San Miguel de Allende, Gto., 14 de noviembre.

El presidente del Consejo Estatal Indígena, Magdaleno Ramírez Ramírez, acusó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al gobierno estatal de chantajearlo e intimidarlo para que se desista del amparo que esa organización interpuso contra la autopista Silao-San Miguel de Allende.

Derivado del juicio de amparo 595/2013, el juez segundo de distrito, Roberto Suárez Muñoz, ordenó suspender la licitación de la autopista de manera definitiva. En el recurso legal, indígenas otomíes argumentaron que la obra dañaría sus tradiciones, sitios sagrados, costumbres, dinámica social, paisaje natural, la ruta de capillas de indios del siglo XVI y zonas arqueológicas.

En represalia, el gobierno (encabezado por el panista Miguel Márquez Márquez) ha enviado personas a tratar de convencerme de que desista del amparo, con la amenaza de que las comunidades indígenas no recibirán apoyos gubernamentales, dice la queja que Magdaleno Ramírez entregó en la oficialía de partes de la CNDH.

En el documento, dirigido al ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, el líder ñañú explicó que no acudió a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, encabezada por Gustavo Rodríguez Junquera, por considerar que no sería imparcial.

El representante de las 25 comunidades otomíes recordó que la obra afectaría sus usos y costumbres, protegidos por la Constitución federal, por tratados internacionales y por la Ley para la Protección de los Pueblos Indígenas del Estado de Guanajuato.

Añadió que los ñañús no se oponen a que los gobiernos estatal y federal construyan la autopista; lo que hemos solicitado es la modificación del trazo en la parte que atraviesa las comunidades indígenas y la zona arqueológica. Incluso hemos propuesto alternativas.

A raíz del juicio de amparo, el gobierno del estado contrató a la empresa Proyecto, Arquitectura, Diseño, Ingeniería y Supervisión (Padis) para la elaboración de un estudio de impacto social, relató Magdaleno Ramírez. La firma es propiedad del ex director de Obra Pública de tres administraciones municipales panistas de León, Jaime Édgar González Medina.

Dijo que con la consulta se pretende convencer a las comunidades indígenas pero no se realizó en tiempo y forma.