El TLCAN:
El arte de entregar los valores

Timothy A. Wise Investigador del Global Development and Environment Institute de Tufts University en Boston

A principios de octubre atendí una invitación del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) para hacer una exposición en su foro anual, realizado en la ciudad de Aguascalientes. El tema del foro, “La nueva visión ante el reto de alimentar al mundo”, me hizo entender que viviría una experiencia surrealista, ya que a México, con una dependencia alimentaria del exterior de 42 por ciento, le falta mucho para alimentar a los propios mexicanos, y si no puede con eso ahora, menos con el reto de atender al “mundo”.

Otra muestra del surrealismo que ya viven los mexicanos como realidad cotidiana la recibí en la fiesta de cóctel del CNA. El asesor agrícola de la embajada de Estados Unidos (EU) en México me comentó con orgullo que es muy viable que este año México logre un superávit comercial para el sector. Reconocí la trampa, conozco los datos.

“¿La balanza agroalimentaria?”, le pregunté, y respondió: “Sí”. Repliqué: ““No la balanza agropecuaria, sino la que tiene la cerveza como exportación del agro”.

“Sí, así es”, me respondió y explicó que la cerveza es un ejemplo emblemático del éxito del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) para México, que muestra el valor de la integración continental. “¡Aún estamos nosotros exportando a México la malta para hacerla!” Y es cierto. Desde la entrada en vigor del TLCAN han crecido en siete veces las ventas de malta de EU a México.

“Entonces, si México no contribuye ni con el grano ni con la malta, exactamente ¿cuál es el valor agregado desde el agro mexicano?”, le pregunté. Respondió sólo con una risa nerviosa.

Eso es el TLCAN para México. Se entrega la soberanía alimentaria, con una apertura casi total y nada estratégica. Y aun con un producto como la cerveza en que el país sí tiene una ventaja comparativa frente a EU, se entrega casi todo el valor agregado a la contraparte comercial. Las ventas impresionantes no estimulan la actividad económica de los agricultores, ni siquiera a la industria doméstica de la malta. A cambio, México se convierte en una maquiladora para embotellar la cerveza. Contribuye con el agua, la cual cuenta el país en volúmenes limitados.

Y ya con la compra parcial de los dos monopolios grandes de la cerveza por parte de empresas extranjeras, ni las ganancias se quedan en el país.

Así ha sido la receta del gobierno mexicano, durante 20 años de un neoliberalismo intransigente. Se ha perfeccionado el arte de entregar valores.

El saldo espantoso para los agricultores. Para los agricultores mexicanos, el TLCAN desató un estado de crisis permanente, con dos periodos distintos. El primero puede llamarse “La gran inundación”. Con la liberalización acordada, se desató una oleada de compras de cárnicos y granos provenientes de EU, muchos a precios dumping, debajo de sus costos de producción. Con la decisión de parte del gobierno mexicano de acelerar la liberalización incluso de los productos que contaban con plazos graduales de apertura, como el maíz, la oleada se convirtió en tsunami.

He analizado a detalle ocho productos —maíz, soya, trigo, algodón, arroz, carne de res, cerdo y pollo— que compiten con productos mexicanos y cuyos niveles de exportación a México han crecido mucho desde antes del TLCAN. El volumen de las exportaciones creció considerablemente, con un mínimo de 159 por ciento en soya y un máximo de 707 por ciento en cerdo, entre el promedio 1990-2002 y 2006-08.

Los ocho productos han sido cuantiosamente apoyados por las políticas agropecuarias de EU, con subsidios que promediaron 11 mil 500 millones de dólares por año entre 1997 y 2005, y con otras políticas aún más importantes que impulsaron la sobreproducción. La mejor estimación del efecto de las políticas de EU para apoyar exportaciones se tiene en un indicador llamado “margen de dumping”, que considera el porcentaje en que los precios de exportación están por debajo de los costos de producción. Los ocho productos registraron un margen de dumping positivo durante 1997-2005, de entre 17 y 38 por ciento en los cinco cultivos y de cinco a diez por ciento en los productos pecuarios.

Los efectos sobre los precios en México también son significativos. Los precios al productor se redujeron drásticamente en todos los productos. Al comparar los precios de 2005 con los de principios de los 90’s (ajustados por la inflación) son de 44 a 67 por ciento más bajos. Y por los bajos precios, cayó la producción de algodón, soya, trigo y arroz. La demanda creciente por los cárnicos sostuvo tanto a la producción mexicana como a las importaciones. Igual ocurrió con el maíz, cuya producción aumentó en 50 por ciento, contrario a lo que podría esperarse. Esto dejó a México prácticamente autosuficiente en la producción de maíz blanco para consumo humano, pero muy dependiente de importaciones en el sector pecuario, que crece velozmente.

La dependencia de las importaciones en México aumentó significativamente en los ocho productos. En el sector pecuario, la dependencia pasó de cuatro a siete por ciento a principios de los 90’s a niveles de 16 a 31 por ciento en 2006-2008. En los cultivos, los niveles de dependencia iniciales ya eran altos a principios de los 90’s (siete-74 por ciento), pero en 2006-08 alcanzaron 34 por ciento en maíz y 97 por ciento en soya.

El costo para los productores mexicanos. Suponiendo que los precios de los productos en México se contrajeron en la misma proporción que el margen de dumping, el costo global de las pérdidas en los ocho productos se estima en 12 mil 800 millones de dólares para el periodo de nueve años, o mil 400 millones cada año.

Las pérdidas anuales equivalen a más del diez por ciento del valor de todas las exportaciones agropecuarias de México hacia EU (incluyendo cerveza). Las pérdidas que ha costado el dumping de EU rebasan el valor total de las exportaciones de jitomate a ese país, que aumentaron vertiginosamente con el TLCAN.

Los productores de maíz fueron, por mucho, los más afectados, con pérdidas por seis mil 600 millones de dólares, un promedio de 38 dólares por tonelada o 99 por hectárea. Esto es más que el pago por hectárea promedio a pequeños productores bajo el esquema de subsidios de Procampo.

Termina la época ilusoria de la comida barata. Si esto fuera una apuesta del gobierno mexicano en el gran casino neoliberal por una política de comida barata y crecimiento dinámico, la perdió por ambos lados. Por su creciente poder, los monopolios agroalimentarios capturaron la gran parte del valor de las importaciones baratas, dejando una canasta básica cada año más costosa.

Y bajo el régimen neoliberal, se estancó la economía, particularmente en aquello que más necesitaba México: empleos. Con una pérdida de al menos dos millones de empleos en el campo, y con un crecimiento lento en el sector industrial, no es de sorprender que la participación de mexicanos en el sector informal creció hasta 57 por ciento.

Como resonó la consigna en el Zócalo durante la gran marcha por los zapatistas y en contra del TLCAN en enero de 1994: “¿Primer mundo?, já já já!”

Si bien el chiste sobre la comida barata comprada con salarios industriales fue de mal gusto, se volvió cruel cuando se desplomaron los precios internacionales del maíz y de otros cultivos en 2007. Y aún peor cuando la crisis financiera en EU provocó la Gran Recesión, que para México tumbó la fuente más importante no sólo de demanda y de capitales sino también de empleos y de las remesas enviadas por los migrantes.

Este segundo periodo del TLCAN puede llamarse “La dependencia costosa”. Se duplicaron los precios internacionales de cultivos básicos, provocando protestas violentas en decenas de países, incluso en México. Se aumentó el costo de la canasta básica de comida en 53 por ciento entre 2005-11. Y estalló el déficit en la balance comercial agropecuaria, llegando a cuatro mil 600 millones de dólares en 2008. De 1990 a 2011, el costo anual de las importaciones de alimentos subió de dos mil 600 millones a 18 mil 400 millones de dólares.

En gran parte, las importaciones de maíz causaron el déficit, ya que las políticas de apoyo al etanol en EU ya estaban desviando hasta 40 por ciento del cultivo a la producción del agrocombustible. Según otro estudio mío, esas políticas habían costado a México mil 500 millones de dólares entre 2005 y 2011 por la alza al precio del maíz atribuible a la expansión de la demanda por el etanol.

Hacia un futuro incierto. Los precios internacionales se han calmado este año. Pero se espera una volatilidad continua, por la carencia de reservas públicas, la creciente demanda por los agrocombustibles y una especulación financiera espantosa en los mercados de commodities desde la crisis financiera. Según la presentación que hizo en el foro del CNA el investigador Mark Rosegrant, del Instituto Internacional para la Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI, por sus siglas en inglés), el cambio climático hace aún más inciertas las perspectivas de México en el agro. Aun en el más optimista escenario, se prevén afectaciones significativas a la productividad agrícola.

Ya emerge un nuevo consenso a nivel internacional, y esto es algo que a mí me tocó resumir en la presentación del foro del CNA: la prioridad es invertir en la productividad de los agricultores pequeños y medianos, con base en un extensionismo público enfocado en la producción agroecológica.

Como enfaticé al final, no se puede lograr tales cambios sin reorientar las políticas comerciales, lo cual sirve también para reducir el alto costo de la dependencia. Como nos han mostrado tanto China como Brasil, se puede abrir la economía estratégicamente, sin desarmarse en sectores importantes. Como hemos mostrado en un estudio reciente, México podría recuperar su autosuficiencia en maíz.

Se puede capturar el valor del comercio. Y en el proceso, se puede rescatar los valores humanos que deben de determinar las políticas económicas, no al revés. En lugar de entregar sus valores.

Para mayor información, ver los siguientes estudios publicados

Un tratado disparador de violencias FOTO: Archivo de Proyectos Víctor M. Quintana S. Si el campo está en llamas no se debe sólo a los “malos”, es decir a los cárteles de la droga, a los grupos de sicarios y matones. Porque la violencia criminal ni es la única, ni fue el factor que disparó la crisis humanitaria que viven amplias zonas rurales del país. La drástica transformación de las políticas públicas hacia el sector agropecuario –inducida por los programas de ajuste estructural y la apertura comercial, cuya joya de la corona es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)- generó las condiciones para el surgimiento de múltiples formas de violencia en el agro mexicano. Los gobiernos federales a partir de 1983 impusieron una serie de políticas de ajuste económico, como la expulsión de todos los productores de temporal del sistema de crédito rural; además, los precios de los energéticos se empezaron a disparar: en 1993 un litro de gasolina costaba 1.36 pesos, hoy más de 12, y la energía eléctrica para riego agrícola se disparó de 14 centavos el kilovatio/hora a 1.15 pesos. Y lo que producen los campesinos empezó a bajar de precio. Y, a pesar de las múltiples advertencias de las organizaciones campesinas y de muchos investigadores, se firmó el TLCAN, cuando los productores mexicanos de granos básicos, sobre todo campesinos y agricultores medios, no pueden competir ni en términos de condiciones agroclimáticas, ni de subsidios, ni de tecnología, ni de apoyos gubernamentales, con la agricultura más poderosa del mundo. Al no poder competir con la agricultura estadounidense en condiciones de apertura comercial, centenas de miles de unidades campesinas se sumieron en la quiebra. Así, se disparó la emigración del campo hacia las ciudades o Estados Unidos. Según la Secretaría del Trabajo, desde 1994 han dejado el campo un millón 780 mil personas. Y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) reconoce que cada día salen del medio rural un promedio de 600 campesinos. Las comunidades rurales se van quedando sin hombres jóvenes, convirtiéndose en poblaciones de mujeres, niños y adultos mayores; se vació la vida comunitaria; se acabaron muchas agrupaciones en los pueblos. Esta es una violencia, sorda, pero real. Con insumos caros y precios bajos para las cosechas, muchos productores tuvieron que intensificar la perforación de pozos para riego, abusar de los agroquímicos o incluso emplear semillas transgénicas para elevar su producción; empezaron a emplear tecnologías que ejercen una enorme violencia sobre el medio ambiente: suelos, corrientes de agua, bosques, pastos, etcétera. A resultas de ello, el desastre ambiental en el campo ha crecido, con ineludibles y costosos impactos en las ciudades y para el desarrollo económico nacional. De los 196 millones de hectáreas con que cuenta México, 64 por ciento están degradadas, principalmente por erosión hídrica y eólica. Cada año se pierde la utilidad agrícola de unas 10 mil hectáreas en las mejores tierras irrigadas, por causa de la acumulación de sales. Ello suma ya una superficie de 425 mil hectáreas que han dejado de ser útiles para la agricultura intensiva. Se han sobreexplotado los mantos acuíferos, se han devastado los bosques que generan el agua de las principales corrientes en México. Luego de 20 años de la imposición del TLCAN, la agricultura mexicana se ha polarizado mucho más: el Procampo, que debiera impulsar a los campesinos pobres y medios a producir más y mejores alimentos, es acaparado por los grandes agricultores. El diez por ciento más rico de los productores concentra 45 por ciento de este subsidio y 80 del programa Ingreso Objetivo de la Secretaría de Agricultura, además de 60 por ciento de los subsidios para la energía y el agua. Todo esto ha llevado a una mayor depauperación de las familias rurales: en octubre de 2011 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) declaró que 55.7 por ciento de la población, o sea 63 millones de personas, padece inseguridad alimentaria; de éstos, 28 millones padecen pobreza por hambre, y de ellos 20 millones viven en áreas rurales. Esta enorme desigualdad es el núcleo duro de la violencia social que hoy cunde en nuestro campo. El crimen organizado comenzó a penetrar con gran fuerza en el medio rural en los 90’s. Se ocupan los vacíos que deja el Estado al retirarse como financiador, comprador, inversionista, regulador y promotor de la economía rural. Los capos se establecen en las poblaciones rurales de diversas formas: compran propiedades de quienes están en quiebra para inyectarles recursos y blanquear dinero: agrandan ranchos, tecnifican explotaciones, perforan pozos, mejoran razas de ganado, plantan huertos y construyen infraestructura productiva. No sólo eso, ante la retirada de la banca paraestatal y comercial de las actividades agropecuarias, se convierten en financiadores y prestamistas. También comienzan a hacerla de comercializadores, utilizando recursos financieros propios. Esta ha sido una penetración silenciosa. Ya apoderado de buena parte de la economía rural, el crimen organizado se adueña de otros aspectos: explota ilegalmente los recursos naturales, como los bosques en Michoacán y Chihuahua; diversifica sus exacciones más allá de la venta de estupefacientes: roba maquinaria y equipo, despoja de la nómina a quienes contratan trabajadores agrícolas, extorsiona a productores y comerciantes y pide una parte de la venta de las cosechas. También el crimen organizado se hace del control territorial de vastas zonas rurales, de manera informal y formal: controla alcaldes; ocupa las direcciones de seguridad pública de los municipios, y cobra cuotas, derechos de paso, etcétera. Para adueñarse de los territorios ha sembrado previamente el terror mediante ejecuciones, mutilaciones, secuestros e incendios. Aplica castigos ejemplares a quienes se atrevan a desafiarlo, sobre todo si lo hacen de manera organizada como las policías comunitarias. Coopta, compra o de plano se colude con los diversos cuerpos policíacos, el Ejército y la Marina. Se conforma así en el medio rural de muchos estados de la República una auténtica sociedad de crimen en donde las familias campesinas viven como una población sometida por un ejército de ocupación, con su ciudadanía minimizada, si no es que anulada. El campo mexicano está padeciendo la más terrible crisis de violencia desde el término de la Revolución de 1910. Esta violencia, promovida por los neoliberales se multiplica al destruir las formas productivas, de asociación, de vida comunitaria, de distribución de la riqueza y de relación con el medio ambiente que había subsistido hasta antes de que ellos llegaran y facilitaran la implantación de los cárteles de la droga y el crimen organizado precisamente ahí donde el Estado falló.

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