Santiago, 13 de noviembre.

Quien sea elegido el próximo domingo presidente de Chile -la socialista Michelle Bachelet de acuerdo a todos los pronósticos- herederá las demandas de tres grandes movimientos sociales: el estudiantil, sindical e indígena mapuche. Pero sus reclamos no se acabarán con la elección del próximo domingo, pues las movilizaciones renacerán si las promesas comienzan a diluirse y no se cumplen.

Luego de tres años de protestas, a partir de 2011 en reclamo de una educación pública, gratuita y de calidad, los movimientos estudiantiles locales están divididos. Mientras unos sostienen que las demandas históricas siguen vigentes, que hay que ampliar el petitorio e incluir a nuevos actores de la sociedad, otros plantean que el foco debe estar únicamente en los problemas de la educación.

El fin al lucro ya no será la demanda central, dice Takuri Tapia, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach), representante de una lista a la izquierda de la Nueva Mayoría, la coalición que impulsa la candidatura de Bachelet y que amplió su base de apoyo de centro-izquierda con los comunistas y sectores estudiantiles.

De hecho, estima que las marchas estudiantiles se reanudarán en marzo, aunque advierte que esto se decidirá en la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech). Explica que hoy el lucro es mal visto por toda la sociedad, que no es la demanda central y cree que se insistirá en la gratuidad y en cambiar el modelo de enseñanza por uno más integral.

En la Universidad Católica, líderes de la ultra izquierda hablan de que es necesario avanzar en la radicalización y dejar atrás el peticionismo y avanzar hacia una crítica estructural del modelo. Por eso, consideran que es clave instalar demandas como la nacionalización de los recursos naturales y el término de las administradoras de pensiones privadas.

Pero en algunos sectores del movimiento estudiantil también hay críticas frente a ex dirigentes como Camila Vallejo y Giorgio Jackson, entre otros, que aparecen en las listas electorales al Congreso por Nueva Mayoría. Mientras para unos podrían aportar con ideas transformadoras, grupos anarquistas

los acusan detraidores, que usaron al movimiento de trampolín.

Otro de los movimientos clave es el sindical, destrozado por el llamado Plan Laboral que data de la Constitución de 1980 de la dictadura militar, que apenas tiene posibilidades de existir al carecer del derecho real a la huelga y la negociación colectiva. No obstante, los sindicatos han logrado organizarse y salir a las calles en los últimos años por recuperar sus derechos y demandas tradicionales.

Contrariamente a lo esperado la Concertación de centro izquierda que gobernó entre 1990 y 2010, tras el fin del régimen de Augusto Pinochet, no cambió la legislación laboral de manera significativa y perpetuó la desprotección a los trabajadores en todos los ámbitos, reduciendo el Estado, desregulando la economía y manteniendo como vital un superávit estructural en el presupuesto de la nación.

Todo esto entrega poder omnímodo y total libertad de acción a los grupos económicos mas ricos, acorde al modelo neoliberal.

Los pocos derechos que se otorgan desde 1990, se concentran sólo en los trabajadores con contrato por tiempo indefinido, lo que llama a los empresarios a desarrollar todo tipo de subterfugios para evitar dichos contratos y de paso disminuir costos laborales. Así, se multiplican la subcontratación, se precariza el trabajo y limita la organización sindical.

A su vez, el pueblo mapuche se encuentra en lucha desde 1866, cuando se dicta una ley que en forma indirecta declaraba todos los predios mapuches como terreros fiscales y que fue el comienzo de un gigantesco robo de tierras.

Los pueblos originarios como aymarás en el norte del país y los rapa-nui de la Isla de Pascua, necesitan de autonomía y reconocimiento de sus costumbres y usos tradicionales.

Sin embargo, destaca el conflicto mapuche, cuyos pobladores quedaron encerrados en sus pequeñas reducciones y tuvieron que vivir explotando la agricultura y la ganadería en baja escala, en pequeños trabajos artesanales, lo cual afectó gravemente su bienestar económico y los empobreció.

Además, entre 1910 y 1930 se comenzó a gestar una grave violencia en contra de los mapuches por el dominio de sus tierras. No sólo sus tierras han sido usurpadas sino que también han sido objeto de asesinatos y matanzas.

Con la reforma agraria de 1971 se expropiaron muchos fundos a favor de comunidades indígenas para que pudieran explotarlas y se creó el Instituto de Desarrollo Indígena. Pero con la instauración de la dictadura, el pueblo en general -sin distingos étnicos- sufrió una gran represión, provocando un retroceso de lo que se alcanzó con la reforma agraria.

La dictadura privatizó esas tierras y las redujo a parcelas para darles un carácter individual. La mayoría de estos terrenos fueron obtenidos por empresas forestales de la región, incubando la violencia actual y que tiende a agravarse con la aplicación por los sucesivos gobiernos de la ley antiterrorista, de la época de la dictadura.

En este sentido, existe una ola reformista de estos movimientos que abarca desde la educación, salud pública, sistema de pensiones y laboral, aunado a la búsqueda de una solución al ancestral problema mapuche sobre sus territorios. Todo esto implica cambios en el modelo de gobierno, cuyo sistema político estará a prueba en los comicios presidenciales y legislativos del 17 de noviembre.