La propuesta de creación del instituto nacional electoral, surgida del Pacto por México, contiene muchas dificultades operativas, hay que decirlo con claridad, advirtió el senador panista Roberto Gil. En tanto, el coordinador de los senadores perredistas, Miguel Barbosa, estimó que crear ese organismo y suprimir institutos electorales locales implicaría un costo de 50 mil millones de pesos; es una locura del pacto. ¿Con qué se fondearía, con recursos federales o estatales?

Para Marco Antonio Baños, consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), las negociaciones sobre la reforma político-electoral no pueden prolongarse demasiado, en función de que los cambios constitucionales involucran plazos largos de aprobación, porque se incluye a los congresos estatales.

Con independencia de cuál opción se adopte, la autoridad electoral debe tener certidumbre para planear rumbo a los comicios de 2015, máxime si se incorporan las elecciones coincidentes en 22 entidades.

Entrevistado por separado, Gil Zuarth cuestionó también: ¿Cómo se va a fondear ese organismo, del presupuesto federal o de la suma de los locales? ¿Quién va a realizar las funciones directamente locales? ¿Cómo armonizar, por ejemplo, un elemento que ha estado presente en la configuración de nuestros órganos electorales, como el hecho de que existan consejeros ciudadanos que vigilen la actuación de los órganos electorales, la famosa participación ciudadana.

Esa propuesta, refirió, tiene muchísimas dificultades de carácter técnico operativo que tenemos que poner en su justa dimensión, no solamente el tema de que muchos consejeros electorales puedan perder su trabajo, sino cuestiones verdaderamente operativas, por ejemplo cómo se va a pagar un órgano de esa naturaleza.

Barbosa dijo que sí a ese nuevo instituto, pero no como lo concibió el Pacto por México. Los institutos estatales electorales y los tribunales electorales de los estados van a continuar.

A su vez, Baños destacó que los actores políticos aún tienen tiempo para reflexionar sobre el futuro electoral, pero las negociaciones no se pueden llevar al infinito, pues el plazo para concluir toda la reforma en la materia –constitucional y legal– concluye en junio, ya que de acuerdo con el artículo 105 constitucional, cualquier modificaciones al marco legal debe nrealizarse 90 días antes del inicio del proceso electoral.

Destacó que varios estados, los congresos y los gobernadores han planteado objeciones a la desaparición de los institutos locales, por lo que los actores políticos deben tener el pulso de las posturas a escala nacional. Baños recordó que por tratarse de reformas constitucionales, al menos 16 congresos locales deben avalarlas

En su caso, de aprobarse en el Congreso de la Unión, los congresos locales pueden actuar con responsabilidad, y si llegan a concluir que la reforma no es adecuada, no es procedente, están en su derecho de no aprobarla.

Consideró que pulsar estas posiciones a escala nacional es una decisión que deben asumir los actores que negociaron en la mesa del Pacto por México. Ellos son los que deberán determinar cuál es el esquema de negociación con los congresos locales para conocer sus posicionamientos.

Baños alertó especialmente sobre la cuestión de los tiempos, a efecto de que el diseño de la institución que surja de las reformas pueda consolidarse en un periodo razonable, porque no se trata de crear un nuevo organismo con plazos a matacaballo, a cuatro meses de que empiece el proceso electoral, porque eso puede ser contraproducente para la autoridad electoral.