La empresa Gas Natural Fenosa (GNF) denunció que funcionarios de 13 de las 16 delegaciones del Distrito Federal condicionan la entrega de permisos para la instalación de tuberías a cambio de mordidas en efectivo, con montos de uno a 10 millones de pesos, y en especie, a través de autos, equipo de cómputo e incluso joyas y botellas de alcohol.

En conferencia de prensa, el representante legal de la compañía, Mauro Juárez, detalló que muchos de los proyectos presentados para autorización han sido rechazados por autoridades que van desde directores de Obras y Desarrollo Urbano hasta jefes delegacionales, sin motivos claros y con argumentos injustificados. La mayoría de los casos están concentrados en las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Xochimilco, Magdalena Contreras y Tláhuac. Otras demarcaciones que según la empresa también condicionan permisos son Tlalpan, Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztacalco, Milpa Alta y Coyoacán.

El representante legal, quien estuvo acompañado por el presidente de la oficina capitalina de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex DF), José Luis Beato González, indicó que aparte del efectivo, los representantes delegacionales les piden vehículos utilitarios y de lujo, computadoras, impresoras y equipos que necesitan las delegaciones para poder operar, e incluso bebidas alcohólicas y joyería, o de lo contrario retrasan la entrega de los permisos para la instalación de las tuberías a través de las cuales se distribuye el gas.

“El modus operandi es lo que conocemos coloquialmente en México como ‘tortuguismo’, es decir, los expedientes no se mueven en el flujo que deben moverse a través de los diferentes escritorios si uno no accede a ciertas peticiones que hacen cada uno de los funcionarios, en cada uno de estos escritorios”.

Aclaró que salvo en los casos de las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo (donde no se les piden mordidas), las autoridades que han incurrido en dichas conductas han sido las delegacionales, ya que la Secretaría de Obras y de Protección Civil del gobierno del Distrito Federal habitualmente entrega en tiempo los documentos que a ellos les corresponde otorgar.

Calificó de insostenible que la empresa tenga 25 mil contratos actualmente firmados por habitantes de la ciudad de México y que por criterios discrecionales no puedan acceder a los beneficios del gas natural.

En la Gustavo A. Madero tenemos cinco años sin licencia para distribuir gas. En Iztapalapa tampoco. En la última administración hemos tenido fuertes problemas en la delegación Magdalena Contreras, que no ha expedido ninguna licencia en el actual periodo de gobierno. Tampoco en Venustiano Carranza, y estas dos delegaciones tenían actividad antes de que estos nuevos funcionarios entraran, puntualizó.

El presidente de la Coparmex DF dijo que en la delegación Coyoacán tenemos la mayoría de las quejas en materia de corrupción, pero indicó que con las denuncias reiteradas de Coparmex parece ser que se empezaron a liberar los permisos. Pero hay muchos otros temas que hoy no creo conveniente tocar porque son muchos en materia de corrupción dentro de esa delegación, indicó Beato González.

Juárez señaló que este año la empresa Gas Natural Fenosa ya ha interpuesto 18 denuncias ante la Contraloría del DF contra funcionarios públicos que injustificadamente han retrasado los permisos, pero dijo que hasta el momento no se ha tenido éxito en ninguno de los casos.

Adicionalmente, la empresa ha interpuesto más de 50 juicios en el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo y dos juicios de amparo contra los actos de las autoridades que se niegan a otorgarles los permisos.

El proyecto de gas natural en la ciudad de México está valorado en 10 mil millones de pesos en infraestructura, o sea que no únicamente hay mil 100 millones de pesos que nuestra empresa tiene para poder pagar los derechos que piden el reglamento de construcciones y el código financiero, sino que hay 10 mil millones en infraestructura que no se están ejerciendo y desafortunadamente, de seguir así las cosas, tendrán que ser canalizados a otros estados y a otros países, advirtió.

Beato González sostuvo que los empresarios exigen a las autoridades un verdadero compromiso de combate a la corrupción, y a la Asamblea Legislativa del DF que legisle en contra de ese flagelo. A las autoridades judiciales y a la Contraloría le pidieron aplicar la ley, y a los jefes delegacionales que actúen de manera honrada y transparente y exijan lo mismo de sus funcionarios.