Malú García Andrade, defensora de derechos humanos, denunció que el gobierno federal es negligente al negarle protección a ella y su familia, que han recibido constantes amenazas.

Asegura que gradualmente le han ido retirando las medidas cautelares (otorgadas por las autoridades federales) estipuladas según mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

García Andrade es integrante de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, asociación que lucha contra los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua.

A partir del asesinato de su hermana Lilia Alejandra García Andrade, en 2001, se convirtió en activista de derechos humanos; afirma que al igual que otras integrantes del grupo ha recibido múltiples y diversas amenazas de muerte contra ella y sus hijos, lo cual la obligó a abandonar su hogar en su natal ciudad y radicar en el Distrito Federal, donde ha continuado su acción de apoyo a las familias víctimas del feminicidio, a pesar de las continuas agresiones y amenazas.

El mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas tiene una ley y un reglamento, así como un fideicomiso para materializar los apoyos. La operación del mecanismo y la atención de los casos está a cargo de una junta de gobierno presidida por la Secretaría de Gobernación.

También participan, sólo con voz, un representante de la ONU, uno cada uno de la conferencia de gobernadores, del Poder Judicial y del Legislativo.

El mecanismo tiene un consejo consultivo, con unidades auxiliares para la recepción de casos y reacción rápida, así como la evaluación de riesgos.

La información del caso Malú García será difundida este jueves al mediodía en el Centro Nacional de Comunicación Social, ubicado en Medellín 33, colonia Roma.