En el estado de Chiapas, hay en este momento alrededor de 300 presos por motivos políticos, quienes han sido víctimas del mismo esquema de persecución y faltas procesales que ya padeció el maestro Alberto Patishtán, señaló Tania Itzel Rincón, integrante de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP).

Uno de esos casos es el de Adela Gómez Martínez y Noé Hernández Caballero, dirigentes del mencionado colectivo en el estado de Chiapas, quienes fueron detenidos de forma arbitraria el 15 de agosto de este año y encarcelados al día siguiente, pese a que les había sido prometida una reunión con las autoridades del estado.

Como informó en su momento La Jornada, ese día los dos luchadores sociales fueron citados para que plantearan sus demandas al secretario de Gobierno de Chiapas, Eduardo Ramírez, como exigieron en diversas movilizaciones el 8 de agosto, en puntos como la caseta de la autopista de Chiapa de Corzo y el puente internacional con Guatemala.

Sin embargo, la cita del día 15 se canceló tras hora y media de espera, y cuando Adela Gómez y Noé Hernández regresaron a su domicilio, fueron amenazados por 15 hombres armados, vestidos de civil y a bordo de automóviles sin placas, quienes más tarde fueron auxiliados por policías estatales, quienes perpetraron agresiones físicas e incluso ataques sexuales contra diversos miembros de la familia.

Aunque horas después los hijos de ambos activistas fueron liberados tras pagar una fianza de 400 pesos, Gómez y Hernández fueron llevados a la prisión de El Amate al día siguiente, acusados por los delitos de extorsión y motín, debido a la toma de casetas del 8 de agosto.

Sin embargo, todo esto es algo prefabricado, porque no sabemos si estas personas (que los acusan) realmente existen. Lo tomamos como una represalia del gobierno por nuestra lucha en contra de los megaproyectos, como el de una mina en la sierra de Motozintla que ya detuvimos, aseveró Tania Rincón.

En respuestas a las marchas y huelgas de hambre organizados por los militantes de la ONPP –con apoyo de organizaciones como Amnistía Internacional– para exigir la liberación de ambos dirigentes, finalmente liberaron a Adela Gómez el 18 de octubre por extinción de la acción penal, pero dejaron en la cárcel a Noé Hernández Caballero.

El gobierno nos dice que va a tomar cartas en el asunto, pero nada más nos han traído con citas y engaños. Ahorita estamos dándoles tiempo hasta inicios de noviembre para que nos atiendan. La próxima reunión es este miércoles, pero si no no hay resultados, vamos a tomar acciones en varios puntos del estado, adelantó la joven.

“En Chiapas –resumió–, se vive una criminalización contra los defensores de derechos humanos, los campesinos, los ecologistas. Hay muchos casos como el del profe Patishtán, porque todo está de cabeza: cuando haces las cosas bien y buscas el bienestar de la gente, eres encarcelado”, deploró.