l historial de producción de todos los pozos shale de Estados Unidos” muestra que no son de larga duración y no producen lo que habían ofrecido producir, ni los ingresos que prometían. Así respondió Deborah Rogers, analista financiera, autora del vital estudio Shale and Wall Street (Energy Policy Forum 2013) a la pregunta que le hiciera Peneley Ramírez “¿qué le dice a los mexicanos que enfrentan ahora un debate sobre la apertura al shale?” (Reporte Índigo 31/10/13). Los datos duros de 10 años de los registros de producción diaria de 65 mil pozos de gas y petróleo de lutita (shale) en Estados Unidos, indican que la narrativa de las mayores (Exxon, Chevron, Shell, BP, etcétera) y Wall Street, repetida por los encargados de constitucionalizar el gran despojo a la nación en la reforma energética, carece de viabilidad geológico/financiera.

El auge del gas y petróleo shale es de corto plazo. Desde 2007 en Estados Unidos la producción del gas aumentó 25 por ciento y el petróleo lo hizo en 2.5 mbd. Pese al declive de los pozos, la producción se sostuvo por medio de un alto y muy costoso ritmo de perforación alentado por los bancos sólo para mantener los mismos niveles de producción luego del primer desplome. Rogers muestra que los bancos especularon con la caída de los precios del gas, obteniendo inmensas ganancias. Algo similar ocurrió con el petróleo shale. Como la producción y ganancias con que empieza el shale se agota en los primeros cuatro o cinco años, ni Rex Tillerson, gerente de Exxon, o Lee Raymond, su antecesor, se atreven a afirmar que Estados Unidos está a punto de ser una nueva Arabia Saudita o que así logrará la independencia energética. El hecho es que, advierte Rogers, en Estados Unidos las grandes petroleras han perdido mucho dinero en este negocio por lo que ahora buscan países como México para recuperar la inversión. Esa, además de la geopolítica, es una de las fuentes de inspiración de la reforma y la entrega de la renta petrolera.

Los grandes beneficiarios del despojo, de dentro y fuera, contienen el aliento: según The Wall Street Journal (TWSJ), PAN y PRI negocian un paquete de contratos para perpetrar el despojo mayor, asociados a petroleras, grandes bancos y firmas de inversión de Wall Street. Para ellos, dice Citigroup, permitir a las firmas registrar algunas reservas para facilitarles el acceso al mercado de capitales es algo secundario... Lo importante es la propuesta del gobierno de modificar la Constitución para que los privados desarrollen campos (petroleros) por primera vez desde 1938.

En realidad la propuesta fue planteada hace décadas en las Cartas de Política por Rama del Banco Mundial (BM), en un vasto esquema para desarticular el monopolio petrolero de México, cuyos éxitos en los sesenta fueron considerados por la cúpula petrolera como amenazantes. Los contratos de utilidades compartidas y otras modalidades, una en que la producción la comparten Estado y privados y otra diseñada para la explotación en aguas profundas y de fósiles shale, donde las mayores controlan las extracciones después de pagar impuestos y royalties, se realizan bajo un esquema de desregulación, especulación y depredación descarada, como se muestra en un juicio del American Petroleum Institute, el cabildo de las mayores, contra la Comisión de Valores y Cambio (SEC) para debilitar los requisitos legales de transparencia en la extracción de recursos registrada por las firmas petroleras, gaseras y mineras. Se trata de un gran saqueo que no debemos permitir.

El Departamento del Tesoro, dueño del BM, sabe que la reforma va al rescate de las mayores y que los costos se quedan aquí, generando enormes boquetes presupuestales. El senador Manuel Bartlett del PT advierte que ante la entrega de la renta petrolera, la reforma hacendaria conlleva un alto endeudamiento, mutilación del gasto público y una avalancha de impuestos futuros, estimándose que por cada 30 mil millones de dólares en inversión extranjera en petróleo se genera un hoyo fiscal de 17 mil millones de dólares. (La Jornada 4/11/13). Las transas que cocina un pequeño círculo es a costa de la población, la seguridad y la soberanía de la nación. La renta petrolera es fuente vital de divisas no condicionadas y el endeudamiento nos somete a más condicionalidad del FMI/BM.

El pretendido recorte de 2 mil 200 millones de pesos a las universidades públicas indica que con el desplazamiento absoluto del Estado de las áreas estratégicas del petróleo y la electricidad se afecta todo lo público. Como plantearon en Carta al Congreso AMLO y Cuauhtémoc Cárdenas, entre otros: “(V)ivimos ...un momento decisivo para el país. Está en riesgo el futuro de las nuevas generaciones. Ante la gravísima amenaza de ser despojado de sus recursos, el Congreso de la Unión tiene la altísima responsabilidad de representar los intereses del pueblo y sus comunidades.

Adhiérase a esta carta en: “llamamiento.org.mx”.

Guillermina Bravo, in memoriam

jsaxef.blogspot.com