Sobre el derecho a la alimentación
l pasado 30 de octubre tuvo lugar en San Lázaro el foro Análisis del Proyecto de Iniciativa de Ley General del Derecho a la Alimentación, presidido por las diputadas Gloria Bautista Cuevas, en su calidad de presidenta de la Comisión Especial de Asuntos Alimentarios; María Esther Garza Moreno, secretaria de la misma; Miriam Cárdenas Cantú, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y Gisela Raquel Mota Ocampo, presidenta de la Comisión de la Reforma Agraria, entre otros parlamentarios y expertos, y cuyo fin fue escuchar a diversos académicos especializados en asuntos constitucionales, derechos humanos, agrarios, etcétera, quienes analizaron previamente el primer borrador del Proyecto de Iniciativa de Ley General del Derecho a la Alimentación, elaborado por el Frente Parlamentario Contra el Hambre con el que, a título honorario, contribuimos por convicción y pasión.
En palabras de la diputada Bautista Cuevas, ante el drama alimentario no se trata de lamentarse y cuantificar, sino llegar a un acuerdo total de voluntades y encontrar la forma adecuada de darles cuerpo de ley para actuar de inmediato. Por su parte, la diputada Cárdenas Cantú hizo notar que, tratándose de un derecho humano fundamental, como es el de la alimentación, no es irrelevante ni reiterativo destacar los géneros en la redacción de la ley. Los académicos, mediante críticas constructivas, abordaron los principios de universalidad, progresividad y exigibilidad; de solidaridad y asis- tencialismo; sobre la trazabilidad de los alimentos, la información en su etiquetado y las dificultades cuando carecen de éste las frituras de harina chatarra; o las competencias legislativas de la federación y los estados y su concordancia con tratados internacionales u otras instancias como los tribunales agrarios; así como las situaciones de emergencia, programas prioritarios y la existencia de muchas otras leyes que incluyen de algún modo derecho a alimentos, y sobre el tipo de institución que podría coordinar o concentrar los programas existentes y los que se crearán, para hacerlos más eficientes en su aplicación y sustentabilidad.
Entre nosotros estuvo invitado un especialista cubano, cuyo nombre debo por el momento al lector (con una disculpa para él), quien nos relató como el derecho a la alimentación empezó a aplicarse en Cuba en 1959, de acuerdo con el artículo noveno de su Constitución: los padres están obligados a alimentar a sus hijos, pero el Estado debe garantizar el acceso a los padres a alimentos inocuos y con calidad nutritiva. Comentó cómo se prepararon para las emergencias alimentarias (sin mencionar por pudor el infame bloqueo que durante medio siglo les ha impuesto Estados Unidos) y aseguró que no hay posibilidad de garantizar el derecho a la alimentación sin soberanía alimentaria. ¡Si lo sabrán ellos cuando el monocultivo de caña de azúcar desplazó la producción de alimentos y al término de la Guerra Fría se encontraron con injustas carencias básicas!
No hace falta esforzarse para establecer un paralelo y recordar que apenas hace unos meses la sequía sufrida en Estados Unidos restringió la oferta de alimentos en México, donde también padecimos la falta de lluvias y pérdida de cosechas. Pero para no tener que depender alimentariamente de otros países hay que aceptar dos principios:
1. Reinterpretar otro derecho humano: el del trabajo, como derecho a producir los alimentos que el pueblo demanda para ser y sentirse adecuada, suficiente y sanamente alimentado, o lo que es lo mismo, de acuerdo con su tradición gustativa. Dicho de otro modo, no hay derecho a la alimentación sin el derecho de los productores a cultivar los alimentos tradicionales y para ello es indispensable que el Estado mexicano declare este tipo de producción excepción cultural ante las presiones de sus socios del TLCAN.
2) Convencer a los nutriólogos, que insisten en educar a niños y adultos en nutrición, para que se eduquen ellos mismos con base en parámetros mexicanos, y unidos destituyan de la norma oficial el mal llamado plato del bien comer, que aparece en todas las instituciones públicas de salud, para sustituirlo por el o los platos del buen comer que nos son propios y que ya hemos reproducido en esta sección.
