iudad Gobierno es un complejo de edificios gubernamentales en Zacatecas que se construyó en el sexenio de Amalia García. Mide más de 180 mil metros cuadrados y aloja a 3 mil 300 burócratas. Fue una inversión de 5 mil millones de pesos que endeudó a los zacatecanos por dos décadas. El gobierno actual, pese a criticar esta inversión, inauguró estas oficinas. Su equipamiento costó al erario 500 millones de pesos. El magisterio de Zacatecas, en protesta por la contrarreforma educativa, tomó estos edificios por una semana.

Los mentores bloquearon todos los accesos de Ciudad Administrativa por primera vez el 25 de septiembre, pero el 18 de octubre lo hicieron por tiempo indefinido. Día y noche se resguardó, hasta que el 24 de octubre hubo negociación con el gobierno del estado. Más de 8 mil personas dejaron de realizar sus trámites. Por la duración e impacto de la toma del complejo administrativo, los maestros de Zacatecas lo nombran ahora Ciudad Magisterial.

Las protestas del magisterio zacatecano, como las de todo el país, son contra la reforma educativa que defiende Peña Nieto y Claudio X. González. Es claro que esta ley establece un régimen de excepción contractual en los trabajadores de la educación que violenta el 123, apartado B de la Constitución. Además se encamina hacia la desprofesionalización del magisterio y tiende a desaparecer la gratuidad en la educación con la autonomía de gestión de las escuelas. Desde el 11 de septiembre, día en que se publicaron las leyes secundarias, los docentes de Zacatecas salieron masivamente a las calles.

El movimiento de Zacatecas ha venido de menos a más. El 2 de octubre, junto con otras organizaciones populares, logró realizar una marcha histórica de más de 20 mil personas. Nunca antes había habido una manifestación de esas dimensiones, ni siquiera en la primavera magisterial de 1989. El 14 de octubre de 2013, en el paro de labores convocado por la CNTE, salió 90 por ciento de los trabajadores de la educación de la sección 34 del SNTE. También estuvo en la lucha el Colegio de Bachilleres, telesecundarias, los bachilleratos tecnológicos, sección 58 del SNTE y el sindicato universitario.

La protesta creció en intensidad y conciencia, organización y combatividad. Durante dos semanas se paralizó el servicio educativo en la entidad, se tomaron dependencias gubernamentales, se dio libre peaje en las casetas de cobro, se bloquearon los accesos a la ciudad y los padres de familia tomaron las escuelas. El movimiento de facto dejaba al gremialismo ganando simpatía en la sociedad. El gobierno se rehusaba a dialogar. La soberbia, el engaño a la población, la represión administrativa y salarial, fueron sus respuestas más socorridas.

Las maestras y maestros de Zacatecas se levantaron y luchan junto con la CNTE, por la abrogación de las adiciones a los artículos 3° y 73 constitucionales. Han puesto a prueba al gobierno local. Su única petición es que respete la Constitución para aplicar el federalismo. La propuesta es plausible dado que las leyes secundarias serán implementadas por las secretarías de Educación de los estados y no por la SEP.

Miguel Alonso Reyes llegó a la gubernatura gracias a una campaña de farsas y con mucho dinero del erario. A más de tres años de gobierno es claro que a la población no le satisfacen sus respuestas; no supo contestar inteligentemente al magisterio movilizado. El secretario de Educación los calificó de malos y como gente que no quiere a Zacatecas; que sólo querían desestabilizar al gobierno.

Las palabras que utilizaron las autoridades llevaban la intención de ignorar el conflicto. Los principales funcionarios del gobierno no supieron enfrentar la situación; pensaron sólo en orquestar una campaña de linchamiento social contra los profesores movilizados y nunca en darle alguna salida. Afortunadamente el magisterio pudo forzar una negociación y derrotar esa propaganda. Comprometieron al gobierno a respetar la gratuidad de la educación y los derechos laborales de los profesores para que la evaluación no sea condicionante para la permanencia en el ejercicio docente.

Esta es una respuesta temporal; para muchos una quimera, porque ninguna minuta está por encima de la Constitución. Es posible que las autoridades cejen en su compromiso; tienen la opción de hacerlo, pero esa medida, ¿será vinculatoria con la aplicación de la reforma educativa en Zacatecas? Los profesores de aquí y de todo el país lograron quitarle el consenso social a la primera reforma peñista, hoy puede quedarse la ley, pero su obediencia no está garantizada. La inaplicabilidad depende del movimiento magisterial y no del gobierno.

El movimiento de los maestros zacatecanos no ha terminado; se perfila hacia la abrogación/derogación/inconstitucionalidad de las leyes en el plano nacional y local. El despertar magisterial ha logrado ser un catalizador social. La población zacatecana ve en esta insurgencia de los docentes la oportunidad de manifestarse.

*Doctor en historia. Profesor-investigador de la UPN-Zacatecas