La Procuraduría General de la República (PGR) deberá revelar los números de los expedientes y de los juzgados en los que se encuentran radicados los amparos por delitos fiscales en el periodo que va de 2011 a mayo de 2013, ordenó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai).

Esto, luego de que la PGR declaró la inexistencia de la información, al argumentar que únicamente tiene funciones estadísticas que operan con sistemas específicos, y éstos no poseen rubros que puedan cuantificar o identificar lo requerido.

En sus alegatos, la dependencia agregó que entregar la información relativa al número de expediente tendría como consecuencia vulnerar el sigilo y la secrecía de la averiguación previa, cuya difusión pondría en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las personas.

Lo anterior, apuntó la PGR, causaría un ‘‘serio perjuicio’’ a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias en procesos judiciales o administrativos, mientras las resoluciones ‘‘no causen estado’’. Además, enfatizó que se pondría sobre aviso a los probables responsables de una investigación y, ante el conocimiento de ésta, podrían evadirse de la acción de la justicia o, en su caso, alterar o destruir la evidencia que permitiría el perfeccionamiento de las investigaciones.

Sin embargo, el Ifai consideró que la PGR no precisó alguna causal de reserva en específico, contenida en la ley en la materia. Y tampoco se advierte de qué manera hacer del conocimiento el número de expediente y el juzgado en que se encuentra radicado un juicio de amparo podría ocasionar los daños invocados por la citada dependencia. Lo anterior, porque no entregarían datos de carácter confidencial o documentación reservada, como lo serían las actuaciones contenidas en dichos expedientes o nombres de los involucrados, sino únicamente información numérica.

Por otro lado, los datos que ahora son motivo de impugnación ya fueron entregados por la PGR para el periodo que va del año 2011 a junio de 2012. Por ello, el pleno del órgano colegiado determinó instruir a la dependencia federal a realizar una nueva búsqueda de los datos solicitados y entregarlos al peticionario.