Al no prever ningún presupuesto en 2014 para la Ley de Víctimas y las instituciones que surgieron de ésta, el gobierno federal incurre en una falta grave que puede revictimizar a quienes necesitan apoyo de las autoridades y, por tanto, dejar incumplidas las promesas del presidente Enrique Peña Nieto en esta materia, advirtió Silvano Cantú, abogado especialista en derechos humanos.

No hay ninguna claridad en el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados sobre la Ley de Víctimas. No se dice cuántos recursos tendrá ni cómo se van a ejecutar, lamentó el especialista, quien promovió una carta que firmaron casi 50 organizaciones y personas en la que exigen resolver esta carencia.

Explicó que de la ley general dependen organismos como la comisión ejecutiva de atención a víctimas, el registro nacional, la asesoría jurídica a los afectados y el fondo nacional de reparaciones, por lo que es urgente dotarla de recursos suficientes para que pueda cumplir su labor.

Instrumento de revictimización

Si estas instituciones no cuentan con recursos propios, el Presupuesto de Egresos de la Federación será un instrumento de revictimización, que además contraviene los aspectos de la ley que establecen que el fondo nacional de víctimas debe tener una asignación anual de al menos 0.014 por ciento del gasto programable, a más tardar en el ejercicio del año siguiente a la promulgación de la norma, es decir en 2014.

Sólo para el fondo nacional de reparaciones, indicó el abogado, según cálculos de la Secretaría de Hacienda, debe otorgarse un presupuesto de casi 570 millones de pesos, sin considerar a las otras instancias.

Nos provoca extrañeza que no haya certidumbre de que las víctimas podrán hacer uso de los recursos necesarios, sobre todo en cuanto a reparación del daño. No decimos que los demás puntos se pueden desdeñar, pero la prioridad es ese tema, porque ahí se verá el efecto para las víctimas, manifestó.

Para apremiar a las autoridades en la definición del presupuesto de la Ley de Víctimas, ayer se envió la carta promovida por Silvano Cantú a la Presidencia de la República, la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados. La firman unos 50 colectivos y personas, entre ellos Javier Sicilia, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.