a mal llamada reforma educativa del gobierno de Peña Nieto fue concebida por Televisa/Mexicanos Primero como una campaña relámpago –una blitzkrieg, dicen en alemán– cuya eficacia estaría medida por las turbulencias subsecuentes (el jefe de ese grupo lo expresó con provocadora insistencia de manera pública). En corto tiempo montaron su equipo estratégico, lo adornaron con simulaciones de investigación académica y organizaron la participación de ingenuos individuos y grupos de la sociedad civil; a todo ello sumaron cuantiosos recursos financieros y el apoyo total de los medios que usufructúan: televisión, cine, radio, prensa. Sorprende que el otrora colmilludo PRI se haya dejado llevar a un baile tan insensato cuya meta es hacer una limpieza del magisterio; en pocas palabras, despedir a decenas de miles de maestros sin la menor consideración pedagógica, política, social, cultural o histórica.

Esos poderes fácticos han tenido éxito al generar turbulencias y poner al conflicto educativo en el centro de la atención de muchos sectores del país, y con ello relegar el urgente examen que deberíamos estar haciendo de los abusos y latrocinios de los que ellos son cómplices y beneficiarios y del pernicioso efecto que tienen sus emisiones de radio y televisión en la educación y la cultura. Pero la energía de los maestros mexicanos, su convicción de que están en juego el destino de la educación pública y su trabajo (esto es, su proyecto de vida, no sólo su salario), y las múltiples razones que les asisten, han obligado al gobierno, después de muchas indomables movilizaciones, a establecer una comunicación que puede desbrozar el camino.

Los costos políticos de esta irresponsable aventura empieza a pagarlos ya el gobierno de Peña Nieto. Deberían pagarlos también quienes la concibieron e impulsaron. En vez de eso, Televisa/Mexicanos Primero ha iniciado una nueva campaña con reproches a los gobernantes por haber empezado a hacer lo que debieron haber hecho hace meses –escuchar– y con reprimendas por ceder a presiones y no aplicar la ley con energía. Frustrados porque la campaña no ha logrado los resultados que deseaban en tiempo corto, apuran a los gobernantes a iniciar ya los despidos, aplicar el derecho, ejercer el monopolio legítimo de la fuerza, apurar el paso pues estamos atrasados, en suma, consumar la blitzkrieg. No puede uno dejar de preguntar: además de turbulencias, ¿qué quieren?

Sin duda hay que aplicar la ley para reformar la educación en beneficio de los niños y los jóvenes, pero hay que empezar aplicándola a Televisa y otros medios que la acompañan en esta campaña contra los maestros mexicanos. En el seminario organizado por el Senado de la República para analizar la reforma educativa, Francisco Paoli hizo un oportuno señalamiento que, como todo lo que se dijo en esa ocasión, legisladores y gobierno lo tiraron a la basura: “Si se considera la educación con una perspectiva amplia, que vaya más allá del sistema educativo formal, es conveniente –y nece­sario– relacionar la reforma educativa con la de las telecomunica­ciones. No sólo porque en esta última iniciativa se señala la obliga­ción general de que las telecomunicaciones coadyuven al desarrollo de la educación, sino particularmente por las siguientes razones: a) Establece el derecho de acceso a la banda ancha –y en general a las tecnologías de la información–, acción que debe garantizar el Estado. Se trata de una adición fundamental que se plantea en la reforma de las telecomunicaciones y que puede ser un elemento muy positivo para el fortalecimiento de la educación. Esto daría gran impulso al carácter democrático e igualitario de la educación, porque permitiría que el conocimiento se diseminara con amplitud en la sociedad. También abonaría la disposición del artículo tercero de que la educación se base en resultados del progreso científico, tarea que en gran me­dida puede ser apoyada por las tecnologías de la información. b) Señala que la radiodifusión será un servicio público de interés general y no sólo un promotor mercantil o de intereses privados. La educación pública deberá recibir espacios en las telecomunicaciones concesionadas para desarrollar sus valores y alcanzar sus metas de calidad”.

Las responsabilidades de gobernantes, permisionarios y concesionarios en el ámbito de las telecomunicaciones, y en particular en el de la radio y la televisión, están definidas en varias leyes y reglamentos, entre ellos la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley General de Educación. La Constitución General de la República establece la base de toda esa legislación; en su artículo sexto determina que las telecomunicaciones, y específicamente la radiodifusión, son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que fomenten los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo tercero de esta Constitución.

Las leyes establecen muchas obligaciones que deben atender los concesionarios: conducirse con verdad, preservar la pluralidad de la información, contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo, al mejoramiento de las formas de convivencia humana y al logro de los fines y valores culturales y educativos definidos por la propia Constitución. Las leyes señalan responsabilidades concretas en cuanto a las transmisiones dirigidas a la niñez: propiciar su desarrollo armónico, estimular la creatividad, la integración familiar y la solidaridad humana, promover el interés científico, artístico y social de los niños, entre otras. Las leyes también establecen prohibiciones puntuales, entre ellas varias en relación con las características de la propaganda comercial que transmitan la radio y la televisión.

No es necesario sacrificar mucho tiempo viendo la televisión o escuchando la radio para constatar la violación que de toda esta legislación perpetran impunemente todos los días las radiodifusoras y televisoras mexicanas, entre ellas por supuesto las del consorcio Televisa. Las mismas leyes mencionadas en los párrafos anteriores establecen que es obligación legal de los secretarios de Educación, de Gobernación y de Comunicaciones vigilar que los concesionarios cumplan con la ley y aplicar las sanciones correspondientes cuando la violan. Si se trata de reformar la educación, estos funcionarios deben atender la grave responsabilidad de aplicar estas leyes y repudiar la perniciosa blitzkrieg de Televisa/Mexicanos Primero.