El programa especial concurrente (PEC) para el desarrollo rural sustentable seguirá con una tendencia inercial por segundo año consecutivo si no se realizan cambios profundos para que el Estado asuma acciones políticas para respaldar a los pequeños y medianos productores y si no se aprueban reasignaciones presupuestales en rubros como la comercialización y apoyo tecnológico, expuso José Antonio León Mendívil, integrante de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados.

Comentó que el grupo parlamentario del PRD propone que se incremente en al menos 2 mil millones de pesos el PEC, por lo que pasaría de 326 mil millones a 328 mil millones de pesos. Inicialmente los legisladores perredistas habían sugerido un incremento de 15 mil millones.

Hasta la tarde de ayer, la propuesta con más aceptación entre las tres principales fuerzas parlamentarias –PRI, PAN y PRD– era quitar 3 mil millones de pesos al programa de comercialización y desarrollo de mercados para que su presupuesto quedara en 5 mil 487 millones, y asignar los 3 mil millones a la agricultura familiar, periurbana y de traspatio, con lo cual se impulsará la producción en zonas de alta y muy alta marginación.

También se aceptaba realizar ajustes al programa de innovación, investigación, desarrollo tecnológico y educación, para dejarlo en 2 mil 400 millones de pesos en lugar de los 2 mil 986 millones de la propuesta inicial; y que el rubro productividad agroalimentaria pasara de 2 mil 335 millones a mil 500 millones de pesos.

No se logró acuerdo sobre la propuesta del PRD de aumentar en 2 mil millones de pesos el presupuesto del programa de desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y extensionismo, ya que los campesinos requieren de asesoría técnica para aplicar adecuadamente los diversos paquetes tecnológicos de los programas orientados a fomentar la producción.

Tampoco se lograron avances en la propuesta de disminuir los recursos del ProAgro productivo (antes Procampo) –de 13 mil 558 millones a 10 mil millones de pesos– y cómo asignarlos pues, de acuerdo con legisladores del PRD, no hay una depuración del padrón de beneficiarios. El Ejecutivo no entregó la información de cuántos predios dejaron de sembrarse y los que cambiaron de uso de suelo. Sin esa información, se argumentó, se corre el riesgo de que 75 por ciento de los recursos del programa sigan en manos de 25 por ciento de beneficiarios.

Por otra parte, el Frente Amplio Campesino, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, el Congreso Agrario Permanente y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Rurales y Pesqueras sostuvieron que el sector requiere un cambio de política para que los recursos sean entregados antes de las siembras a los pequeños y medianos productores para terminar con los monopolios en la comercialización y los beneficios a los grandes agricultores.