unque de manera semiconciente, incompleta y titubeante, se esbozó en el Gobierno del Distrito Federal un modelo de política social (sobre todo, pero no sólo, durante el periodo de AMLO). Este modelo está ahora en serio riesgo de perderse ante la inconciencia, al respecto, de los servidores públicos responsables de su diseño, operación y evaluación. Una manera de caracterizar el modelo es analizando los valores y principios que lo rigen. A diferencia del modelo social neoliberal prevaleciente en el gobierno federal, cuyos valores y principios no han sido explicitados por éste (véase la entrega del 8/11/13), los del modelo del GDF han sido abundantemente explicitados en la Ley de Desarrollo Social del DF (LDS-DF), empezando desde la definición de su objeto en el artículo primero, que hoy re-expreso como Principios (Pr.), los añado a los formulados como tales en el artículo cuarto, y los pongo al lado de los principios del modelo social del gobierno federal en el cuadro.

En la definición del objeto de la LDS-DF se postula la responsabilidad social del Estado (Pr.1; ver cuadro), que debe asumir plenamente las obligaciones constitucionales en materia social para que la ciudadanía pueda gozar de sus derechos sociales universales (Pr. 2 y 5); la obligación del GDF de promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales universales de sus habitantes (Pr. 1 y 2 ); disminuir la desigualdad social en sus diversas formas (Pr. 6 y 7); integrar las políticas y programas contra la pobreza en el marco de las políticas contra la desigualdad social (Pr.10).

Los tres principios centrales enunciados como tales en el artículo cuarto expresan de otra manera lo ya contenido en el objeto; son la universalidad (Pr. 5), el fortalecimiento de la ciudadanía a través de un enfoque de derechos (Pr. 2 y 3); y la lucha contra la desigualdad (Pr. 6 y 7). El artículo cuarto no enumera como principio la Responsabilidad Social del Estado que contrasta con el principio de Subsidiariedad del Estado del neoliberalismo. Ideas centrales de los dos primeros principios incluidos como tales en la LDS-DF son: a) la política social se dirige a todos y no sólo a los pobres extremos como en el modelo neoliberal (Pr. 5); b) y tiene por propósito el acceso de todos y todas al ejercicio de los derechos sociales (Pr. 2 y 5), al uso y disfrute de los bienes urbanos y a una creciente calidad de vida para el conjunto de los habitantes (Esta última frase la he explicitado como principio adicional y expresa un valor central del modelo social del GDF: Pr.4).

En el Principio Exigibilidad (Pr. 11) se estipula que los derechos serán progresivamente exigibles, pero condiciona tal exigibilidad a la disposición presupuestal con que se cuente, poniendo en evidencia la existencia de un principio no explícito: que la disposición presupuestaria es un dato dado (Pr.12). El modelo hubiese sido más coherente si se hubiese añadido el principio de la no subordinación de la responsabilidad social del estado a la política fiscal, para que ésta persiga la recaudación que las metas de la política social requieran. Así se entendió al formular algunos de los derechos específicos en ley específica, como el de la pensión alimentaria para adultos mayores, cuya Ley estipuló en sus artículos segundo y tercero las obligaciones del jefe de Gobierno y de la Asamblea Legislativa de incluir y aprobar la asignación presupuestaria que garantice el acceso a la pensión alimentaria a todos los adultos mayores, postulando el principio opuesto al Pr.12. Esta ley ha dejado de cumplirse: en 2012 y 2013 se congeló la cobertura absoluta de la pensión.

Los cuatro siguientes principios Igualdad (Pr.6), Equidad Social (Pr.8), Equidad de Género (Pr.9), y Justicia Distributiva (Pr.7) marcan la postura de la política social respecto de la equidad y la igualdad. Ésta se identifica como el objetivo principal del desarrollo social, en agudo contraste con las políticas neoliberales que no tocan la desigualdad de resultados sino sólo buscan la igualdad de oportunidades. La idea de igualdad no se queda, en la LDS-DF, en igualdad de oportunidades, sino que se operacionaliza como mejora continua en la distribución de la riqueza, el ingreso y la propiedad y como abatimiento de las grandes diferencias entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales. Sin embargo, es éste probablemente el Principio que menos se ha aplicado y respecto del cual las facultades e instrumentos de política de los que dispone el gobierno del DF resultan más insuficientes.

Los instrumentos con los que sí se cuenta, como algunos impuestos y tarifas, no se han hecho suficientemente progresivos y la reciente eliminación (casi total) del impuesto a la tenencia de automóviles (excepto los muy lujosos) apunta, además, en sentido inverso, pues éste era un impuesto progresivo.

Si a nivel del gobierno federal el programa Oportunidades simboliza el paradigma de su política social, a nivel del GDF ocupa similar lugar la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores. El primero reproduce la lógica de subordinación social mientras la segunda construye ciudadanía y autonomía social.

En el DF a partir de la puesta en marcha de esta pensión (2001), se ha venido configurando (aunque con importantes excepciones) un modelo de transferencias monetarias (o cuasi monetarias) de carácter universal e incondicional (TMUI) que contrasta agudamente con las transferencias monetarias focalizadas y condicionadas (TMFC) del gobierno federal, que se ha extendido (aunque de manera no plena) a otros programas: a) el de personas con discapacidad (que es incondicional pero está focalizado territorialmente); b) Prepa Sí (que está focalizado a las preparatorias públicas, tiene condicionalidades y el monto de las becas varía con las calificaciones) y que contrasta con c) las becas del IEMS (Instituto de Educación Media Superior) que son incondicionales e iguales para todos; d) el seguro de desempleo, que es una transferencia monetaria, condicionada a la búsqueda activa de empleo y temporal (seis meses), y que sólo protege a quienes han perdido un empleo formal; e) niños talento que es una transferencia monetaria y acceso a cursos extra-curriculares para niños y niñas con promedio de 9 o más de calificaciones; y f) útiles escolares, que en vez de transferencias monetarias otorga transferencias cuasi-monetarias (vales para útiles) y está focalizado a la escuela pública.

Mientras en el gobierno federal (GF) se eliminaron todos los subsidios generalizados (que son universalistas) a bienes y servicios básicos y se sustituyeron por el POP, el GDF ha mantenido el subsidio al Metro (que ahora el GDF está pensando que deje de ser universalista), a los autobuses del propio gobierno y al consumo doméstico de agua, por nombrar los más importantes.

Habría más que comentar pero se acabó el espacio. Una visión más completa de los contrastes de ambos modelos puede obtenerse leyendo también las entregas del 8/11/13 y la del 30/8/13; ésta compara varias características de ellos.

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