El criterio aprobado recientemente por la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el sentido de que los tratados internacionales relacionados con derechos humanos están al mismo nivel que la Constitución, provocó que durante octubre pasado se presentaran al menos 4 mil 800 demandas de diversas materias, principalmente penal y laboral, en las que se destacan supuestas violaciones a convenciones y normas de carácter internacional, revelaron fuentes del Poder Judicial Federal (PJF).

Sin embargo, 90 por ciento de esas demandas no han prosperado de inicio, ya que los jueces están negando las suspensiones provisionales (amparos precautorios) solicitadas por los quejosos con base en lo que establece el principio de convencionalidad (facultad de los tratados internacionales para tutelar violación a derechos humanos), añadieron las fuentes consultadas.

El caso emblemático que ejemplifica esos datos es lo que está sucediendo con los amparos tramitados por maestros contra la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto, pues si bien los mentores están planteando que existen violaciones a sus derechos humanos (como la estabilidad en el empleo), tutelados por derechos internacionales, los jueces están dando mayor peso a lo que marca la Constitución en su artículo tercero.

Otro ámbito jurídico donde hasta ahora no están prosperando la preeminencia de los tratados internacionales es en el penal, ya que, por ejemplo, se están negando los amparos a cientos de delincuentes ya sentenciados que han alegado que sus condenas estuvieron basadas en declaraciones ministeriales rendidas sin abogado presente.

Según el abogado Manuel Millán, las instituciones de procuración e impartición de justicia penal sólo serán eficientes cuando respeten todas las garantías constitucionales, los tratados internacionales en materia de procesados, así como los derechos humanos. Añadió que los jueces federales ‘‘no están entendiendo que el respeto a los derechos humanos es ya para ellos una obligación’’.