Madrid, 13 de noviembre.

El juicio por la mayor catástrofe ecológica de los últimos años, y una de las peores en la historia de Europa, culminó hoy sin condena para los responsables del hundimiento y vertido de petróleo del buque Prestige ocurrido en las costas gallegas en noviembre de 2002. El derrame afectó más de 2 mil kilómetros de las playas de Galicia, Asturias, País Vasco, el norte de Portugal y el sur de Francia, y causó daños por más de 4 mil 300 millones de euros.

El fallo causó indignación y frustración en Galicia, sobre todo en la Costa da Morte, la zona más afectada por el vertido tóxico del Prestige, que cuando dio señales de alarma por fallas en su sistema de navegación, recibió la orden del gobierno español de alejarse de la costa, lo que agravó el desastre. Más de mil 700 playas cambiaron el blanco de su arena por un negro espeso del petróleo y sufrieron la alteración profunda de su fondo marino y un daño invaluable en la fauna de la región.

Miles de personas se ofrecieron voluntariamente a limpiar las playas, y de ahí surgió el movimiento civil Nunca Máis, que presentó ante los tribunales la querella contra los responsables del hundimiento del buque que transportaba crudo de origen ruso y tenía la bandera de Bahamas.

Tras 11 años de esperar la sentencia el fallo provocó enorme desazón. La Audiencia Provincial de La Coruña absolvió a los tres imputados y sólo admitió un delito de desobediencia grave del capitán del barco, el griego Apostolos Mangoura, condenado a nueve meses de prisión que no cumplirá pues el Código Penal español establece encarcelar sólo a quienes reciban condenas de más de dos años.

Para mayor indignación de la ciudadanía, los magistrados gallegos elogiaron en el auto judicial la actuación del gobierno del entonces presidente derechista, José María Aznar: la Administración española no provocó (la catástrofe), la gestionó con profesionalidad, adecuación y en condiciones muy desfavorables, consideró el juez Juan Luis Pía.

En 2002, el ahora presidente Mariano Rajoy, era vocero del gobierno de Aznar, y llegó a decir que el vertido eran sólo hilillos de plastilina.

La sentencia eximió también al ex director de la Marina Mercante, José Luis López Sors. Los jueces afirmaron que las decisiones que él tomó no fueron erróneas, ni apresuradas. No fue de ninguna forma imprudente, por lo menos desde la perspectiva del derecho penal.

Nunca Máis y organizaciones ecologistas consideraron que el fallo es escandaloso, triste y una burla a la ciudadanía. La vocera de Amigos de la Tierra, Liliane Spendeler, lamenta que los verdaderos responsables, políticos y empresas implicados, no estuvieron sentados en el banquillo de los acusados.

El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, señaló que hay responsabilidad civil y penal. No coincidimos en absoluto con la decisión, discrepamos radicalmente, no sólo porque es tardía y no es justa, sino porque su contenido exculpatorio no satisface desde el punto de vista civil ni penal las responsabilidades que se han producido sobre la mayor catástrofe ecológica de los últimos años.

Ultimátum en Madrid a empresas de limpieza

Tras nueve días de huelga de los servicios de limpieza, la alcaldesa de Madrid, la conservadora Ana Botella, anunció un ultimátum de 48 horas a las empresas adjudicatarias del servicio –FCC, OHL y Sacyr– y a los trabajadores.

Si en ese lapso no se soluciona el conflicto Madrid utilizará los recursos humanos y materiales de la empresa pública Tragsa para retirar toneladas de basura que se acumulan en las calles.

Representantes de Tragsa advirtieron que una medida así debe ser avalada por un decreto de alerta sanitaria, y advirtieron que si la intención es utilizarnos como esquiroles, no realizarán el encargo hasta que se cumplan los requisitos legales.