Desde 2009, la Procuraduría General de la República (PGR) sabía de la venta irregular de terrenos para licitar viviendas en el estado de México, debido a que el Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna (FMDVD) presentó las denuncias penales correspondientes por el delito especial de fraccionadores, fraude, lavado de dinero, delitos financieros y los que resultaran, según consta en un oficio expedido por José Ángel Rodríguez Villarreal, agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la mesa seis adscrito a la Unidad de Delitos Financieros de esa dependencia.

El documento en poder de La Jornada, que incluye el sello de la PGR y la firma del funcionario mencionado, refiere que una vez que el agente ministerial analizó el contenido de la querella presentada por varios habitantes de fraccionamientos de vivienda de interés social construidos en esa entidad, turnó el expediente a la Procuraduría General de Justicia del estado de México, por tratarse de delitos del fuero común.

De su lado, José Humbertus Pérez Espinosa, presidente del FMDVD, dijo ayer en entrevista que en breve presentarán una cascada de demandas de amparo para proteger a centenares de personas que han adquirido créditos en los terrenos irregulares ubicados en varios municipios mexiquenses.

En su edición de ayer, este diario informó que el juez federal Carlos Martínez Hernández resolvió que la venta de varias hectáreas en las que fueron construidas alrededor de mil 500 viviendas, durante las administraciones de Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto, configuran un fraude y un delito especial de fraccionadores, ya que las casas se edificaron sin contar con los permisos de uso de suelo correspondientes.

Este fraude en la venta de terrenos fue del conocimiento de la PGR desde 2009, mediante la apertura de las averiguaciones previas PGR/ UEIDFF/FINM06/173/2009 y PGR / UEIDCSPCAJ/SP/M-XII/20/2010.

Un oficio firmado por José Ángel Rodríguez Villarreal refiere que se aplicaron recursos públicos federales para la adquisición de terrenos en zonas ejidales, para la construcción y adquisición de viviendas con materiales y calidades de urbanización inferiores a las ofrecidas, así como también con los recursos financiados por la Sociedad Hipotecaria Federal, además de que se adquirieron viviendas en conjuntos habitacionales que no cuentan con los servicios públicos que se ofertaron y se contrataron.

José Humbertus Pérez Espinosa sostuvo que los secretarios de Desarrollo Urbano del estado de México y los directores generales de la misma dependencia, durante los sexenios de Montiel y Peña Nieto, además de algunos alcaldes mexiquenses, cometieron el delito especial de fraccionadores porque expidieron licencias de usos de suelo, sin tener facultad constitucional para su autorización.