El derecho a la verdad implica la búsqueda de justicia por los delitos cometidos; acceso a la información del pasado y del presente no sólo por parte de familiares de las víctimas, sino de la sociedad; reparación del daño a los afectados y garantía de que los archivos con estos casos graves no serán desaparecidos o destruidos, coincidieron expertos en la materia.

La vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, Tita Radilla Martínez, sostuvo que las autoridades mexicanas han mantenido a la ciudadanía en la ignorancia sobre las atrocidades que han cometido.

Como ejemplo de lo anterior, refirió que la única versión pública que ha entregado la Procuraduría General de la República (PGR) de una averiguación previa, y que es la del caso de su padre, Rosendo Radilla –desaparecido en 1974 en Guerrero–, contiene tal cantidad de tachaduras que sus contenidos son ilegibles.

Acusó a la PGR de borrar información sobre los lugares y las personas ya fallecidas que intervinieron en la desaparición. Alertó que no hay avances en las investigaciones de los crímenes del pasado, y lo que está en juego es el derecho a la verdad.

En el foro Derecho a la verdad y acceso a la información, organizado por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), Velia Muralles Bautista, perito del Archivo Histórico de la Policía Nacional en Guatemala, apuntó que es necesario que los estados adopten técnicas y sanciones penales para garantizar la integralidad de los documentos.

En su turno, Emi MacLean, especialista en libertad de información de la Iniciativa de Justicia Sociedad Abierta, habló del genocidio en Guatemala y del juicio contra el dictador José Efraín Ríos Montt, el cual inició 30 años después de los crímenes de lesa humanidad.

La Comisión de la Verdad de Naciones Unidas identificó que las fuerzas armadas de aquel país cometieron actos de genocidio. Se registraron 200 mil ejecuciones en 36 años de conflicto armado, indicó.

La comisionada Jacqueline Peschard consideró necesario que exista voluntad política para que los archivos dejen de ser bodegas con papeles viejos y se conviertan en una fuente rica en información.