TLCAN y los agricultores
de Estados Unidos

Karen Hansen-Kuhn Internacional Program Director, Instituto for Agriculture and Trade Policy (IATP)

Una de las historias más claras de la experiencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es la devastación causada en el campo mexicano por un aumento masivo de las importaciones de maíz barato de Estados Unidos (EU). Pero el que los agricultores mexicanos, especialmente los de pequeña escala, sean perdedores debido al Tratado, no significa que los agricultores estadounidenses sean ganadores.

Los precios de los productos del campo han estado en una montaña rusa, con volatilidad extrema causada por las injustas políticas agrícolas, la especulación temeraria desregulada y el aumento de las sequías y otros tipos de fenómenos climáticos. Cada vez que los precios tuvieron su viaje aterrador hacia abajo, muchos productores agrícolas pequeños y medianos se vieron obligados a declararse en bancarrota, y la concentración de la propiedad de la tierra y la producción agrícola creció.

Es difícil separar los efectos del TLCAN de otro gran cambio en la política agrícola de EU, la Ley Agrícola o Farm Bill de 1996, que puso en marcha un cambio de gestión de la oferta y los mercados regulados a una política de “sea grande o sálgase”. Los agricultores fueron animados a aumentar la producción con la promesa de ampliación de los mercados de exportación, incluyendo México. Pero, casi inmediatamente, el fracaso de esta política fue evidente, ya que los precios de las materias primas cayeron como una piedra, y el Congreso recurrió a los pagos “de emergencia”, que más tarde volvieron a ser codificados como subsidios agrícolas, para arreglar el lío y mantener a flote las economías rurales.

Luego, cuando la nueva demanda de los agrocombustibles aumentó los requerimientos de maíz, y los inversionistas huyeron de los mercados hipotecarios fracasados para especular en los granos, la energía y otras materias primas, los precios se dispararon. Y no sólo los precios de los productos agrícolas, también los de la tierra, los combustibles, los fertilizantes y otros agroquímicos basados en petroquímicos. Los ingresos agrícolas netos se tornaron mucho más erráticos.

En muchos sentidos, los agricultores familiares que habían sido la columna vertebral de las economías rurales realmente se convirtieron en grandes o salieron, dejando un sector caracterizado por la desigualdad y la concentración corporativa. Durante los 20 años recientes, ha habido un marcado cambio en el tamaño de las granjas estadounidenses, con un crecimiento dramático del número de las explotaciones muy pequeñas y de las muy grandes.

El aumento en el número de pequeñas explotaciones se debe a varios factores, como la población urbana que regresa a la tierra (casi todos son dependientes de empleos no agrícolas para subsistir) y el crecimiento de los cultivos de especialidad para los mercados de agricultores locales. El número de granjas de tamaño intermedio -las que son pequeñas pero comercialmente viables por sí mismas- se redujo en 40 por ciento; pasaron de representar la mitad de las explotaciones totales en 1982 a menos de un tercio en 2007.

Las empresas involucradas en la agricultura y la producción de alimentos también entraron a un proceso de consolidación. Mary Hendrickson, de la Universidad de Missouri, ha calculado el porcentaje de la producción de diferentes ramas que está en manos de sólo cuatro empresas.

La participación de las cuatro principales empresas (Cargill, Tyson, JGF y National Beef) en la producción total de carne, por ejemplo, aumentó de 69 por ciento en 1990 a 82 por ciento en 2012. La historia es la misma en aves de corral, carne de cerdo, molienda de harina y otros sectores. El que pocas empresas controlen porcentajes de producción total cada vez más grandes hace aún más difícil que los agricultores obtengan precios justos o ganarse la vida con su producción.

Esas empresas se aprovechan de las reglas en el TLCAN para hacer operaciones transfronterizas. Empresas estadounidenses engordan ganado en Canadá y producen cerdo en México que luego trasladan a EU para sacrificio y venta. En el camino, productores independientes de cerdo y aves de corral de EU prácticamente han desaparecido.

Existe un amplio reconocimiento entre el pueblo estadounidense de la necesidad de cambiar las políticas alimentarias y agrícolas para garantizar alimentos más saludables y economías rurales más estables, pero los responsables políticos en el Congreso y la administración Obama continúan empujando duro a favor de las mismas políticas fallidas. Más acuerdos de libre comercio, como el Acuerdo de Asociación Transpacífico y el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, en gran parte cortado y pegado del TLCAN, pero con nuevas ideas peligrosas para limitar las restricciones restantes sobre los organismos genéticamente modificados (OGMs) y los aditivos alimentarios cuestionables, y para allanar el camino a tecnologías emergentes aún más cuestionables.

En muchas comunidades en todo el país, la gente está optando por salir del sistema de big food existente, para reconstruir opciones más pequeñas y saludables que tienen su origen en las economías locales y que conecta a los agricultores con los consumidores. Si esas experiencias podrán construir a partir de lo local a la agricultura nacional y la política de cambio es una gran pregunta, y parece difícil por el gran predominio de los intereses corporativos. Pero la reconstrucción del sistema desde el base, con consideración de cómo hacer enlaces más justos para los agricultores en México y en otros lugares, es realmente el único camino a seguir.

Del TLCAN al CETA: Granjas familiares canadienses bajo ataque Stephanie Wang Coordinadora del Comité de Programa Internacional, National Farmers Union (NFU), www.nfu.ca/, [email protected]* Después de 25 años de «libre comercio», las granjas canadienses continúan luchando por sobrevivir en un modelo de desarrollo agrícola regido por el imperativo de «crecer grande o morir». Los procesadores de alimentos y vendedores de insumos disfrutan de los beneficios de la reducción de costos, debido en parte a la tendencia de largo plazo de precios bajos, mientras que los agricultores se ven presionados por los márgenes cada vez más estrechos. Para muchos agricultores, la supervivencia significa producir más, por lo general por la vía de profundizar sus deudas para comprar más tierra, equipos más grandes, más animales para su hato o más productos químicos, tan sólo para mantener su nivel de ingresos. Aunque los ingresos agrícolas brutos canadienses se han elevado desde la década de los 70’s, en realidad los ingresos netos de los predios se han mantenido estancados. Es claro que los agricultores no han prosperado como prometieron los promotores del libre comercio; sin embargo, siguen siendo quienes constituyen la base para los “agronegocios” exitosos. Pero los agricultores que sobreviven se enfrentan a deudas agobiantes. Entre 1986 y 2011, cerca de cien mil granjas quebraron. Los consumidores no se han beneficiado de la expansión de las exportaciones que fomenta el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y los precios de los alimentos han aumentado. Las únicas ganadoras son las empresas de agronegocios globales cada vez más grandes y escasas, que dominan la compra, transformación y venta de productos alimenticios y agrícolas. La soberanía alimentaria. Los acuerdos comerciales, incluyendo el TLCAN, dan un tratamiento a los productos agrícolas y alimentarios igual que a cualquier otra materia prima. No obstante, la Unión Nacional de Agricultores (NFU) y nuestras organizaciones hermanas de La Vía Campesina, reconocemos el papel central de la comida en la vida de las personas y la importancia de que las comunidades locales mantengan un control democrático sobre las decisiones importantes de la producción de alimentos. En Canadá, los sistemas de administración de la oferta de productos lácteos, huevos, pollo y pavo hacen concordar la producción con la demanda regional. Replicada con éxito, esta fórmula podría dar estructura a un sistema agrícola y alimentario basado en la soberanía alimentaria. En estos tiempos, sin embargo, la administración de la oferta está siendo atacada; intereses corporativos exigen al gobierno de Canadá que abandone esta tarea. La gestión de la oferta logra frenar el dumping de bajos precios por exceso de producción y/o por subvenciones en nuestros mercados, dumping que socava nuestra capacidad de alimentarnos a nosotros mismos y que pueden dañar las economías de otros lugares. Además, una estrategia de administración de la oferta protege tanto a los agricultores como a los consumidores de las fluctuaciones de precios y de periodos de escasez que caracterizan a los mercados internacionales de productos básicos. La soberanía política y las compras locales. El infame Capítulo 11 del TLCAN permite a las corporaciones demandar a los gobiernos por la promulgación de cualquier ley que atente contra las «ganancias esperadas» de la empresa. Este enfoque, que se está replicando en cada nuevo acuerdo de comercio que firma Canadá, disminuye nuestra soberanía nacional y nuestro espacio democrático. Los gobiernos canadienses no podrán aprobar leyes o implementar regulaciones que protejan nuestros intereses en cualquier frente: económicos o ambientales, alimentos o soberanía, licitación de proyectos o programas sociales de protección. Si el Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y Europa (CETA) es ratificado como está previsto, dentro de dos años, la Unión Europea tendrá acceso a la contratación pública a nivel provincial y local –incluyendo escuelas, hospitales y prisiones-. Canadienses, incluyendo varios municipios grandes, han denunciado la cláusula CETA, que indica que ningún gobierno o agente del mismo podrá dar un trato preferencial a los proveedores locales. Esta cláusula pone en peligro el creciente movimiento local de alimentos, debido a que las ciudades, las universidades, las escuelas y los hospitales no tienen permitido «comprar local» o promulgar políticas de apoyo para sus servicios de alimentación. Siendo el primer acuerdo de libre comercio que incluye las adquisiciones de los gobiernos subnacionales, CETA abre la puerta para permitir que las empresas mundiales se entrometan profundamente en las economías locales en las futuras negociaciones de acuerdos comerciales. La soberanía en semillas. Los agricultores canadienses advierten que los derechos de propiedad intelectual considerados en el CETA podrían implicar un decomiso «precautorio» de los activos de los agricultores, con base sólo en denuncias de violación de patentes. Los agricultores cuyos bienes fueran incautados no tendrían los recursos necesarios para pagar su defensa legal, ni serían capaces de seguir cultivando y ganarse la vida. Además, se le puede requerir a Canadá que ponga en práctica la UPOV ‘91 -un régimen de semillas muy restrictivo- tal vez bajo el CETA, y muy seguramente bajo el Acuerdo Económico Transpacífico de Asociación Económica (TPP). La protección concedida por la UPOV ‘91 aumentará el desarrollo privado de variedades de cultivos que se pueden proteger. El uso de cultivos modificados genéticamente pondrá en peligro los medios de subsistencia de los agricultores -tanto orgánicos como convencionales- que no quieren recurrir a los transgénicos, ya que las semillas en inventario y los campos finalmente serán contaminados por medio de la polinización cruzada, el viento, la vida silvestre y otros vectores. En conclusión, la NFU considera que los acuerdos económicos y comerciales son instrumentos que permiten a las empresas proteger sus ganancias -ahora y en el futuro- por medio de subvertir los sistemas jurídicos nacionales e internacionales, en detrimento de los intereses democráticos, sociales, económicos y ambientales de los ciudadanos canadienses. Tales acuerdos comerciales son incompatibles con lo que aspira la NFU de parte de la política agro alimentaria: la soberanía alimentaria. *La Unión Nacional de Agricultores (NFU) es una organización agrícola nacional no partidista, voluntaria y con membresía directa. En representación de miles de familias de agricultores en todo Canadá, la NFU aboga por políticas económicas y sociales que permitan que las pequeñas y medianas granjas familiares sean las productoras primarios de alimentos en el país.

Los tratados, en detrimento de
los agricultores, los ciudadanos
y el medio ambiente

Lise-Anne Léveillé Miembro del comité internacional de la Unión Paysanne, Quebec

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se inscribe en una gran tendencia de liberalización de los intercambios agrícolas, que es cada vez más dominante, como lo demuestra la firma del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre Canadá y la Unión Europea, en octubre del 2013.

A 20 años del TLCAN, la Unión Campesina (Union Paysanne), de Quebec, constata que los gobiernos siguen apoyando a las empresas multinacionales en la consolidación de un sistema de comercio que no beneficia a los ciudadanos en general, ni al medio ambiente, ni a los campesinos, sino que más bien sirve a los intereses del mercado.

Para Quebec, la adopción primero de un Tratado entre Canadá y Estados Unidos y luego del TLCAN motivó graves cambios en la intervención gubernamental en materia agrícola. Los años 90’s estuvieron marcados por el predominio de un discurso del gobierno que impulsaba las exportaciones agrícolas, con el consentimiento de la Unión de Productores Agrícolas (UPA), aunque ésta se había manifestado antes en contra de este tipo de acuerdos. El Partido Quebequense (PQ), que había promovido activamente la autosuficiencia alimentaria en los años 70’s, se volteó y se abrió a la idea del libre comercio.

Es así como en 1998, durante el “Encuentro de las partes” de la agricultura, la rama porcina fue escogida como eje principal del modelo industrial. Apoyándose en la debilidad del dólar canadiense, definieron la meta de duplicar hasta el 2005 las exportaciones de cerdo. Para lograrlo, el gobierno se empeñó en apoyar la creación de mega granjas porcinas, según ellos más eficaces y productivas, y por ende más competitivas en los mercados internacionales.

Desde entonces, las políticas del gobierno quebequense se orientan en función de este modelo de producción neoliberal. El volumen de producción determina el monto de las subvenciones: mientras más grande es el productor, más ayuda gubernamental recibe. En Quebec, las explotaciones con ingresos menores a 50 mil dólares por año reciben sólo el siete por ciento del total de subsidios al agro, a pesar de representan 37 por ciento del total de fincas. En cambio, 50 por ciento de los apoyos está dirigido a los productores que tienen un ingreso anual de más de 250 mil dólares, aunque representan sólo 13 por ciento del conjunto de fincas.

En materia de producción porcina, los apoyos del gobierno quebequense, incluyendo el Seguro de Estabilización de Ingresos Agrícolas, sumaron cuatro mil millones de dólares entre 1999 y 2007. Así, el dinero invertido en la promoción del “libre mercado” es sustancial.

Las prácticas de libre comercio provocaron transformaciones importantes en el agro. En 2008, 45 por ciento de la producción agrícola canadiense se exportó. En 2006, el 60 por ciento de la producción porcina fue al exterior. Entre 1989 y 2009, la producción de maíz, trigo, cebada, canola, soya y de carnes de res y de cerdo aumentó drásticamente para destinarse principalmente a los mercados extranjeros, pues las ventas al exterior se cuadruplicaron. A la par, se dio un aumento significativo de las importaciones agrícolas canadienses, que pasaron de nueve mil 600 millones de dólares en 1975 a 20 mil 400 millones en 2004.

El incremento de las importaciones, de las exportaciones, y de la agricultura industrial en general, tiene consecuencias devastadoras tanto para los ciudadanos como para los agricultores y el medio ambiente.

Primero, la agricultura está completamente desconectada de las necesidades de nuestras comunidades. Por esta razón, la alimentación de los quebequenses se alejó de nuestra agricultura. Más de la mitad de los alimentos que consumimos se importan y enfrentamos varias crisis, de obesidad, de pérdida de la tradición culinaria y otras. Con el TLCAN, el alimento es considerado mercancía, y la prioridad está en la gran distribución y en garantizar la uniformidad de los productos en los supermercados en precio, color, gusto y forma. El Informe Pronovost dice que 90 por ciento de la producción quebequense es no diferenciada, estandarizada, a fin de responder a las exigencias de los mercados masivos tanto interna como externamente. Este esquema soslaya la calidad nutritiva, la salud animal, el bienestar de las comunidades rurales y la diversidad de los productos.

Segundo, ya sea en México, Canadá o Estados Unidos, el TLCAN ha sido negativo para los agricultores y en cambio ha generado beneficios para las multinacionales agroalimentarias. Éstas controlan los mercados comprando a bajo precio los insumos y controlando la transformación e incluso la venta al menudeo. La industrialización es la causa de la casi desaparición de los agricultores de Quebec, quienes en 2008 no representaban más de 1.3 por ciento del total de la población. Entre 1981 y 2001, aquí desaparecieron en promedio 780 fincas por año. Esto provocó despoblamiento y desmantelamiento de las comunidades rurales, así como la desocupación del territorio y una creciente expansión urbana sobre tierras agrícolas.

Tercero. se ha podido constatar que el modelo provocó varios problemas en materia ambiental en Quebec y en todo Canadá. El más importante es la contaminación del agua debida a la descarga de estiércol líquido en los pozos, los mantos freáticos y los ríos. La producción intensiva de maíz como alimento para la ganadería conllevó la desaparición de bosques, la erosión del suelo y la utilización a gran escala de fertilizantes y pesticidas químicos. Estos problemas ecológicos están estrechamente ligados con la mega producción que promueve el libre comercio.

En resumen, el TLCAN y los acuerdos similares deben analizarse a la luz de la pérdida de la soberanía alimentaria y de los derechos de los agricultores a producir para sus propias comunidades respetando el medio ambiente, y del deterioro de los derechos de los jornaleros. La carrera desenfrenada por aumentar las exportaciones y la industrialización se lleva a costa de la alimentación de los quebequenses y el desarrollo sostenible de nuestras regiones, de nuestro territorio y de nuestros recursos naturales.

La Unión Campesina está convencida que existen alternativas al modelo liberal y al libre comercio internacional. Lo constata diariamente por medio de las acciones de sus miembros, que privilegian una agricultura ecológica, diversificada y de proximidad con los consumidores; y expresa su apoyo solidario a este tipo de agricultura en todo Canadá, en México y en Estados Unidos.

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