El TLCAN y la cafeticultura mexicana

Fernando Celis Callejas  Asesor de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC)

La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) consolidó el dominio de un pequeño grupo de trasnacionales sobre la comercialización e industrialización del café mexicano.

Hasta julio de 1989 México participó en la Organización Internacional del Café (OIC), integrada por países productores y consumidores. Por medio de ella, se operaba un convenio que establecía como objetivo central un precio remunerativo para los caficultores, y se definía anualmente una distribución de cuotas de exportación por país a efecto de mantener una banda de precios entre 120 y 140 dólares las 100 libras.

Esto, junto con el aumento de precios del café después de las heladas en Brasil en 1975, llevo a una época de auge para los productores. En México se tuvo además una fuerte intervención del Estado por medio del Instituto Mexicano del Café (Inmecafé), que llegó a operar hasta 45 por ciento de la comercialización del aromático. Este organismo establecía un precio de garantía, otorgaba créditos sin muchos requisitos, fertilizante y plantas de café; incluso “organizaba” a los productores en figuras sencillas con sólo levantar el acta de una asamblea y la firma de los interesados. Aun cuando el Inmecafé fue un organismo con mucha ineficiencia, todavía muchos productores añoran esta época que está ligada a mayores precios y más certidumbre.

En 1989 el gobierno mexicano fue uno de los principales impulsores del rompimiento del sistema de cuotas de la OIC, con el argumento de que se podría exportar más café a Estados Unidos (EU). En esa época se hicieron cálculos alegres de que los precios tendrían una baja no tan fuerte y después se recuperarían; en realidad durante cuatro años se tuvieron precios muy bajos.

En los años posteriores el gobierno mexicano rechazó participar en los intentos de los demás países productores por definir nuevas medidas de regulación del comercio mundial del café, y se decía que la negociación del TLCAN acotaba a México.

En las negociaciones del TLCAN, la Nestlé obtuvo una rápida quita de los aranceles para la importación de café verde, pero también negoció un esquema muy proteccionista para impedir la competencia de cafés procesados de otras empresas de EU. Por medio de reglas de origen, se impidió la entrada de café tostado y molido de EU, ya que ciento por ciento debía ser de contenido regional y en el caso de soluble el 40. Ello, cuando en EU, en Hawaii particularmente, se cultiva muy poco café.

Como resultado de la firma del TLCAN, el gobierno de Zedillo decía que México podría atender la demanda de Estados Unidos, de 20 millones de sacos de café (de 60 kilos) anuales, y se embarcó en un proyecto de renovación de cafetales para producir cuando menos 13 millones de sacos en el año 2000.

Con gran desperdicio de recursos fiscales invertidos en ese proyecto, se llegó en el ciclo 1999-2000 a 6.2 millones de sacos (en la época del Inmecafé se alcanzaron hasta 5.5 millones) y se exportaron 5.3 millones de sacos. México contribuyó con sus mayores exportaciones al derrumbe de los precios internacionales del café a partir del 2000, y en marzo de ese año el café mexicano se exportaba hasta 23 dólares las 100 libras por debajo de los niveles de la Bolsa del café de Nueva York. A las trasnacionales les interesaba más vender mayores volúmenes y tener más ganancias y no les preocupó propiciar una mejora en la calidad del café mexicano.

De 2000 a 2004 los productores de café enfrentaron una crisis brutal, con una reducción de sus ingresos de no menos de 70 por ciento, y para el ciclo 2004-05 la producción se había reducido a 3.8 millones de sacos.

Si bien la mayoría de los productores no quitó sus cafetales, sí cambió mucho el manejo de su economía familiar: diversificaron sus ingresos a partir de la migración y otras actividades y ya no le apostaron tanto al café. Para el ciclo 2012-13 tuvimos una producción de 4.3 millones de sacos, menor que el promedio de la década de los 80’s y 90’s.

La nueva situación barrió a los antiguos acaparadores de café ligados a la dupla PRI-Confederación Nacional Campesina (CNC). La comercialización pasó a manos de trasnacionales como AMSA (ECOM a nivel mundial), Becafisa (Volkaffe) y Cafes California (Neumann), que son las tres principales compradoras de café globalmente, y en el consumo nacional se fortaleció a la Nestlé.

Hoy día surge una nueva crisis de bajos precios ante la mayor producción de cafés robustas más baratos de Vietnam y naturales (arábigos no lavados) de Brasil, y el estancamiento en el consumo en la Unión Europea, EU y Japón derivado de la crisis económica de 2008-09.

Persiste el dominio de la comercialización nacional del café por empresas como AMSA California y Becafisa y se ha sumado OLAM (de Singapur) y Dreyfuss, los cinco mayores compradores a escala mundial, con precios a los productores más castigados que los que pagan en otros países.

Con facilidades dadas por los gobiernos de Fox y Calderón, la Nestlé decidió establecer en México la mayor planta del mundo de producción de café soluble, que utiliza principalmente café robusta. Pretende ampliar su participación en el mercado interno y exportar a EU y otros países, y como en México se produce muy poco café robusta, está aumentando sus importaciones, mismas que para el ciclo 2012-13 se calculan en cerca de 1.5 millones de sacos.

Durante los 20 años recientes, el gobierno mexicano ha hecho poco para mejorar las condiciones de comercialización del café y para el aumento de un consumo interno de cafés de más calidad. Y se ha desligado de la cooperación internacional en el marco de un mercado global desordenado.

En el ciclo 2013-14 se tienen nuevamente precios muy bajos del café, y han descendido en más de 60 por ciento en dos años.

Muchos piensan que es difícil que buena parte de los productores se sostengan en la producción de café. Desde el gobierno federal ya hay voces que señalan que hay que reducir en este sexenio el cultivo del café de cerca de 700 mil hectáreas a no más de 400 mil.

Las regiones forestales de México
a 20 años del TLCAN

Paulina Deschamps Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, A.C.

Como resultado de la Revolución de 1910, el Estado mexicano incorporó en el Artículo 27 de la Constitución el reparto agrario, reconociendo la propiedad social de la tierra a los ejidos y las comunidades agrarias. Este proceso ha conducido al establecimiento de regímenes de propiedad social entre el 50 y 80 por ciento de los territorios forestales, siendo habitados por cerca de 13 millones de personas, en su mayoría indígenas, que mantienen formas de autogobierno local y tradiciones de uso campesino de los recursos.

No obstante, en buena parte del siglo XX el carácter social de las regiones forestales fue poco integrado en las políticas gubernamentales hacia el sector, las cuales se distinguieron por la centralización del Estado de los recursos forestales y por la negación de derechos a los campesinos para acceder y aprovechar los recursos de sus bosques. Las concesiones a empresas privadas para el aprovechamiento, el establecimiento de vedas estrictas y las concesiones paraestatales dejaron fuera del control, decisión y aprovechamiento a los ejidos y comunidades, produciendo situaciones de acceso abierto, tala ilegal y corrupción.

Además, los métodos extractivos empleados produjeron bosques degradados e impactaron adversamente a la biodiversidad, lo que permanece hasta hoy en la mayoría de las regiones afectadas. Lo anterior derivó en un creciente descontento y movilización de las comunidades y los ejidos contra los efectos sociales y ecológicos negativos de las concesiones forestales. La respuesta gubernamental fue la paulatina promoción del aprovechamiento forestal con la participación de ejidos y comunidades, y la proscripción de las concesiones forestales en la Ley Forestal de 1986.

A pesar de este impulso al manejo forestal comunitario, la crisis económica mexicana de los años 80’s derivó en un proceso de apertura comercial que como parte de un contexto económico neoliberal produjo un abandono del campo y del sector forestal, debido a la percepción gubernamental de su baja competitividad y de su ineficiencia económica.Es así como la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 reveló a un sector forestal que no contaba con las capacidades indispensables ni con el apoyo del gobierno para desarrollar esquemas de competitividad necesarios para obtener beneficios de la apertura comercial.

El periodo de liberalización del sector forestal estuvo acompañado por una fuerte política de expansión acelerada de áreas naturales protegidas que, al limitar los derechos de las comunidades y los ejidos al acceso y uso de los recursos, eliminó incentivos positivos para su conservación por medio del manejo forestal sustentable. Asimismo, se estableció una sobrerregulación para la producción maderable en bosques naturales con el objetivo de destinarlos a la conservación, al considerar erróneamente que la oportunidad de negocios para el sector forestal mexicano era la importación de materias primas forestales, extrayendo recursos naturales ajenos y conservando los propios.

A partir de la puesta en marcha del TLCAN y de la apertura comercial con otros países y regiones, el mercado nacional tuvo que enfrentar la entrada de madera barata de Estados Unidos, Canadá y Chile, entre otros. Actualmente, la gran mayoría de las empresas forestales comunitarias (EFC) en el país no sólo compiten con productos forestales baratos subsidiados por diversos países, sino que también carecen de acceso a crédito, innovación tecnológica y de información sobre mercados; cuentan con pocos vínculos y entrada a redes comerciales, e incurren en cuantiosos gastos para certificar su buen manejo forestal, lo que las coloca en una posición de desventaja para su participación en la economía nacional e internacional.

La suma de diversos factores que a lo largo de la historia generaron una política poco consistente con el desarrollo de capacidades competitivas y productivas, la apertura comercial, las políticas de conservación estricta, la sobrerregulación y la reducción de la producción maderable, la falta de capacidad de agregar valor a los productos forestales, el aumento del consumo nacional, el régimen fiscal, la paridad cambiaria y el abandono de la infraestructura caminera nos permiten explicar en parte: a) el incremento constante del déficit en la balanza comercial forestal desde el año 2000, b) el debilitamiento de la industria y de las EFC, b) la dependencia creciente de las importaciones y c) la aparición de nuevos incentivos al cambio de uso de suelo por el abandono de la actividad forestal en algunas regiones. Cabe resaltar que en 2012 se registró un déficit comercial de productos forestales de cinco mil 840.5 millones de dólares.

El fortalecimiento del manejo forestal comunitario, que ha demostrado funcionar como una política poderosa de desarrollo local, es crucial para establecer una estrategia de sustentabilidad a largo plazo, que permita al sector participar efectivamente en la economía nacional, hacer frente a los retos del comercio internacional, e impulsar las economías locales y el bienestar de quienes viven, poseen y dependen de los recursos forestales del país.

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