenido reducciones en el número de empresas en aproximadamente 50 por ciento, lo que implica que más de la mitad de las empresas han desaparecido. Mientras que por el contrario sólo tres ramas han tenido de manera constante comportamientos positivos, destacando la de agua embotellada, que es la única clase realmente en desarrollo en el sector de los alimentos, bebidas y tabaco, al pasar de ocho mil 746 a 138 mil 838 empresas.

Aquí cabe recordar que se trata de una industria joven, que apareció con el problema del cólera a principios de los 90s, como aparente solución ante la falla del gobierno mexicano de ofrecer este líquido vital en forma sana a los habitantes. Con el nuevo brote de cólera en México, queda claro que en más de 20 años no se ha avanzado en garantizar a la gente una vida con salud.

Continuamos con el análisis, si se hace según el número de empleos por empresa promedio, es notable el grado de concentración para la mano de obra. Por ejemplo, las ramas con crecimiento negativo en número de empresas han incrementado de manera considerable el número de empleos, el caso más notable es la rama de la carne (matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales comestibles), que pasó de 9.6 empleos por empresa a 26.8, es decir un crecimiento del 178 por ciento. Por lo que cada vez se tienen, en general, menos empresas de mayor tamaño. Otra forma de responder a la presión de sobrevivencia por parte de las empresas es reducir el número de empleados, eso es precisamente el caso en aquellas industrias donde el número de establecimientos se mantiene: ocurre el fenómeno llamado outsourcing o se despide a empleados. Finalmente, las empresas tratan de invertir nada más en lo indispensable para la producción, dejando de lado cuestiones de seguridad. La más reciente explosión en una fábrica de dulces en Ciudad Juárez, donde fallecieron cinco trabajadores, sirve de ejemplo lamentable.

Es posible ver la concentración de la agroindustria y su importancia en el comercio internacional si revisamos el listado de las 500 empresas más importantes de México que publica la revista Expansión. Por ejemplo, las ventas de empresas que producen las bebidas representan el 229 por ciento de las ventas de la rama productiva; las de la carne, el 111 por ciento, y las de la panadería y tortillería, el 130, por lo que son empresas altamente exportadoras. Mientras que a nivel nacional, las ventas de las empresas que producen dulces representan el 20 por ciento de la ventas de la rama económica de azúcar y dulces; las de las frutas, verduras y alimentos preparados, el 27 por ciento, las de los lácteos el 88, las de pescado y mariscos el 64, y el cinco por ciento para los cereales.

El TLC, simplemente no es para todos. Según los datos de la encuesta anual de la industria manufacturera del Inegi (2009-2011), únicamente siete de las 45 clases de las ramas económicas reportadas del sector alimentos bebidas y tabaco tienen ventas a nivel internacional, que constituyen cerca de 50 por ciento o más en relación con sus ventas a escala nacional. Éstas son: congelación de frutas y verduras (408 por ciento), elaboración de levadura (88.3), elaboración de bebidas destiladas (85.1), elaboración de bebidas destiladas de agave (99.6), beneficio de tabaco (98.9%), beneficio del café (62.4) y elaboración de cerveza (49.3 por ciento). Mientras que para 33 de las 45 clases, en promedio, sus ventas internacionales sólo representaron el 8.8 por ciento, y para cinco clases sus ventas internacionales fueron nulas. Estas últimas son el beneficio de arroz, la elaboración de malta, la panificación tradicional, la elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal y la purificación y embotellado de agua.

Los números reflejan las polaridades vividas a nivel nacional, por una parte muchas empresas que producen alimentos tradicionales para un mercado nacional contra un pequeño número de empresas orientadas a la exportación de pocos productos. Revisando los números, resulta fácil e incluso evidente la respuesta a la pregunta de ¿a quién ha beneficiado el TLCAN? En esa respuesta no están los pequeños.

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